Andalucía, Cataluña y Europa

LA vertiginosa huida adelante de la Generalitat de Cataluña hacia la independencia ha sido contemplada desde Andalucía como ilegal, ilícita e imposible. El rechazo generalizado de los andaluces se complementa con la postura unitaria de las principales fuerzas políticas, económicas y sociales de la Comunidad Autónoma Andaluza, con la relevante excepción de Izquierda Unida, que comparte Gobierno regional con el PSOE y respalda el proceso soberanista y el llamado derecho a decidir que propugnan sus socios catalanes. Precisamente la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha personalizado el sentir colectivo de los andaluces al oponerse con rotundidad y reiteración al intento de destruir la unidad de España y, con ella, la Constitución democrática que cobija a todos los ciudadanos libres e iguales. No está de más subrayar que la secesión de Cataluña supondría un empobrecimiento común de España, al privarla de una de sus comunidades más pujantes y dinámicas, y también de la propia sociedad catalana, condenada a un aislamiento y una carencia de respaldo financiero que ningún delirio nacionalista puede negar a corto y medio plazo. Es importante destacar que el proyecto en el que el presidente catalán, Artur Mas, ha depositado su futuro político y el de su pueblo está condenado al fracaso también por otro factor decisivo: la animadversión de la Unión Europea, construida sobre la base de estados fuertes y sólidos en un mundo globalizado y de enorme competencia. Ya se ha repetido hasta la saciedad que una Cataluña segregada de España tendría que empezar de cero en la escena europea: salir del euro, afrontar en solitario su elevada deuda y ponerse a la cola de estados aspirantes a ser aceptados como miembros de la Unión, para lo que se requiere la aprobación de todos y cada uno de los miembros actuales. Pero la Comisión Europea aún tendría que ser más enérgica y rotunda: la UE no admite ni por asomo la posibilidad de ingreso de una Cataluña independiente.