Reencuentro o meteorito

CON corbata roja, el martes, un 3 de octubre –justo seis años después de su discurso en el que acusó al independentismo de romper el Estado de derecho y saltarse las leyes, para enfado de quienes perpetraban tal evidencia– el rey Felipe VI encargó a Pedro Sánchez que trate de reunir los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno. El monarca abre así el portillo para que entre la luz del sol, que decía el juez Louis Brandeis, de la Corte Suprema de EEUU, que era "el mejor desinfectante" posible.

Pedro Sánchez ha sobrevivido desde el 23-J sin enredarse más de lo inevitable en la amnistía, incluso situando a Óscar Puente en la tribuna del Congreso. En ese sentido no ha cometido errores. Aunque no ha podido evitar que se haya desatado un clima adverso en la oposición política, en buena parte de la opinión publicada, entre muchos de sus votantes y, cualitativamente, entre veteranos líderes y cargos socialistas. Ya lleva incluso una primera acometida en la calle. Hasta ahora se le critica y juzga por lo que se presume que hará no por nada que haya podido hacer, tal es el clima preventivo instalado. Pero con el encargo del Rey, ese tiempo ha caducado. Un castizo diría que es la hora de la verdad.

La propuesta, que ya asume entre líneas –"políticas para la convivencia", la llama– requiere transparencia, claridad y explicaciones pormenorizadas sobre su encaje constitucional. Obviamente, no hay que esperar milagros. No va a convencer a nadie que esté en el bando de los no convencidos apriorísticamente. Pero dada la magnitud del paso que va a dar es necesario que se explique cuál es la idea.

La amnistía, un balín que rebota con todo

La amnistía colisiona de entrada con demasiadas cosas. El primer obstáculo es el giro de guion del propio candidato a presidente, quien en noviembre de 2022 dijo: "El independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que, desde luego, este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución Española". La política siempre es contingencia –cosas que pueden suceder o no–, coyuntura –circunstancial– y aritmética –cuántos votos necesito–. En otra capa inferior están las ideas y los principios. Pero no sale gratis.

Más finezza y menos brocha gorda

Amnistiar a cientos de personas condenadas o afectadas en diferentes niveles por el procés choca de frente con las emociones de muchos ciudadanos, que sienten que borrar del disco duro los acontecimientos de 2017 es injusto y peligroso. Y la política es muy emocional. Va contra la idea de un sistema judicial que resulta vulnerado por la acción política, por más que si se convierte en ley difícilmente será ni ilegal ni ilegitima. La amnistía también impacta directamente contra los intereses del PP porque, resumiendo mucho, es la palanca que le quita el Gobierno y, por lo tanto, hará lo imposible para tratar de que ese tren descarrile. Choca, a priori, contra la ley, aunque será el TC el que decida y por el camino ya vamos leyendo las abundantes opiniones de expertos a favor y en contra, lo que anula un efecto jurídico preventivo. Cada uno se acomoda a las interpretaciones que más se ajustan a lo que piensa. Y también se estrella la amnistía contra la idea genérica de un país de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones. Como se ve, hay mucho en juego. No es un asunto de brocha gorda, no es para aplicar la falta de sutileza, de finura, que Andreotti echaba en falta en la política española en plena transición y que ha ido a peor: "Manca finezza", dijo el político italiano.

Persuadir a los españoles

Pero hay algo más y posiblemente más grave contra lo que colisiona directamente la idea de la amnistía. Pedro Sánchez debería convencer a los españoles de que esa medida, tan denostada, servirá, en efecto, como reencuentro entre catalanes y especialmente entre los catalanes y el resto de España. Y sobre todo entre los independentistas, que son los beneficiarios, y el resto del país. Y esto es lo más difícil.

Los independentistas, aunque llevan una semana más callados, no están ayudando en nada al presidente en funciones. Exigen la voluntad del Gobierno para organizar un referéndum ilegal, dejando la amnistía en territorio conquistado y amortizado. Cuando hablan, cada declaración es más altisonante que la anterior. Exhalan un odio expreso hacia lo que llaman España, que casualmente está habitada por españoles que se sienten apelados. No se trata ya de que hagan propósito de enmienda, porque no solo no ocurirrá sino que desde Junts –ERC se bajó de esa burra– siguen reclamando la unilateralidad, sino que al menos tuvieran la humildad y la empatía de tratar de que el resto del país comprendiera lo que reclaman y la justicia de concedérselo. Con estos actores, sumados a los elementos de colisión antes mencionados, es imposible que la ciudadanía en general acepte tal regalía.

La sombra de los botifler

De paso, también deberá convencer Sánchez a militantes y votantes de que esa acción política se inscribe en lo que llama "políticas progresistas" porque el hecho de que las propugne e impulse un partido de izquierdas no convierte sus acciones en acciones de progreso. Ítem más: un simple acuerdo de investidura no le sirve de nada al PSOE si no amarra de partida los presupuestos y las leyes más relevantes. Puigdemont sigue amarrado al timón como si no estuviera apurando también su último cartucho. Tiene una dificultad añadida: regresar a España sin referéndum sería un fracaso y un abandono de sus posiciones que le igualaría a los "botiflers" de ERC. Y esa exigencia ya no entra en el ámbito de lo que un Gobierno no le quiere dar sino en el de lo que no le puede dar.

El Consell de la república, realismo mágico

Habrá prueba mayor del mundo mágico y virtual en el que viven los de Junts que haber puesto en manos del llamado Consell de la república la decisión sobe si bloquean o no la investidura de Sánchez. El Consell es una asociación privada registrada en Bélgica, con casi cien mil inscritos o socios, que se considera a sí misma la "institución democrática de representación política provisional de la República catalana" que dicen que surgió del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Lo dicho, pura ensoñación. El Consell promoverá una consulta entre sus miembros para decidir si hay Gobierno o no lo hay, sin abstenciones posibles. Si los procedimientos y los interlocutores tienen relevancia política, este es un caso de libro para medir con quien nos estamos jugando los cuartos.

El escenario de fondo es, para añadir otro elemento de contexto, el de un resultado electoral del 23-J que arrojó un triunfo contundente del PSC, seguido de Sumar, que aventajan en más de un millón de votos a la suma de ERC y Junts. Con estos elementos sobre la mesa se va a disputar esta manga. Pedro Sánchez ni ha dudado un momento en asegurar que habrá acuerdo y gobierno. Obviamente es el único que tiene toda la información. Si no lo hubiera, el 14 de enero de 2024 se abrirían de nuevo las urnas. De aquí a finales de octubre o principios de noviembre quedan semanas intensas. Coronarse en esta tesitura no va a ser fácil pero tampoco es imposible.