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La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) de rebajar en un año la condena a un miembro de la Manada supone la penúltima estocada a la ley del sólo sí es sí, una reforma impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero que transformó la legislación relacionada con los delitos sexuales, eliminando la distinción entre abuso y agresión sexual y regulando la necesidad del consentimiento expreso.
La ley que nació precisamente a raíz de la movilización social que en su día provocó la violación de una joven en los Sanfermines de 2016 ha acabado finalmente beneficiando a uno de los miembros de la Manada.
Todo un auténtico despropósito y un escándalo del que, evidentemente, no tienen la culpa los jueces, que se han limitado a interpretar lo que marca la ley, como acertadamente ha subrayado el abogado Agustín Martínez, que representa a los cinco jóvenes sevillanos condenados por la violación.
El auto de los magistrados del TSJN argumenta la reducción de la pena recordando que el propio Tribunal Supremo ya señaló en su sentencia que imponía una condena de 15 años, “próxima” o “cercana” al mínimo legal, unos mínimos que la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, rebajó “sensiblemente”. Con la reforma del sólo sí es sí la pena máxima para este delito continúa inalterada, pero la mínima desciende un año y tres meses, pasando de 14 años, 3 meses y 1 día a 13 años, por lo que los 15 años de prisión impuestos quedan dos años por encima del mínimo posible. La rebaja de la condena a Ángel Boza se suma a un rosario de reducciones y excarcelaciones que los jueces españoles han ido acordando precisamente por la modificación de la horquilla de las penas introducida por la nueva ley.
Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el 7 de octubre de 2022 –cuando entró en vigor la ley– hasta el pasado 1 de julio de este 2023 los jueces habían acordado al menos 1.155 reducciones de condena en aplicación de la ley del sólo sí es sí y estas revisiones de las condenas provocaron un total de 117 excarcelaciones. Esas bajadas de penas y las salidas de prisión de los condenados por delitos sexuales han provocado una gran alarma social y el evidente rechazo de las víctimas. Llamativo resultó el caso que adelantó este periódico en agosto pasado, cuando la Policía detuvo a un hombre de 58 años que intentó presuntamente violar a una mujer en Dos Hermanas, dándose la circunstancia de que este individuo ya había sido condenado por otra agresión sexual a mediados de la década pasada y había salido recientemente gracias a la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad.
La reducción de la pena al miembro de la Manada es la penúltima estocada conocida a uno de los proyectos estrella de Irene Montero. Pero este escándalo pasará y se olvidará, sobre todo ahora que hay otros frentes abiertos, como el caso de Luis Rubiales.
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