Abriendo rendijas

Nos quieren convencer de que la Ley de Amnistía es una muestra de generosidad y una apuesta decidida por la convivencia, pero por mucho que insistan en ello, y bien que lo hacen, que la Amnistía es consecuencia inmediata de la imperiosa necesidad del señor Sánchez de obtener los votos independentistas para seguir en la Moncloa es algo que, como decía el castizo, sólo saben dos: los vivos y los muertos. Más que nada porque hasta el día antes de las últimas elecciones, el partido socialista, incluyendo a su líder y a todos sus adláteres, eran contrarios a la misma y la caída, petrina, más que paulina en este caso, se produjo de la urna.

Aunque generaciones de estudiantes de Derecho aprendimos que la Amnistía estaba fuera de nuestro ordenamiento constitucional porque así lo decidieron los constituyentes al rechazar las enmiendas que pretendían introducir esa posibilidad en nuestra Carta Magna, será el Tribunal Constitucional quien decida. Pero parece evidente que una norma que parte al país en dos sólo para satisfacer las ansias de gobernar de un ciudadano concreto y que requiere, para su aprobación, el apoyo expreso de los beneficiados por la misma, que les permitirá eludir los procesos judiciales en los que están inmersos, no puede ser un ejemplo de generosidad. Lo será de chantaje, de interés o de arbitrariedad. Y desde luego, en ningún caso de perdón, que siempre exige arrepentimiento, propósito de enmienda y reparación del daño. Circunstancias que aquí se han sustituido por apoyo parlamentario.

Pero más grave que todo esto es la rendija que se abre para convertir la justicia en un títere del poder político, más allá de conspiraciones e influencias, y siempre que le venga en gana y disponga de mayoría suficiente. Esta ley no sólo crea una casta política, rompiendo el principio de igualdad entre los ciudadanos al determinar que hay quienes pueden delinquir y ser sus actos olvidados despreciando la ley penal. Lo más peligroso es que nos adentra en un futuro incierto en el que cualquier gobierno podrá, en el caso de que la ley se declare constitucional y tomándola como referente, hacer lo mismo para su propio interés. Entonces, no me cabe duda, quienes hoy la aplauden se sentirán profundamente escandalizados. No hay mejor razonamiento para determinar si una ley es justa que pensar si dormiríamos tranquilos sabiendo que la aplicará quien se encuentra políticamente en nuestras antípodas.