La igualdad, patrimonio de toda la sociedad

Desde mi regreso a España, hace escasamente dos años, he escuchado muchos debates y declaraciones sobre el feminismo. Después de mucho tiempo viviendo fuera de nuestras fronteras, el regreso a las raíces se vive con unas expectativas que a veces sobredimensionan los recuerdos. Pero en el caso concreto del feminismo y de la trayectoria histórica vivida en España, los recuerdos no se han difuminado. Al contrario, cobran la fuerza de unos cimientos construidos para promover la igualdad de mujeres y hombres de la que hoy disfruta la ciudadanía en nuestro país.

La igualdad, como valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, quedó consagrada en el artículo 1.1 de nuestra Constitución en 1978, con fuerza normativa y con sentencias del Tribunal Constitucional que la avalan como tal. Así planteada, es una obligación y una aspiración de todos los actores sociales y, como consecuencia, no resulta patrimonio de ningún partido político. El hecho de que en España dicha igualdad de mujeres y hombres se haya politizado ha sido probablemente el peor de los ataques a la propia igualdad.

Me explico.

Desde el punto de vista histórico, podría escribirse mucho sobre el proceso de la igualdad promovido por diferentes partidos políticos. La vida de Clara Campoamor, expulsada de su partido, no admitida en el Partido Comunista y exilada en Suiza donde murió, corroboran los argumentos que incluyó en su libro El voto femenino y yo: mi pecado mortal. En él narra las diferencias y divergencias políticas, que confundieron el proceso de votación sobre el voto para las mujeres durante la República en España y llevó a algunos partidos a no apoyarlo, siendo algunos de ellos los que hoy se muestran como los únicos defensores del feminismo.

En otra posición política, Concepción Arenal fue también tratada como ausente en el ámbito jurídico, donde todavía hoy se sigue reconociendo su trabajo en el área penitenciaria y en Derecho internacional, fuera de nuestras fronteras. Internamente, aún se mantienen los prejuicios respecto a una mujer, declarada católica y no aceptada en sus filas por heterodoxa, pero tampoco en las contrarias por conservadora.

En cualquier caso, no han sido pocas las mujeres que han marcado hitos en nuestro país a las que no se ha reconocido su trabajo, por razones fundamentalmente ideológicas, en un intento de subrayar protagonismo para posiciones políticas, que al final diluyen el objetivo del movimiento social feminista: conseguir la igualdad de mujeres y hombres en la vida publica y social.

La Constitución blindó la igualdad como valor superior de nuestro ordenamiento en el artículo 1,1 del texto constitucional; la reforzó en el artículo 9.2 del mismo texto legal, atribuyendo una especial responsabilidad a los poderes públicos para promover las condiciones de libertad y de igualdad, para los individuos y para los grupos, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, así como facilitando la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social; y la consagró como presupuesto del ejercicio de todos los derechos y libertades en el artículo 14.

Todo ello confirma que la igualdad es un valor social, que corresponde a todos los actores y del que la sociedad entera puede disfrutar. El modo de hacerlo pasa necesariamente por las políticas públicas que proponga cada partido político. Pero los derechos no son de ningún partido. Pertenecen a toda la ciudadanía y ojalá que en este contexto se entendiera a mujeres y hombres como sujetos jurídicos en condiciones de igualdad. Ésta no se reclama "entre mujeres y hombres" sino para "mujeres y hombres" que son seres humanos titulares de derechos y libertades en igualdad de condiciones.

Dietrich Bonhoeffer, asesinado en el campo de concentración de Flossenburg el 9 de abril de 1945, acusado de participar en el intento de asesinato de Hitler, afirmaba que la acción política significa la percepción de la responsabilidad. Y esto es lo que podríamos pedir a toda la clase política a raíz de las celebraciones del 8 de marzo. No es riguroso hablar de mujeres feministas o no feministas; mujeres progresistas y conservadoras; mujeres sometidas o no al patriarcado; mujeres por los derechos o mujeres sometidas. En España, en el periodo democrático que se inicia en 1978 ha habido muchos avances para las mujeres. Se han logrado muchas mejoras para garantizar la igualdad. Y eso se ha hecho con las contribuciones de todas las posiciones políticas y con el esfuerzo de muchas mujeres comprometidas; y de muchos varones que han entendido, apoyado y promovido el reto de la igualdad.

Piénsese en los programas para las mujeres rurales; para las mujeres mayores; en los primeros planes contra la violencia; en las reformas jurídicas para erradicar la violencia; en las propuestas en los foros internacionales para la promoción de la igualdad; en el incremento de mujeres en las universidades; en el número de mujeres en las instituciones… y un largo etcétera que lleva consigo esfuerzos compartidos de muchos actores y de muchas personas de la ciudadanía "de a pie".

Y ello ha sido posible precisamente porque la igualdad no es patrimonio de ningún partido político, sino un valor social, reconocido así en nuestro texto constitucional. Por eso, el mejor tributo para las celebraciones del 8 de marzo sería ofrecer una puerta abierta al diálogo, al respeto y a una consideración rigurosa del movimiento feminista, cuyo objetivo fue y sigue siendo asegurar la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida publica y social.