La ventana
Luis Carlos Peris
El nepotismo se convierte en universal
Caer de pronto en la cuenta de que España es un lodazal irrespirable es propio del capitán Renault descubriendo súbitamente que en el garito de Casablanca se jugaba. El inédito arranque del presidente del Gobierno, de cuya decisión es difícil ahora ignorar una componente tacticista exista o no, deja un reguero de enseñanzas, una colección de estupefacciones y una lista más larga de incertidumbres.
La consecuencia más evidente -que bien mirada podría servir para impulsar una reflexión de país, aunque esto no va a ocurrir- es que España va camino de una sima profunda donde sólo hay oscuridad y monstruos. Antes que los políticos, somos los ciudadanos los que llevamos demasiado tiempo soportando un entorno político inclemente. El hartazgo es transversal. No hay quien escape de la náusea que provoca cada día la actividad pública. Cuando el ecosistema funciona así no hay inocentes, todos tienen responsabilidad. Ahora va la adversativa: la decisión del PP de no aceptar el resultado derivado de las urnas, la estrategia de golpear la legitimidad desde el comienzo de la legislatura (el Gobierno ilegítimo, la España rota, el okupa de la Moncloa, el partido que chapotea en la sangre de los asesinados por ETA…) ha desencadenado un clima irrespirable, ha dado alas a los ultras que actúan como tal desde otras instancias del Estado (la justicia irrenovable, por ejemplo), ha cohesionado un frente mediático en feliz concertación con sus intereses, ha espoleado una factoría de fakes y memes realmente ofensivos y desestabilizadores y ha convertido este tiempo político en un aterrador escenario en el que todo vale hasta conseguir aquello que las encuestas prometían y las urnas negaron aritméticamente aquel aciago -para el PP- 23 de julio.
Pedro Sánchez ha tomado decisiones que quien suscribe no comparte, como otros muchos ciudadanos. Sustancialmente, ni la política de pactos ni la amnistía, que es la consecuencia de lo primero. Respecto a los pactos porque gobernar apoyado por los independentistas y abertzales lejos de ser un alarde de inteligencia política y una demostración de flexibilidad o una especie de misión redentora que sólo puede liderar el socialismo democrático es una decisión que desnaturaliza al PSOE como proyecto político, desdibuja sus fronteras y confunde respecto a sus objetivos. Al menos, desde una forma de entender lo que ese partido significa para España. Por supuesto, habrá quien pensará que esa laxitud pactista y adanista forja un nuevo PSOE dúctil, dinámico y que sabe leer mejor la política moderna mejor que ningún otro.
Y contra la amnistía, básicamente porque la exoneración a los independentistas obedece a la necesidad de sumar los votos de Junts y ERC para gobernar y no a una convicción política previamente deliberada, porque es una decisión que contradice lo prometido, porque se perdona a quienes no se arrepienten ni se comprometen a no repetir los mismos delitos, porque parece una autoamnistía de quienes controlan los resortes de la legislatura y porque hay serias dudas sobre el efecto balsámico de la ley.
Pero hasta aquí, guste más o menos esta deriva política, el presidente del Gobierno ha actuado bajo estricta observancia de la ley. Fue elegido por el Parlamento, como establece la ley. Y si la amnistía es inconstitucional lo dirá el TC. Esto es irreprochable, guste o no. Si lo legalmente irreprochable se cuestiona por interés político, si se niega el marco legal cuando no favorece unos intereses determinados, ocurrirá que un día volverá Lynch con una soga en la mano.
Un presidente puede -lo ha hecho- pero no debe amagar. Puede quedarse o irse. Y lo puede hacer por motivos personales. Porque se le ha colmado el depósito de las inmundicias. Ya no le caben más. La máquina de picar carne ha llegado a su familia, a su mujer y su suegro, igual que quienes mueven la picadora utilizaron una fotografía de las hijas de Zapatero para machacarlas -aun siendo menores- o como propalan injurias sobre Felipe González, sus hijos y su ex mujer, Carmen Romero, afirmando que acumulan cuentas con millones de euros en paraísos fiscales. También ha habido un intento reciente fallido y falso de implicar en líos a la esposa de Feijóo.
Se puede ir Sánchez por los motivos que considere: por hartazgo, por amor, por decepción, por proteger a su familia, por lo que sea. Negarle la condición humana es injusto. Todo el mundo tiene sus límites. Lo que no forma parte de una ecuación institucional razonable es una dimisión en diferido y poner en stand by su presidencia durante unos días.
Un presidente, o un líder de la oposición, reflexiona cada día y sabe si le merece la pena soportar toneladas de basura y odio por mantener el cargo y mantener un compromiso de país. No se necesitan cuatro días con España en vilo y un alud de titulares terribles en la prensa internacional, descontado el quiosco nacional. La pregunta de si merece la pena aguantar casi cualquier cosa o no depende básicamente de a qué te dedicas, cuál es tu vocación y compromiso. Cualquier político que se dedique a lo público con afán de servicio merece el respeto de todos. Pero ellos saben de sobras a qué se enfrentan. No debería ser así, pero no pueden autoengañarse. Nadie debería soportar la cantidad de estiércol que les cae encima a diario a muchos políticos. No es de recibo que una juez diga que era "un acto festivo" aquella simulación de ajusticiamiento a las puertas de la sede de Ferraz de un maniquí que representaba al presidente del Gobierno. Pero esa pregunta -¿merece la pena?- el presidente del Gobierno, la tiene íntimamente más que respondida.
El lunes, cuando ha convocado a los medios para comunicar su decisión, deberá pasar algo. Nadie conoce del todo los engranajes internos de este anuncio, pero si anuncia que continúa tendrá consecuencias añadidas. Todo habrá parecido una frivolidad y una utilización de la institucionalidad para sacar provecho político. Si se marcha, al menos quedará la certeza de que esta vez no había táctica, sólo el hartazgo de estar harto y una evidencia del límite humano.
El caso Begoña no existe. Es un invento de algunos medios y activistas de derechas, difundido en vídeos por el PP con poca información y mucha interpretación retorcida. La obligación de los medios es investigar cualquier asunto con relevancia pública y lo que pudiera afectar a la esposa del presidente del Gobierno lo es. Pero sembrar el camino con medias verdades, con datos que se cosen al revés para mostrar otro dibujo y montar titulares ajenos a los hechos para llegar a falsas conclusiones no tiene nada que ver con el periodismo. La mesa de contratación que adjudicó los contratos a Carlos Barrabés sólo concedió valor a las cartas remitidas por empresas tecnológicas, por más que se presente esa misiva como prueba de cargo.
Lo que ha sido la mujer del presidente es imprudente. Por su especialísima condición debería haber evitado firmar una carta -entre otras decenas de cartas de distinta procedencia incluso alguna de instancias del PP- apoyando a alguna empresa con la que ni lejanamente pudiera mantener alguna relación profesional o en materia de financiación de sus actividades. Y debería haber puesto más distancia con empresarios que estaban siendo rescatados por Estado. El resto es un invento y lo saben quienes se lo han inventado.
Si incluso denunciaron a la mujer del presidente por cobrar una subvención del Estado aunque se trataba de otra Begoña Gómez, una ciudadana cántabra. Demasiado parecido a lo de aquella tarjeta de la cooperativa Mondragón en el salpicadero de la furgoneta Kangoo del 11-M que casi servía para sustentar que el atentado lo cometió ETA y no los yihadistas. En realidad era una cinta de la orquesta de Javier Gurruchaga cantando "¡hola mi amor, yo soy tu lobo!".
Vivimos en un tiempo en el que mandan las percepciones, no los hechos. E influyen más las fakes news que las noticias. Las redes que los periódicos. Lo falso que lo verdadero. Se diría que el mal se impone al bien. Así fue la percepción sobre Mónica Oltra, la vicepresidenta de Valencia, que dimitió por una investigación como presunta encubridora de delitos del marido, lo que la llevó a dimitir aunque después fue exonerada por la justicia. Como le pasó a la magistrada Rosell, vinculada a Podemos, y prácticamente a todos los dirigentes clave de este partido por supuestas financiaciones venezolanas que nunca se demostraron. Hay un factor reciente en la política cebado con esas actuaciones judiciales: el acoso desmedido. Le ha ocurrido a cargos del PP con acoso en plena calle y en su sede, y a Pablo Iglesias e Irene Montero a las puertas de su casa. Y a decenas de líderes socialistas y sus entornos familiares, víctimas colaterales de una maquinaria judicial, mediática y política de la que cada vez cuesta más zafarse. Durante los últimos años la política española ha incorporado una característica peligrosa derivada de la polarización extrema: la violencia. Deberían haberse encendido todas las alarmas. Pero estamos lejos. El infierno siempre es el otro.
Manos Limpias, una suerte de sindicato ultraderechista dirigido por un ex militante de Fuerza Nueva que surge de la complicidad con Ausbanc cuando presionaban a entidades bancarias exigiendo dinero a cambio de no poner en marcha la máquina de la basura para desprestigiarlos, es quien ha presentado la denuncia judicial contra Begoña Gómez. Los que llevaron a la infanta Cristina al banquillo porque La Caixa no soltaba tres millones para evitarle el paseíllo. La denuncia actual se basa en recortes de periódicos, algún dato cierto aislado pero sin implicaciones demostrativas y muchos falseados y/o manipulados. Después de la zapatiesta, el propio sindicato, a la defensiva, ha admitido que es posible que su iniciativa se base en información falsa. Pobres, es que no podían ni sospecharlo. Es de traca y no es nuevo. Es el mismo sistema de la policía patriótica: le filtraban datos falsos sobre los independentistas a algunos medios, estos lo publicaban alegremente aludiendo a fuentes policiales, como si esa apelación fuera una armadura ética. Una vez publicado, la propia policía o algún propio empoderado judicializaba las falsedades prefabricadas llevando los recortes a algún juzgado amigo. Y así vamos. De juzgado en juzgado y tiro porque me toca.
Esta semana se han cumplido cinco años del debate de las elecciones de abril de 2019. En el plató de TVE se citaron Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Pablo Casado trabaja hoy en un fondo de capital-riesgo, Hyperion Fund FCR, con tres socios más captando dinero para el sector aeroespacial y de la defensa. Pablo Iglesias maneja Canal Red, un canal de televisión muy zurdo, y se ha hecho tabernero en Madrid. Albert Rivera, más zigzagueante, salió mal de un despacho de abogados y hoy parece que promueve inversiones en distintos lugares a través de empresas del Íbex. Los nuevos que venían a cambiar el statu quo son partidos jamesdean: mueren jóvenes y dejan bonitos cadáveres.
Pedro Sánchez aún hoy domingo sigue en la Moncloa. Mañana veremos hacia dónde vamos como país. Desgraciadamente, ocurra lo que ocurra no será un parteaguas en el espacio público. No habrá un gran acto de contrición nacional. No esperemos grandes cosas. Preventivamente, un sector del poder judicial, de la derecha y de sus medios concomitantes ya desliza que el PSOE se prepara para ir a por ellos. No sólo no habrá marcha atrás en ninguna campaña en marcha sino que se recrudecerán.
Con el Gobierno inquieto, la militancia desorientada, la oposición avisada y el electorado expectante, Sánchez tiene ahora difícil decir que continúa, lo que no impide que pueda decirlo. Nunca hay que descartar nada con este presidente, adicto al riesgo y a los giros de guión. Hay que esperar a que sedimente y haga su efecto la ola de emociones provocada: solidaridad, apoyo y peticiones de permanencia. Hay que prever como consecuencia un incremento de la polarización a favor de un PSOE que aparece como sujeto atacado ante las catalanas y las europeas. Una derivada intermedia sería someterse a una cuestión de confianza destinada a reimpulsar su liderazgo. La superaría con facilidad sumando más síes que noes y poniendo argamasa nueva en la relación con sus socios. ¿Iba a servir para algo, si la oposición ni siquiera legitima su elección como presidente por el Parlamento? Le ayudaría a abrochar la crisis que el mismo ha abierto, sólo eso. ¿Elecciones anticipadas? ¿Presidencia interina? Feijóo ya ha anunciado que se postulará inmediatamente para presidente si Sánchez dimite. Se han movido todas las fichas y la partida ya es otra.
Veremos qué ocurre. Pero el suelo está repleto de porquería inservible, no busquemos diamantes.
Las vascas
En el País Vasco han salido todos felices y, más o menos, con razón. Todos han ganado en votos, salvo Podemos, un artefacto ya moribundo que anda regalando votos a sus antiguos socios, aliados y/o amigos cada vez que se abren unas urnas. La de los morados es una vocación solidaria llevada hasta el extremo. Una mirada más larga, alertará, no obstante, sobre lo que puede suponer en el futuro para el bloque de izquierdas la ruptura de Podemos-Sumar y la desaparición de ese espacio político que sostiene al PSOE en el poder. Y entre los viejos viejísimos dinosaurios, un partido cavernoso y de pedernal, el PNV. Ajado, perdida buena parte de la mística y castigado por el ejercicio voraz del poder 360 en el País Vasco. Sí, pero ha resistido como sólo lo hacen los más duros. Ha salvado el KO de Bildu, empatando a escaños y aun en estas circunstancias, sumando 16.000 votos más. Pocos partidos pueden presumir de alcanzar cuotas similares desde 1980 y aguantar un arreón como el de los abertzales.
Las catalanas
Sin solución de continuidad, con las urnas vascas aún calientes, se han publicado las primeras encuestas sobre las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, ya condicionadas por el tiempo muerto de Pedro Sánchez. Todas coinciden en conceder la victoria al socialista Salvador Illa, quien ya ganó las anteriores. Y todas coinciden en dibujar un cuadro de alianzas complicadas. Sin el apoyo de ERC, Illa puede tener bien difícil gobernar. Mientras que a los independentistas parece que sólo le daría la mayoría meter en la ecuación además de Junts y la CUP a Aliança Catalana, un partido independentista de extrema derecha liderado por la alcaldesa de Ripoll. Un Gobierno de Illa significaría meter a Cataluña en una cierta normalidad, dedicarse a gestionar las cosas de comer y por lo tanto sacar de la agenda institucional el sueño roto de la independencia y sus consecuencias más tóxicas. Abriendo calle, ERC ya ha anunciado que o el Gobierno concede un modelo "de financiación singular" a Cataluña o se acabó la legislatura. Veremos qué ocurre pero abonarse a una nueva repetición electoral tras el 12 de mayo no es un disparate. Sería sólo un día más en la oficina de la política catalana.
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