Política fiscal y resiliencia del empleo

Tras casi cuatro años de política fiscal expansiva en prácticamente todo el mundo, se aproxima la hora de ciertas normas que supongan un punto de inflexión, o, como poco, una moderación del crecimiento del gasto. En el ámbito de la Unión Europea (UE) las debatidas reglas fiscales serán el marco de referencia para el futuro. A la hora de escribir este artículo, se intentaba aprobar en la reunión del Eurogrupo, aún bajo la Presidencia española de la UE, el nuevo marco de reglas fiscales, que serán más restrictivas. El difícil y largo proceso de negociación de las reglas fiscales muestra las discrepancias internas pero quizás también, en el fondo, nadie quiere aún retirar todos los estímulos para evitar dañar la actividad económica y la resiliencia del empleo.

La política fiscal ha sido determinante para el sostenimiento de las economías desde 2020, primero para atenuar los efectos económicos de la pandemia y luego para suavizar el impacto de la guerra en Ucrania y la subida de los precios de la energía. Eran dos precipicios de los que los gobiernos de todo el mundo decidieron alejarse aplicando una expansión del gasto público. No solamente fue lo fiscal lo que apoyó las economías y el mantenimiento de la demanda, también la política monetaria y el sistema financiero hasta impidieron el colapso del crédito hasta principios de 2022, y desde esa fecha, una vez la inflación se comprobó que iba a ser elevada y persistente, y que la economía respondía mejor de lo esperado, los bancos centrales modificaron radicalmente su estrategia de tipos de interés, con notables y sucesivas subidas del precio del dinero. En ese entorno inflacionario, era lo lógico o lo que la historia dictaba. Al igual que se esperaba una política fiscal menos expansiva, para coadyuvar a reducir el crecimiento de los precios. Sin embargo, esto último no ocurrió. La moderación de la inflación –sin duda una buena noticia– acontecida a lo largo de 2023 ha venido acompañada sorprendentemente de una política fiscal aún expansiva, como muestran los déficits públicos por encima del 3% del PIB. El resultado es que buena parte de las economías, con este nivel de gasto fiscal y a pesar de las fuertes subidas de tipos se encuentran cerca de su output potencial y el pleno empleo. Si bien es cierto que con más éxito en unos países que en otros. Y, en general, con riesgos de una inflación más persistente al no enfriarse la economía.

Muchos estímulos y ayudas introducidas anteriormente por el incremento del coste energético se han ido retirando, y otros lo harán en 2024, pero el tono de la política fiscal ha continuado siendo expansivo. En Estados Unidos, en la UE y en nuestro país. Y otras fuerzas potencialmente inflacionarias se han añadido estos años. El salario mínimo ha crecido significativamente –impulsado por los gobiernos– en buena parte de los países, incluido España. Es un soporte importante de la demanda que además se suele trasladar, al menos parte, al resto de salarios. El crecimiento de los sueldos en los países centrales de la UE ha sido llamativo en los dos últimos años, lo que le ha convertido en fuente de preocupación del BCE por posibles “efectos de segunda ronda” que podrían retroalimentar la inflación. Por su parte, la evolución salarial de la población ocupada en España, aunque ha sido al alza, no ha experimentado los mismos incrementos. Sin embargo, un apoyo al mantenimiento de la demanda en España ha sido el crecimiento de las pensiones –por ejemplo, un 8,5% en 2023 y un 3,8% esperado para el ejercicio próximo– nada alineado con los incrementos salariales. No obstante, esta estrategia, como no cabe de otro modo, despierta gran inquietud por su creciente peso en el gasto público, su sostenibilidad a futuro y por serias cuestiones de equidad intergeneracional.

En el ámbito del mercado de trabajo, los factores demográficos y tecnológicos están jugando un papel importante en la evolución salarial y en la perspectiva del conjunto del mercado de trabajo. Las presiones al alza de los sueldos en muchos países acontecen por falta de trabajadores, cualificados y no cualificados. Ante su escasez, la búsqueda de factor trabajo y talento es global. En Alemania, por ejemplo, señalaba el semanario británico The Economist, hay 730.000 puestos sin cubrir en las oficinas de empleo, un máximo histórico. Si a ello se le une al aumento de la productividad que la tecnología está permitiendo y lo que vendrá con desarrollos como la nueva inteligencia artificial, el crecimiento de los salarios a escala global solo ha empezado. Hay que contar con ello para cualquier diseño de políticas en años venideros.

Este entorno es en el que las nuevas normas fiscales deberán operar. Con economías, muchas de ellas, al menos, cercanas al output potencial y pleno empleo –¿sobrecalentadas?–, y donde la política fiscal debería comportarse para permitir una vuelta a déficits no superiores al 3% del PIB y a una reducción paulatina de la deuda pública sobre el PIB. No se quieren cometer los errores de la dura política fiscal aplicada tras la crisis financiera global pero se es consciente que hay que volver a una senda fiscal con menos alegrías. No será fácil tomar medidas impopulares –como “recortes” en sanidad o educación”– porque ya conocemos las consecuencias políticas de lo aplicado en la UE en 2010-2012. Harán falta soluciones más imaginativas en lo fiscal (como sería una verdadera reorganización y digitalización del sector público). También, en un contexto demográfico y tecnológico diferente, a medio plazo son necesarios avances en materia de reformas estructurales para reforzar notablemente innovación, productividad, competitividad y crecimiento que permita disminuir sostenidamente el peso relativo de la deuda pública, si se logra que el PIB y el bienestar crezcan con fuerza. Y todo ello, con un reparto de beneficios y cargas que permita un entorno social con menores desequilibrios intergeneracionales como los actuales.