¿Rescate? ¿Qué rescate?

ABENGOA lleva años en manos de gestores afines a los principales acreedores financieros del grupo, que como ya hemos dicho aquí muchas veces, desde que provocaron la destitución de Felipe Benjumea como presidente de la cotizada han ejecutado una serie de supuestos rescates financieros que nunca funcionaron, pues el dinero de las refinancaciones nunca llegó a la empresa, que en cambio sí se ha visto obligada a pagar cientos de millones en comisiones e intereses y a perder los mejores activos. Quedaba una tercera y definitiva, que supondría la liquidación de la histórica matriz. La plantearon en 2020, a los pocos meses de decirle al mercado que la empresa resurgía, tras situar a la matriz en causa de disolución.

Desde entonces los accionistas han librado una batalla sin cuartel para impedirlo. Por la vía societaria los minoritarios se agruparon e incluso llegaron a destituir al consejo que planteaba la liquidación. Y poco antes, por la vía judicial los herederos de los fundadores de la compañía presentaron una querella contra lo que consideran falsos rescates. En la primera, el primer consejo que eligieron les traicionó, hasta el punto de pedir el concurso de acreedores para evitar se también destituidos, lo que ha impedido a los actuales consejeros actuar, porque todo lo deciden los afines a los acreedores, con el aval del administrador concursal, que lo permite.

En la segunda, la Justicia suele ser lenta pero segura. La Fiscalía de delitos económicos reconoce indicios de graves delitos y junto con la juez acaban de decidir que Abengoa SA pudo ser perjudicada por esos supuestos rescates y debe ser acusadora particular en la causa penal.

Aquel tercer rescate seguía pendiente y los acreedores y sus afines no han cejado en su intentao de ejecutarlo. A la vez que la juez decidía personar a Abengoa como acusadora, han activado la nueva versión de este tercer paso para liquidar, y dicen los accionistas que expoliar, a la cotizada, en la que juega un papel relevante una comisionista estadounidense que, por su trayectoria parece más un testaferro de otros. Es también un acto de presión al Gobierno porque la base de ese rescate es una ayuda pública de 249 millones de euros, que debe acordar la SEPI. Si lo hacen, se ejecutarán de inmediato los instrumentos de las dos anteriores reestructuraciones que la Fiscalía cree indiciariamente delictivas. La gran pregunta ahora es: ¿los funcionarios del la SEPI van a asumir ellos las consecuencias de que por su acción Abengoa pierda todos sus derechos en virtud de unos rescates bajo investigación judicial?