La crisis se politiza

LA angustia de observar el aumento de infectados y fallecidos, la triste casuística de desgracias personales que vamos conociendo en tiempo real y los errores e imprevisiones de gobernantes y del sistema sanitario, van minando la resistencia en la lucha contra el coronavirus.

Ahora todos tenemos claro que el Gobierno debería de haber decretado el estado de alerta en febrero, pero ningún responsable político lo propuso ni en España ni en Europa, y si el Gobierno lo hubiese impuesto habría recibido un amplio rechazo popular y político. Cuando finalmente se decretó, la población estaba madura para asumirlo y para aceptar las duras implicaciones derivadas del confinamiento y las restricciones a la actividad económica, por lo que el Gobierno recibió un amplio apoyo de la oposición en el Congreso.

La semana pasada, a la vez que se intensificaba la epidemia, salían a la luz imprevisiones sanitarias, descoordinación entre el gobierno nacional y los autonómicos y ejemplos de mala gestión en la provisión de material e instrumental sanitario, a la vez que las comparecencias del presidente del Gobierno no siempre parecieron oportunas ni convincentes. No obstante, la mayoría de los españoles se acomodaban estoicamente en el confinamiento con muestras de solidaridad al personal sanitario y a otros colectivos, y con múltiples muestras de ingenio que recorrían las redes sociales para hacernos más llevadero el encierro. Pero en algunos sectores de la población aumentaba el desasosiego, y con él el rechazo al gobierno alentada por políticos de la oposición que, tras iniciar sus discursos y declaraciones reafirmando el apoyo y lealtad al Gobierno, pasaban a criticar su imprevisión e impericia, y encontraban en algunos analistas, medios de comunicación y redes sociales más radicales una amplificación de su rechazo.

Finalmente, las comparecencias recientes del presidente del Gobierno y de otros miembros del ejecutivo y los últimos decretos que regulan el cese general de la actividad y las nuevas medidas económicas y sociales han ido intensificando el malestar de la oposición y también de algunos sectores empresariales, tanto por la forma como por los contenidos de la gestión de la crisis. En cuanto a las formas, se critica la unilateralidad del gobierno, ya que se aprueban decretos sin consultar a la oposición y luego se espera su apoyo en el Congreso. Y también en la forma por las desafortunadas intervenciones públicas de algunos ministros, la desconsideración al papel de las empresas, y las posibles derivas hacia formas de gobierno restrictivas de la libertad.

En cuanto a su contenido por la improvisación de algunas de las medidas y las obligadas correcciones por desajustes técnicos y, de forma más imprecisa en los políticos y más concretas en sectores empresariales, por los perjuicios que pueden suponer el parón empresarial y el condicionamiento futuro de un elevado peso del gasto público que se puede convertir en estructural y de imposible financiación.

Esto ha llevado a críticas de organizaciones empresariales, a que el Partido Popular suba el tono de sus críticas y se plantee no apoyar la convalidación de las medidas en el Parlamento, a posiciones también críticas de Ciudadanos y PNV y a que Vox pida la dimisión del presidente y la creación de un Gobierno de emergencia nacional. Todo ello ha atizado la crispación en las redes sociales con mensajes, memes y vídeos en los que se ridiculiza y desprestigia al gobierno y se da rienda suelta al desahogo y al odio, alimentados por el temor de la deriva ideológica de un Gobierno regido por la estrategia de Podemos que estaría haciendo realidad su sueño intervencionista aprovechando la coyuntura de emergencia nacional.

Pero, si bien el celo regulador y limitador de libertades levanta comprensibles recelos; si bien son criticables diversos aspectos de la gestión sanitaria de la crisis; si bien algunas de las medidas adoptadas pecan de imprecisiones e incoherencias; si bien es necesario el diálogo previo con la oposición antes de aprobar medidas fundamentales; si bien la comunicación debe ser más transparente… Las medidas adoptadas por el Gobierno desde el 13 de marzo son compartidas por la mayoría de los españoles y semejantes a las adoptadas por los gobiernos de nuestro entorno. Así, lo son las medidas de confinamiento; las restricciones a las actividades productivas; las facilidades para los ERTE y las líneas de apoyo financiero a las empresas para mantener vivo el tejido productivo; las medidas sociales para atender a los sectores más vulnerables y los más afectados por la crisis… Y, además, aunque existan desacuerdos razonables con su instrumentación, o preocupación por las implicaciones económicas y sociales que implicarían su mantenimiento, no se conocen alternativas estratégicas que rivalicen con las que se están aplicando.

Por ello, si bien es necesario que el Gobierno dialogue con la oposición y la haga partícipe de las orientaciones del combate, y que esta las supervise y haga críticas precisas y oportunas, a la oposición hay que pedirle que frene la crispación política, que es lo que menos oportuno en un país en guerra.