Ahorro

LA polémica política que ha generado el Real Decreto-ley del pasado 1 de agosto –el decimocuarto de este año, dos por mes, lo que da idea del abuso de esta forma de legislar– se ha centrado en cuestiones como la invasión de competencias autonómicas o que se hayan impuesto sin diálogo alguno con las autonomías, a las que no se las ha escuchado ni cuando han protestado contra la norma.

Los rifirrafes entre políticos tienden, por lo general, a ocultar otras cuestiones que deberían ser las trascendentales. Y la pugna por el Real Decreto-ley 14/2022 no ha sido una excepción, sobre todo en lo que se refiere a las medidas para lograr ahorro y eficiencia en el consumo de energía.

Tras una semana de entrada en vigor, el Gobierno ayer sacó pecho para presumir de que la demanda de energía eléctrica se había reducido en un 3,7%. La ministra para la Transición Energética y vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Teresa Ribera, se colgó inmediatamente la medalla por un ahorro conseguido “a pesar de las temperaturas altas en los primeros siete días, la tendencia es clara con respecto a la eficacia de las medidas” adoptadas. Simultáneamente, la mayoría de los analistas del sector consideraron que una semana es un periodo muy corto para sacar conclusiones. La propia ministra reconocía que se trata de cifras preliminares y que hay que tomarlas “con cautela”, la que no ha tenido para lanzarse a hacer propaganda, porque considera que las medidas permitirán lograr la mitad del ahorro que exige la Comisión Europea, que es del 7%.

Incluso aunque tenga razón y se consiga el ahorro buscado, lo fundamental es que el Real Decreto-ley que busca rebajar el consumo del gas natural ante la carestía –en su doble acepción– que impone Rusia a Europa en el contexto de la invasión criminal de Ucrania olvida medidas que realmente necesita el mercado energético español, no para reducir el uso del gas, sino para contemplarlo exclusivamente como fuente energética de respaldo y no la que está determinando el precio de la electricidad. Eso exige generar toda la energía de origen renovable posible. Pero, sorprendentemente, el Real Decreto-ley no toma decisión alguna ni para aligerar la burocracia para que cientos de megavatios pendientes de tramitación ni para dotar de medios que eliminen el atasco administrativo que mantiene plantas solares o eólicas ya terminadas pero desconectadas de la red a la espera de autorización mientras pagamos a precios desaforados.