Análisis

Juan Antonio Carrillo

El Secretario Talleyrand

El autor ensalza al secretario municipal, al que califica como jurista de talla superior y destaca su capacidad para trabajar con hasta cuatro alcaldes garantizando el cumplimento de la ley

17 de octubre 2023 - 06:06

CHARLES-Maurice de Talleyrand-Périgord, más conocido como el Príncipe de Talleyrand, pasó a la historia por servir con provecho como estadista y diplomático hasta en cuatro regímenes políticos (no ya gobiernos), siendo una figura determinante de los acontecimientos que sacudieron la Francia a finales del siglo XVIII y que marcaron el devenir del mundo occidental. Talleyrand desempeñó las más altas Magistraturas bajo la monarquía absolutista de Luis XVI, en la Revolución francesa –siendo coautor de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la Constitución de 1791–, luego en el Imperio Napoleónico –ocupando la cartera de Exteriores– y, finalmente, en la restauración monárquica. Qué duda cabe que un hombre que lidera contextos tan enfrentados ha de tener la máxima altura técnica y el más elevado sentido institucional.

De otro modo no se explica que se hiciese indispensable en tan distintas formas de Estado. El propio Talleyrand desveló en sus memorias la clave de su éxito: “De todos los gobiernos a los que he servido, no hay ninguno de quien haya recibido yo más de lo que he dado; que no he abandonado a ninguno antes que él se hubiera abandonado a sí mismo; que no he puesto los intereses de ningún partido, ni los míos personales, ni los de mis allegados, en contrapeso con los verdaderos intereses del país”.

Luis E. Flores Domínguez lleva más de quince años al frente de la Secretaría General del Ayuntamiento de Sevilla. Ha sido servidor leal de esta corporación durante el mandato de cuatro alcaldes de signo político distinto. Todos de personalidad arrolladora. Todos ellos, y así me consta, acabaron –no sin resistencias, en algún caso notables– enormemente agradecidos a su asesoramiento como la mejor garantía del cumplimiento de la Ley, marco del que ningún mandatario público debe ni puede salirse. Todos ellos, junto a los miembros de sus respectivos gobiernos municipales, y con el respeto de todos los grupos del Pleno, se han plegado a la confianza que genera el criterio de un jurista que jamás ha sucumbido a ningún otro interés que el del servicio objetivo a los intereses generales y a ningún otra máxima que la del principio de legalidad, a los que siempre ha servido consciente de que la firmeza de criterio da muchos dolores de cabeza, todos lo que provoca ese vidrioso terreno que media entre lo que se puede legalmente hacer y lo que no, que muchas veces se resuelve en el cómo hacerlo.

Conocí a Luis E. hace treinta años, en el departamento de Derecho Administrativo del que él ya era un valladar cuando yo daba mis primeros pasos como profesor. Desde el primer momento supe que estaba ante un jurista de talla superior, con un olfato único y un conocimiento del Derecho abrumador. Por estirpe o por destino he podido conocer y tratar a algunos de los más afamados juristas de nuestro tiempo. Pero mi “oráculo” personal en las cuestiones de mi disciplina es mi compañero Luis E. Flores. Siempre certero, siempre prudente, siempre señalando los flancos invisibles del problema. Siempre infalible.

Por azares de la vida he trabajado con él en asuntos de interés municipal, unas veces a su lado y otras enfrente. Nunca he dejado de apoyar mi criterio en el suyo, porque nunca se aleja ni un milímetro del interés general ni del superior principio de legalidad. Su función de Secretario municipal ha forjado su alma de jurista. Por eso dijo en su discurso de ingreso en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia que en complejo mundo del asesoramiento jurídico de hoy necesitamos más humanidad para afrontar el mañana.

Parece que nuestros actuales regidores quieren ahora relegar a Luis Enrique sumando a su área a algún otro habilitado que “agilice” la gestión municipal, lo que para muchos es sospechoso de que alguien pueda sentirse incómodo ante quien, fiel a su función institucional, ha de señalar desde su incuestionable sabiduría y prudencia el camino de lo posible en el marco de la legalidad; y que, como Talleyrand dijera, solo abandona a quien abandona ese sendero.

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