Una oportunidad para el sector de la discapacidad

La llegada de los fondos de reconstrucción Next Generation de la Unión Europea, de los que España prevé recibir más de 140.000 millones de euros hasta 2026, representan un anhelado maná para muchos sectores de nuestra sociedad que se han visto especialmente golpeados por la pandemia. Todos nos congratulamos por ello, por supuesto. Ahora bien, queda pendiente comprobar si finalmente se hará un reparto justo de esa ingente cantidad de dinero. Y cuando hablo de justicia me refiero a otorgar más a quien más lo merece en base a criterios de necesidad, vulnerabilidad o carencias -a veces persistentes- que son necesarias solventar.

Si hay un ámbito que especialmente responde a los conceptos anteriormente descritos es el de la atención a la discapacidad, que en muchos casos subsiste gracias a la entrega y la buena voluntad de sus trabajadores, cuya abnegada labor al servicio de las 700.0000 personas que en Andalucía son atendidas por este sector sobrepasa habitualmente sus obligaciones profesionales, como bien se ha podido comprobar en los meses más duros de la pandemia, en los que todos han realizado un esfuerzo extraordinario para asegurar una atención y unos servicios que, en muchas ocasiones, son vitales para quienes los reciben.

La grave situación generada por la crisis sanitaria ha sido la puntilla a un sector que arrastra desde hace años promesas de mejora eternamente incumplidas o que, en el mejor de los casos, representan soluciones insuficientes. Sin ir más lejos, hace escasos días hemos vivido cómo la Junta de Andalucía ha propuesto incrementar con un irrisorio 2,6% el precio por plaza de los centros para personas con discapacidad, cuando su aportación de mejora tendría que estar, como mínimo, por encima del 10% para así garantizar el mantenimiento de la actividad, los servicios y los puestos de trabajo de muchos de estos centros, más si cabe cuando no se han producido mejoras notable en este ámbito en casi una década y tras un año durísimo por la pandemia.

Éste es un sólo ejemplo de las carencias con las que subsiste la atención a la discapacidad en Andalucía, al que podemos sumar la incertidumbre que pesa sobre los centros específicos de Educación Especial -muchos de los cuales podrían perder unidades concertadas y que precisan con urgencia una enfermera para atender las necesidades sanitarias de su alumnado-, la incomprensible demora en la adjudicación definitiva de los nuevos Centros de Atención Infantil Temprana de toda la región -que deberían haberse adjudicado en el primer trimestre de 2020, lo que ha impedido realizar 30.000 intervenciones en menores- o la insostenible situación de los Centros Especiales de Empleo, que aún tienen pendiente el pago de las subvenciones de 2019 y que ni siquiera vislumbra la convocatoria de las de 2020 y 2021.

Es el deber de las administraciones públicas velar por el bienestar de sus ciudadanos. Esta vez no nos vale la excusa de la falta de presupuesto. Que la recuperación tras la pandemia llegue de forma justa a todos, y en especial, a los que más lo necesitan.