Abengoa, erre que erre

Hay una fina línea entre ser tenaz o terco. Y los actuales administradores de Abengoa, de acuerdo con los acreedores, han decidido cruzarla. Desde el 8 de enero, el anterior consejo de Abengoa dejó claro que, cumplido el 31 de diciembre, el tercer rescate, también llamado Vellocino, había fracasado. El consejo actual, parecía, tardó más en comprenderlo, pero no. Sigue erre que erre: romper el grupo y dejar un pufo en la matriz aislada: un pasivo de más de mil millones y 90.000 accionistas a los que les prometieron un resurgir que nunca llegó para que invirtieran. Basta ver la presentación del Investor Day del 15 de octubre de 2019. A la vista de lo ocurrido hasta hoy, un engaño. Con lo que eso supone en una sociedad cotizada.

Digo parecía porque lo dijeron el 22 de febrero, que el Vellocino -que mantenían desde enero con respiración asistida gracias a un supuesto waiver (dispensa) del Banco de Santander- había muerto. Horas después pidieron concurso voluntario, sin tener necesidad gracias a la moratoria existente y ahora ampliada, sólo con el doble objetivo de parar su segura destitución el 4 de marzo (lo que de momento lograron sorpresivamente con la ayuda de un juez y un auto sin fundamentos jurídicos que lo avale, y que está recurrido), en primer lugar, y de volver a plantear un Vellocino 2, en segundo.

Porque justo eso es lo que acaban de hacer, aunque lo hayan disfrazado de solicitud de rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): plantear de nuevo la misma operación, aunque ya sin la Junta de Andalucía, que es la que, afortunadamente, la desbarató. La estructuran en tres fases: en la primera y la segunda lograrían los mismos efectos que el Vellocino, de nuevo involucrando al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Cesce. Y sólo en la tercera entraría la SEPI, suponiendo que quisieran entonces que entrara, lograda la ruptura que enterrará a Abengoa S.A. y lo que haya pasado dentro. Pero en su obstinación por hacer lo mismo que los accionistas rechazan desde agosto, que fue por lo que destituyeron a Gonzalo Urquijo y acabarán destituyendo a Juan Pablo López-Bravo -que además les traicionó-, incluso plantean algo tan inasumible como pedir 249 millones de dinero público para que Terramar Capital, un comisionista extranjero especializado en trocear empresas captando a inversores a los que prometen alta rentabilidad (basta ver la escasa estructura que tiene y que no es un fondo al uso), se quede con el 70% de Abenewco 1 -es decir, más de dos tercios del grupo Abengoa, porque han vaciado la matriz-, por 50 millones de euros. Todos los medios lo señalamos. Confiemos en que el Gobierno no se ciegue y también lo vea.