La ventana
Luis Carlos Peris
El Arenal en su versión navideña
Los economistas defendemos el mercado en competencia perfecta como el mejor sistema para la asignación de los recursos escasos a las necesidades humanas. Sin embargo, cuesta identificar mercados en competencia perfecta. Casi siempre los mercados están controlados de alguna manera por grandes empresas, los productos están diferenciados por marcas o características propias o, lo que es más frecuente, están regulados e intervenidos por el Estado. Son mercados politizados.
Las situaciones de monopolios o de oligopolios en las que las empresas llegan a acuerdos para la fijación de precios, cantidades o reparto de los consumidores son frecuentes, así como los mercados en los que el Estado establece impuestos, da subvenciones, fija precios, regula el funcionamiento del mercado, establece normas sobre las características de los bienes e incluso interviene con empresas públicas.
Nuestros manuales de Economía siguen explicando las principales ventajas de la competencia perfecta: el beneficio social que implica ser eficientes en el uso de los recursos escasos, el poder conseguir que los consumidores adquieran el máximo de bienes a los precios más bajos posibles y el supuesto teórico de que las empresas producen sin beneficios extraordinarios, cubriendo con ingresos normales la retribución del capital y la actividad empresarial, lo que se denominan beneficios ordinarios.
Pero son pocos los mercados que podemos identificar que funcionan en competencia perfecta. Parece como si nadie realmente quisiera la competencia, aunque todos la defendamos por principio. Indudablemente, el funcionamiento del mercado tiene fallos. Los fallos del mercado están bien explicados en los manuales y se suelen solucionar con la intervención del Estado. A veces el consumidor no tiene una información veraz o suficiente del producto que está comprando, en otras ocasiones, la compraventa entre empresas y consumidores origina pérdida o incomodidad a terceras personas o incluso beneficios por los que no paga. En algunos mercados de servicios, como la educación o la sanidad, incluso en situación de competencia perfecta, se producirían menos bienes de los que las sociedades desarrolladas consideran suficientes. Hay también situaciones de pobreza y desigualdad que obliga al Estado a actuar. Y el Estado interviene intentando corregir estos fallos del mercado.
Con esta justificación, el Estado está regulando una gran mayoría de mercados y deberíamos hablar, más que de mercado en competencia, de la generalidad de los mercados politizados. Los mercados politizados tienen nuevas reglas de funcionamiento al incluir al Estado como un agente más, con un fuerte poder de intervención y con unos intereses no puramente económicos. En principio, el Estado debería con su intervención perseguir el interés general, pero a veces el interés general no es tan fácil de precisar y se presta a diferentes interpretaciones. En ocasiones, existen grupos económicos que ejercen presión para que la regulación les sea más favorable a sus intereses particulares. Como intuimos, los medios para ejercer esta presión pueden ser variados y pueden llegar a prácticas corruptas que beneficien personalmente al regulador o a su partido político. En otros casos, la regulación no persigue el mejor funcionamiento del mercado, sino mantener el poder beneficiando directamente a sus probables electores. Y a veces, cuando la regulación se deja en manos de los burócratas técnicos, estos persiguen mantener su situación de poder e influencia por encima de otros objetivos. Aparecen así lo que llamamos fallos del Estado.
Con frecuencia, la intervención del Estado, en lugar de mejorar los fallos del mercado los empeoran y contribuyen a configurar un funcionamiento complejo de los mercados que perjudica notablemente al consumidor y en el que las empresas y el regulador están generalmente en una situación satisfactoria.
Los mercados politizados cambian también el comportamiento de los empresarios. Estos observan que, en lugar de diseñar nuevos productos, ser más eficientes e innovar, les resulta más rentable incidir en el regulador para que la intervención les favorezca individualmente o al sector al que pertenecen. Las asociaciones empresariales y sectoriales juegan este papel en los mercados politizados de una manera legítima. Los políticos que gobiernan deberían defender entonces los intereses de los consumidores, pero con frecuencia estos intereses no coinciden con los suyos propios y el consumidor queda desprotegido.
Pasar de defender los mercados en competencia perfecta a explicar las ventajas de los mercados politizados no es fácil. En los primeros es posible que aparezcan nuevas empresas, y los consumidores pueden entrar y salir con libertad. Compiten además muchas empresas y consumidores. La información sobre lo que se compra es correcta. Es indiferente comprar a una empresa o a otra y, finalmente, el Estado mantiene una regulación mínima.
En los mercados politizados, el Estado suele decidir las empresas que compiten, estableciendo barreras de entrada al mercado, establece impuestos sobre los bienes, fija el precio de los bienes o las cantidades a producir, otorga subvenciones a veces indiscriminadamente, legisla normas en relación con las características del producto, la manera de producirlo o de venderlo. Casi siempre, salvo en el caso de las subvenciones a bienes y servicios, el precio que paga el consumidor es más elevado del que pagaría en competencia perfecta y el excedente que el consumidor en competencia perfecta recibe, pasa a las empresas o al agente regulador en los mercados politizados. Pero, ocurre que cuando el consumidor observa situaciones en los mercados en los cuales las empresas ejercen situaciones de poder de mercado elevando precios o limitando las cantidades, no piden más competencia sino más regulación. Ni siquiera los consumidores piden más competencia, sino más mercados politizados.
Cada vez son más los mercados politizados en los que los políticos son conscientes de su poder sobre la actividad económica. Por ello, cuando se defiende la falta de competencia en algunos mercados y se argumenta que es necesario alcanzar una mayor libertad de funcionamiento, paradójicamente, la solución suele ser regular más. Al final, tenemos que concluir que a nadie le gusta la competencia y que los mercados en competencia perfecta van diluyéndose, dando paso a mercados politizados cuyos efectos hay que asumir y ser conscientes de ellos al analizar los problemas económicos y las políticas posibles.
Mientras tanto, los economistas seguimos defendiendo las ventajas de los mercados en competencia perfecta y una buena parte de los que nos prestan atención nos miran con ironía sin saber de qué estamos hablando.
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