No es la roja Carmena, es necesidad

En lo que llamamos mercado libre, el Estado no ejerce coerción sobre la iniciativa empresarial ni sobre la también libre competencia, y así los precios y las cantidades de bienes y servicios que intercambian personas, empresas y otros agentes se fijan por el juego de la oferta y la demanda. La realidad de dicho juego, sin embargo, resulta ser asimétrica: no todos los agentes tienen el mismo poder ni la misma información. La historia también confirma otras dos realidades. Primera, que se producen burbujas o aumentos irracionales en la oferta y la demanda de ciertos bienes, como fue el caso de la euforia especulativa en España en la primera década del siglo XXI en el sector inmobiliario. Segunda, que la realidad confirma que, más allá del idealismo, están al orden del día las externalidades, o sea, los efectos negativos o positivos de la producción o consumo de algunos agentes sobre otras personas o empresas que son ajenos al negocio de aquéllos.

En las ciudades españolas de cierta dimensión -ni siquiera tanta, se trata de un boom que afecta a municipios pequeños también-, el negocio de los apartamentos turísticos expele ciertos síntomas de burbuja, y produce externalidades muy nocivas sobre personas que nada tienen que ver ni con dicha oferta -no explotan pisos para turistas- ni con dicha demanda -no buscan apartamentos para pocos días allí donde viven-. A saber: elevación irracional del precio de los alquileres para ciudadanos que habitan y trabajan en la localidad, concentración de los apartamentos en inversores puros, en muchos casos ajenos a la ciudad; desnaturalización de sucesivas capas concéntricas de la urbe. Ningún sector de actividad discurre en la idealidad, y por ello debe ser regulado. Negar esto es iluso, o tramposo.

Establecer en una comunidad de vecinos un negocio de apartamento turístico alquilado unas, digamos, 40 veces al año es un derecho de todo propietario hoy día en España. Una completa insensatez en forma de desidia política (ojo, no hablamos de bloques completos dedicados a tal actividad), que tarde o temprano acabará produciendo efectos perversos sobre la convivencia estable de condominios, barrios y ciudades. Si un vecino gana dinero importante con eso, el incentivo para los otros comuneros o propietarios será hacer lo mismo y mudarse. Los arrendatarios no podrán pagar el encarecimiento de sus rentas. En el límite, la oferta en barrios concretos será netamente turística, y los empadronados irán desplazándose a zonas residenciales más periféricas. La acumulación de pisos dedicados a Airbnb u otros por parte de inversores lejanos o fondos de inversión llegará a un punto de saturación. Los turistas con criterio y poder de compra comenzarán a desechar ese destino. ¡Es la ley de la oferta y la demanda! Paga quien no tiene culpa ni tiene oficio ni beneficio (sino al contrario): he ahí burbuja, he ahí externalidad.

Las grandes ciudades han debido poner pie en pared. Es el caso de Barcelona y, en estos días, de Madrid: la economía del turismo no justifica la merma patrimonial y de calidad de vida de los que pagan sus impuestos en la ciudad de forma estable. La reciente ordenanza promovida por Carmena, que establece por ejemplo la obligatoriedad de que los turistas entren en los apartamentos por una entrada distinta del vecino estable, deja en fuera de juego a más del 90% de la oferta. Habrá recursos, porque quien invirtió honradamente en este negocio se ve con los pies colgando. Asistiremos el efecto pendular. Adelántense mientras puedan prevenir, alcaldes. (Por cierto, atribuir al "rojerío podemita" la necesaria intervención de la alcaldía de Madrid es miope, y muy propio de la España agrupada en dos trincheras. Pero ése es otro cantar.)