Matar moscas a cañonazos

El auto judicial es público y comienza así: “El Instructor acuerda autorizar la entrada y registro en el despacho de Álvaro García Ortiz [Fiscal General del Estado] en la sede de la Fiscalía General del Estado, sita en (...), al objeto de proceder a la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos”. Se autoriza a la UCO a poner patas arriba las máximas dependencias de aquella institución de la que esa unidad de la Guardia Civil depende natural y continuamente, la Fiscalía. Que clone el PC, la tableta y los móviles de García, así como su correo electrónico profesional. Un arsenal informativo extremadamente sensible de una institución del Poder Judicial, la FGE, que se incauta por orden del juez para obtener evidencias en un caso movido por dos correos de unos pufos fiscales de un posible delincuente, en cualquier caso menor: el novio de Ayuso. Por una supuesta filtración de Álvaro García a varios periódicos acerca de los tejemanejes del hombre del Maserati; asunto sub judice, obviamente. Si tal sospecha se prueba y sentencia, el asunto es gravísimo. Desnudar a la FGE por este caso da que pensar.

Se llevó sin duda la UCO registros de procedimientos declarados secretos, que nada tienen que ver con ese novio. Nadie puede dudar del deber de confidencialidad de un juez del Tribunal Supremo. Pero, ¿es esto proporcional? ¿No es un caso de “matar moscas a cañonazos”? ¿O, desastrosamente, es una batalla, dentro de una guerra política, que amenaza con degradar al Poder Judicial? Escribía sobre esto aquí Juanma Marqués el jueves: “Los juzgados y las acusaciones particulares se han convertido en instrumentos de la oposición; la Fiscalía y la Abogacía del Estado, en abogados defensores del Gobierno, y se abre paso a la peligrosa vía de las denuncias anónimas”.

La actuación ordenada por el juez afecta a las entrañas del Estado, porque el blindaje del móvil del Fiscal General (o del Presidente del Gobierno o el del Tribunal Supremo) es mucho mayor que el que pueda tener cualquier persona. Conforme al derecho procesal y constitucional, esta intervención sólo se justificaría para investigar delitos de bastante entidad; quizá lo sea, ya se verá. La información contenida en los ordenadores y móviles de un Fiscal General es muy delicada, y no sólo la que haya generado el actual titular de la cosa; también la de sus predecesores. A ver quién impide ahora que se filtren datos reservados de instituciones, o privados y personales.

A la Justicia se la corroe con la intromisión política, y se la daña con el colapso procedimental que pueden acarrear las denuncias contra personas y entidades públicas y privadas que pudieran interponer quienes lean whatsapp, los correos o cualquier minucia secreta que tenga en su portátil un fiscal general de todo un Estado. Una caja de bombas, que puede ser detonada tarde o temprano con afanes espurios y politicastros: el agua buscará su salida, y de estos polvos, llegarán otros lodos guiados por quién sabe quién.

La Justicia –jueces y fiscales– ha sido el contrapeso de la corrupción política, hasta el punto de haber encausado o mandado a prisión a cientos de gobernantes del PP, PSOE o el cosmos Pujol. Que la pelea de los partidos haga trincheras dando un indeseable protagonismo al poder judicial es una mala noticia. La fiscalía, contaminada por el Gobierno (dijo Sánchez, chulesco: “¿De quién depende el Ministerio Fiscal? Pues eso”). Algunos jueces politizados diciendo aquí estoy yo, poniendo a tiro de filtración muchos más datos de los que vienen al caso del novio de Ayuso. A esta rata, ¿quién la mata? ¿Es razonable esto, o es desmesura?