No se enteran

LA confirmación del fracaso del rescate del grupo Abengoa ligado a la oferta del comisionista estadounidense Terramar Capital LLC, que a su vez estaba supeditado a que el Gobierno concediese una ayuda pública de 249 millones, ha abierto un cruce de reproches entre ejecutivos que viene a confirmar que los políticos estorban. Y no se enteran.

El rescate se ha negado por razones objetivas, basadas en los criterios técnicos fijadas en la normativa del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Destaco dos. Una, que romper el entramado societario ya complejo de por sí, creado a partir de las reestructuraciones que un Juzgado de Sevilla investiga si fueron delictivas, supone riesgos fiscales de 2.000 millones de euros. Ahí es nada. Enterrar a Abengoa SA porque hay indicios de estafa y engaño al mercado, según la Fiscalía, es el objetivo real.

Y segunda, que como desveló este diario en diciembre, el Estado ponía más dinero, pero Terramar Capital contaba con una cláusula que incentivaba que pidiese el concurso de la sociedad que compraba, Abenewco 1, porque multiplicaba por 2,5 la inversión que se supone que hacía. Con esas condiciones, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha dicho nones, que el Fondo no se creó para que alguien se beneficie de esa forma con una ayuda pensada para sostener en pie compañías.

Pero a la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, cuando la oposición empezó a pedir explicaciones de la negativa, sólo se le ocurrió culpar a la Junta de Andalucía por negarse a poner 20 millones que sencillamente no podía poner. La réplica de Elías Bendodo mantuvo el pobre nivel. No se trata de qué Gobierno es la culpa. Se trata de rescatar a una compañía estratégica que tiene 8.700 empleos, más de dos mil en España, la mayoría en Sevilla.

Si las administraciones no entran en el fondo de la cuestión, el concurso encubierto sin tutela judicial vivido en Abengoa de 2017 a 2020, nunca resolverán el problema. Quizás puedan articular alguna solución para el empleo, pero no para los accionistas.

La Justicia es muy lenta y comprobar si esos indicios se convierten en delitos firmes llevará años. Pero los otros dos poderes públicos, además de organismos reguladores y supervisores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, son también responsables de haber permitido este desguace en marcha y que, me temo, acaba de entrar en su fase final. La mitad del empleo que tenía Abengoa en 2015 se ha perdido, el negocio mengua cada día, y los años perdidos han dejado en un recuerdo su pujanza en innovación. Aún quedan cosas con valor y serán las que vendan, con gran quebranto para los trabajadores y los accionistas. Por una vez, señores políticos, hagan por enterarse.