Financiar la sanidad

De nuevo abordo en esta tribuna el asunto de la financiación de la sanidad ya que esta semana ha habido pronunciamientos de interés al respecto. Así, por una parte el ex-conseller de Economía del Gobierno de la Generalitat con Artur Mas, trasladaba públicamente una reflexión sobre la financiación autonómica en la que señalaba que “no hay que pensar tanto en la financiación de las autonomías, sino en la sanidad y la educación”.

Por otra parte, la declaración pública del presidente de la Junta de Andalucía en la que manifiesta su posición relativa a que la Comunidad andaluza habría alcanzado el tope financiero en la sanidad y la educación. Es decir, no hay más.

Ambas reflexiones dan apoyo al debate que debe centrar el actual momento político en lo que se refiere al asunto de la nueva financiación autonómica, que está pendiente desde 2013. En lo que se refiere a la sanidad, sabemos que la innovación y el envejecimiento (con el consiguiente correlato de mas cronicidad), son elementos que apuntan al potencial incremento de los costes del sistema sanitario y pueden poner en riesgo la sostenibilidad. Se hace necesario un ejercicio serio en el debate sobre las políticas públicas de financiación del Estado de Bienestar para establecer las vías que permitan una financiación suficiente y una gestión equitativa ya que no debe olvidarse que este bienestar debe ser posible con políticas que busquen la igualdad: debe recibir más quien más necesita.

También, es imprescindible establecer procesos y procedimientos de gestión que aseguren la mejor eficiencia en el uso de los recursos. Ello requiere asegurar que los profesionales que gestionan el sistema sean los mejores y los más capacitados, al tiempo que deben ser evaluados en función de sus resultados. También, cabe hacer pronto las reformas en el modelo de gestión para ser más ágiles, dotar de autonomía y avanzar en mecanismos para retribuir en función de resultados; hay que pensar en que no vale el modelo de café para todos.

La colaboración del sector privado en la objetivos del sistema público debería obedecer al menos a criterios de necesidad y complementariedad, con transparencia y evaluación. El reciente informe de la intervención que cuestiona la adjudicación directa por parte de la Junta de Andalucía de 300 millones de euros a empresas sanitarias sin justificación alguna, debería llevar al menos a una modificación de los procedimientos en el sentido que acabo de señalar evitando al adjudicación directa sin competitividad.

El debate sobre la financiación de la sanidad no es nuevo. Y en los antecedentes podemos observar comportamientos que no debieran repetirse. Por ejemplo, en 2004 la reivindicación del entonces presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, que reclamaba una mejor financiación de la sanidad. Muchos presidentes autonómicos se sumaron a esta reivindicación y ello dio lugar a la primera Conferencia de Presidentes en España bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. De ahí surgió una decisión para incorporar una importante cantidad adicional de recursos para la sanidad pública que después no fueron destinados en su totalidad a la sanidad.

Y es que es un clásico poner en evidencia las necesidades de la sanidad para reclamar más recursos y luego no destinarlos en su totalidad a esa finalidad. Esperemos que en esta ocasión no pase igual porque sería como hacerse trampas en el solitario.