Afán recaudatorio con las multas de tráfico

LA Policía Local de Sevilla ha despedido 2009 con un espectacular incremento en el número de multas de tráfico impuestas a los ciudadanos que no respetan las ordenanzas municipales. El aumento, especialmente notable durante las recientes fechas navideñas, ha sido muy llamativo tanto en número -entre 700 y 1.200 sanciones al día, hasta sumar 11.000- como en su correspondiente traducción económica. El Consistorio ha superado en un 175% sus propias previsiones de ingresos sólo por este concepto. El gobierno local recauda por multas de circulación casi 11,6 millones de euros. Un dinero que, dada la delicada situación de la hacienda municipal, contribuirá a equilibrar el bajón de ingresos previsible en otros tributos -el de construcciones-, el descenso en las transferencias estatales o los crecientes impagos en impuestos como la antigua contribución urbana (IBI) o la tasa de circulación. La aplicación de las nuevas tecnologías ha permitido multiplicar la efectividad policial en este campo: en Sevilla los agentes locales ya pueden multar con un teléfono móvil especial y funciona un coche ponemultas que, tras unos comienzos algo accidentados, opera con normalidad. Nada hay pues que objetar al hecho, avalado por la normativa existente, de que la Policía de Sevilla sea exigente con los conductores a la hora de hacer cumplir las ordenanzas de tráfico. Las normas municipales deben ser respetadas por todos. Tampoco puede discutirse la decisión de castigar el incumplimiento de las normas de circulación mediante una sanción económica. En una ciudad como Sevilla, donde la doble fila y el aparcamiento irregular son moneda común, en ocasiones no hay otra opción para regular la circulación con eficacia que multar a los infractores. Lo que ya no parece tan razonable es que este ejercicio de autoridad se haga con tan desmesurada intensidad no en función de las necesidades y el interés colectivo -que el tráfico mejore, que los coches no invadan las aceras-, sino en base a una repentina voracidad recaudatoria que busca fondos para salvar una situación económica crítica. Multar es un deber del Ayuntamiento. Pero hacerlo exclusivamente por recaudar, a conveniencia, lo convierte en injusto. O en algo peor: en una burla.