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La ventana
Luis Carlos Peris
Ataúdes sin efecto disuasorio
La sanidad pública está envejeciendo fatal. Está enferma. Posiblemente sea el sistema más complejo de gestión pública, pero los motivos no son difíciles de encontrar: falta de presupuestos, gestión deficiente, carencia de una estrategia de futuro, desalineamiento de las políticas públicas respecto a los profesionales del sistema. Todo ello unido a que vivimos más años y tiramos del sistema durante más tiempo, precisamente cuando ya no cotizamos. Algunos expertos añaden otra variable: "Las ocurrencias políticas". La sanidad pública española difícilmente puede considerarse ya la joya de la corona. Ha pasado de solución a problema.
Nuestra sanidad se financia a través de los impuestos, lo que garantiza que la sanidad siempre estará en el debate político, frente a otros modelos como el de Alemania o Francia que lo hacen a través de los seguros sociales, con cuotas obligatorias que pagan los empresarios y los trabajadores. En España se da la circunstancia de que muchos ciudadanos además de pagar sus cuotas y sus impuestos para la sanidad pública, se costean compañías privadas, lo que termina convirtiéndose en un doble gasto. Según Unespa, la patronal de las aseguradoras privadas, se ha incrementado en un 2,3% el número de ciudadanos que suscriben pólizas privadas debido a la degradación del sistema público, Sin embargo esto no alivia las listas de espera en los hospitales públicos y empieza a ralentizar la asistencia en la privada. Un dato elocuente: en Madrid más del 38% de los ciudadanos tienen sanidad privada, frente al 10% de Navarra, cuya sanidad pública suele encabezar todos los rankings de calidad, con notas por encima del ocho.
El informe publicado esta semana por el Sistema Nacional de Salud es demoledor: 850.000 ciudadanos aguardan en una lista de espera a ser preparados en la sanidad pública, 30.000 más que hace seis meses. Un dato aplastante. El peor desde que existen registros que dan seguimiento a las estadísticas sanitarias. Es el quinto semestre consecutivo en el que empeoran los indicadores: la espera media para entrar en el quirófano también crece y está ya en 128 días. Más de cuatro meses con alguna patología que requiere ser operada esperando en casa a que suene un teléfono.
Otro dato desesperante son los 101 días de media que esperan los españoles para una consulta con un especialista. Y advierten los expertos de que los datos ni siquiera recogen la situación real, que puede ser peor en función de cómo se maquillen los datos por algunas comunidades autónomas, números que varían según el momento en que se inscribe el nombre del paciente en la lista de espera y alguna otra ingeniería tramposa para obtener el magro triunfo de un datillo relativamente mejor que la comunidad de al lado.
Traumatología es la especialidad con más pacientes en lista de espera (206.000), seguida por oftalmología, cirugía general y del aparato digestivo. Cantabria, Canarias y La Rioja son las que presentan peores datos teniendo en cuenta su población. Las que mejores datos ofrecen son País Vasco, Madrid y Valencia. Hay un dato aparentemente contradictorio: se incrementa el número de pacientes en lista de espera y aumenta la demora media pese a que en el sistema público se ha operado más que nunca en el segundo semestre de 2023: hasta 2,66 millones de operaciones en total, un 8% más que en el mismo periodo anterior. Pero la sanidad pública no da abasto porque también crece la población protegida por el sistema público, que se ha incrementado hasta los 46,91 millones de personas y debido, igualmente, al envejecimiento de la población.
Los datos alejan al Gobierno de su compromiso de garantizar por ley que la espera máxima para ser operado sea de 120 días. Si bien es cierto que hace años que rige un real decreto que establecía 180 días máximos para cirugías cardíacas, de cadera, cataratas y prótesis de rodilla y tampoco se cumple.
Cualquier experto en la materia admite la complejidad que supone resolver la degradación actual. Pero también avisan de que sólo se podrá hacer con un replanteamiento importante del sistema y avisan que si se deja correr confiando en la providencia o limitándose a incrementar los presupuestos el colapso final puede ser irreversible.
Para empezar, España va a necesitar incorporar a casi 300.000 profesionales sanitarios a la sanidad pública la próxima década, según datos del CSIF. Los ritmos de oferta y demanda del mercado no coinciden. Informes realizados por observatorios de salud pública en colaboración con la CE así como la OCDE, advierten de que el número de graduados en Medicina en España (14,2 por cada 100.000 habitantes) o en Enfermería (23 por cada 100.000) están por debajo de la media europea.
Rafael Bengoa, uno de los expertos más prestigiosos y de amplia experiencia tanto en España como en EEUU, considera que el Sistema Nacional de Salud atraviesa la crisis más grave de su historia. Y aporta, de entrada, una fórmula aparentemente sencilla como es la idea de prescindir de todo lo que hace el sistema a diario sin aportar valor clínico a los pacientes. Dice que son “un desperdicio” de tiempo y recursos y que representa hasta el 20% de las cosas que se hacen a diario en el sistema. A su juicio, podría funcionar una organización independiente –como la Airef– que elabore estrategias ancladas en evidencias y análisis, olvidándose del corto plazo y de las coyunturas políticas. En lo sustancial, aboga por repensar el modelo para basarlo en lo asistencial y organizativo, que apuesta por la prevención y muy enfocado en la asistencia primaria.
El sistema viene haciendo aguas hace muchos años. La crisis de 2008 lo dejó en los huesos y la crisis del Covid-19 lo ha agudizado todo. Posiblemente la mayoría de las medidas que se adoptan hace 15 años son reactivas, más en modo parche que estrategias innovadoras a largo plazo. Los datos, hoy, son alarmantes.
Una sanidad pública que funciona es primordial para construir una sociedad basada en los valores democráticos. No se trata sólo de curar enfermos. Un sistema bien engrasado y eficaz blinda a toda la sociedad de epidemias, reduce la pobreza y la exclusión, es básica para la equidad y ayuda al crecimiento económico. Un sistema sanitario público, gratuito, universal y de calidad retrata a un país. Un sistema gripado, como el actual, también lo retrata pero la foto es feísima porque es justo el anverso del cumplimiento de los derechos ciudadanos. Resulta muy duro asistir a la demolición del sistema. Porque un día funcionó bien y porque el Estado fue capaz de hacerlo. En vez de haberlo mantenido, de haber ido introduciendo los ajustes e innovaciones necesarias se ha ido dejando languidecer.
Lo peor es que esta situación no va a cambiar por ciencia infusa. No se va a revertir sin las medidas oportunas. Esto no es una tormenta de verano ni un mal pasajero que ya se disipará solo. Es el resultado de haber desoído los SOS que lleva años emitiendo el sistema, sus profesionales y los ciudadanos.
Otxandiano, candidato de Bildu a la lehendakaritza, es un relativista y cree que no hay verdades absolutas. Tan fiel es a su pensamiento de plomo que le cuesta afirmar que una banda que asesinó a 850 personas es una organización terrorista. "ETA fue un grupo armado. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos (..) hay diferentes puntos de vista (..) afortunadamente ETA ya no existe". Pues este tipo, incapaz de distinguir si una banda asesina es o no terrorista, puede presidir Euskadi los próximos años. Hay diferentes puntos de vista, dice. Menos mal que no profundizó en el discursillo de herriko taberna. 850 asesinados. Puntos de vista. Es como aquel que respondió que Andalucía la integraban cuatro provincias y cuando el locutor lo corrigió, dijo: "Bueno, es mi opinión". Opiniones, puntos de vista. EH-Bildu no es exactamente HB, pero HB está en EH-Bildu y lo maneja, comprometiendo a quienes dentro de la coalición abertzale han estado siempre en el lado correcto de la paz y contra el terrorismo y que no se entiende por qué siguen ahí. Asquea que alguien que aspira a representar a todos los vascos sea incapaz a estas alturas de trazar una raya tan sencilla entre lo que es terrorismo y lo que no lo es. Porque saberlo lo sabe, claro está.
El Gobierno los ha llamado cobardes. Pero se apoya en ellos para gobernar. Y entre el decir y el hacer hay un trecho que irremediablemente contamina al Ejecutivo. Ha ocurrido por mil motivos con los independentistas catalanes y ocurre ahora con los abertzales y volverá a ocurrir: no se puede gobernar con todo el mundo. Por principios, por higiene democrática y por la necesidad de hacer pedagogía política. Pues ahí los tienen, el posible lehendakari deshojando la margarita de si matar a 850 personas se puede considerar o no terrorismo.
Fiscales a su Fiscalía
Acierta el PSOE al renunciar a citar a tres fiscales para declarar en la Comisión de Investigación de contratos del Covid en el Congreso. La Fiscalía Anticorrupción está inmersa en varios procesos relacionados con compra-venta de material sanitario defectuoso. Habría supuesto una intromisión en el trabajo de la justicia y una contaminación de los procesos, uno judicial y otro parlamentario. Al margen de que muchas cuestiones bajo secreto de sumario no podrían ser comentadas por los fiscales en la comisión de la Cámara Baja. Si el PSOE acierta al renunciar es que la idea era un error de libro.
Yolanda resucita el género epistolar
Sumar, el socio más importante del Gobierno, marca cada vez más distancia con el PSOE. Yolanda Díaz ya se ha manifestado en contra de destinar más dinero a Defensa. Ahora ha enviado una carta al presidente del Gobierno pidiéndole que paralice la OPA de la empresa Taqa, de Abu Dhabi, sobre Naturgy. Una vice que se comunica por carta con su presidente y socio es mala señal. Significa que lo ha intentado y como la han ignorado pues lo hace público. Como cuando se queja reiteradamente que ni Hacienda ni otros departamentos le hacen caso. Parece que manda poco. Y como encima electoralmente todo le va de mal en peor, vendrán más cartas, más desmarques y más ruido interno.
'Ghosting', 'love bombing'... mi pana
A quien le guste hurgar en el idioma está de enhorabuena y de luto, todo a la vez. Como una ola imparable, se van abriendo paso en el lenguaje cotidiano cientos de expresiones que te desconciertan pero a la que vez resultan divertidas. El problema es que la inmensa mayoría proceden del inglés, una contaminación irreversible. Hace falta un diccionario "chavalería-talluditos-chavalería" para entender de qué hablan. Los haters son moneda común en las redes hace años. Ahora priman otras palabras: ghosting (una especie de cortafuegos radical en una relación), love bombing (bombardeo amoroso o lo que viene siendo llamar la atención), stalkear (consultar con frecuencia sospechosa el perfil de alguien en las redes sociales), bugeado (algo que no funciona) o tope lo random (lo aleatorio o fortuito elevado al cubo). Y así hasta el infinito. Para qué negarlo: hablando son clavados a los gibraltareños. La novedad es que se van colando algunos términos procedentes de Latinoamérica, como pana, que se utiliza para nombrar a un amigo muy cercano o la expresión "esto está brígido" para mencionar algo difícil o a una persona arisca. La lista es infinita. Sepa, por si le coge en el grupo de los nacidos entre 1946 y 1964, que hoy un boomer no es sólo una palabra descriptiva de una generación: es alguien desfasado, desactualizado. Vamos, que no está usted en su prime ni genera hype.
El ecopostureo
Y si quieren otra pero alejada del entorno juvenil, apunten esta, que es bonita: ecopostureo. Es el sustitutivo en castellano del greenwashing, una práctica por la que algunas empresas encubren sus actividades contaminantes con actividades supuestamente sostenibles en un intento de "limpiar" su imagen. Esta semana la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial le ha dado la razón a Repsol frente a la denuncia de Iberdrola, que acusaba a la petrolera de faltar al principio de veracidad en una campaña sobre ecocombustibles. Iberdrola ha decidido ahora acudir a los tribunales por competencia desleal. También se suman Greenpeace, Ecologistas en acción y la Asociación de Consumidores CECU: sostienen que esos ecocombustibles están relacionados con la deforestación en Indonesia.
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