José Rguez. De La Borbolla

Oído al parche: ¡Atención a la financiación!

Un sistema de financiación especial para Cataluña atacaría en su corazón a dos principios constitucionales clave: la igualdad entre todos los españoles y la solidaridad entre todos los territorios de España

Las banderas autonómicas colocadas en el antiguo salón de plenos del Senado durante una de las Conferencias de Presidentes..
Las banderas autonómicas colocadas en el antiguo salón de plenos del Senado durante una de las Conferencias de Presidentes.. / Javier Lizón / Efe

28 de mayo 2024 - 10:16

COMO todo el mundo sabe, en España estamos viviendo tiempos convulsos, desde hace una buena temporada. Convocatorias electorales en cascada y formación de gobiernos de composición plural y de enfoques internos contradictorios hasta el extremo: ¿Cómo denominar "progresista" a un gobierno en cuyos apoyos se mezclan partidos nacionalistas de izquierda y de derecha ultramontana, socialistas coyunturalistas, e izquierdistas de origen pero reconvertidos a defender políticas dirigidas a la satisfacción de intereses diversos de colectivos "especiales"…? ¿Cómo pensar en la existencia y capacidad de un diseño político para la España integral, cuando los cambios de ruta han sido, en los últimos años, continuos y condicionados por la necesidad de buscar apoyos de muy diversos sectores del espectro político español, más fragmentado y radicalizado que nunca, y más orientado a elaborar "relatos justificativos de sus respectivas existencias políticas", sucesivos y contradictorios entre sí, en brevísimos espacios de tiempo?

Estamos viviendo tiempos convulsos… Hasta el extremo de que, hoy por hoy, no encontramos ningún analista político cualificado que se atreva a exponer cuál puede ser el inmediato futuro de nuestra nación. Nadie se atreve a ofrecer un pronóstico, nadie plantea una propuesta para el corto plazo, y nadie sabe hacia dónde podrían conducirnos dentro de un mes, o de tres meses, o de un semestre o de un año…

No obstante, yo me atrevo a adelantar un pronóstico. Sea cual sea el resultado de las elecciones europeas; sea cual sea la solución –o la falta de ella- para la gobernación de Cataluña; y sea cual sea el proceso –a corto, medio o largo plazo- de sucesivas elecciones catalanas o generales hay una cuestión sobre la mesa económico-alimentaria de todos y cada uno de los ciudadanos de España: desde Cataluña se va a seguir planteando la exigencia de un modelo de financiación que -a tenor de los precedentes, desde las proclamas de los diversos grupos políticos y desde las sugerencias de las clases dominantes de dicho territorio- se nos va a plantear a todos: van a seguir exigiendo un sistema de financiación especial para Cataluña, lo más próximo posible al cupo vasco y al régimen especial de Navarra. Un nuevo sistema que, sin duda alguna, afectaría a las posibilidades de acción pública del resto de Comunidades Autónomas de Régimen Común. Porque Cataluña, les guste o no a ellos, es una Comunidad Autónoma de Régimen Común.

A propósito: en las Comunidades de Régimen Foral –País Vasco y Navarra- el régimen financiero respectivamente vigente es absolutamente atentatorio contra la igualdad de los españoles y contra la solidaridad entre territorios. No estoy seguro de qué podría resolver la Unión Europea si se planteara la cuestión ante los organismos judiciales o políticos correspondientes. Por poner un ejemplo: en la República Federal de Alemania –paradigma del federalismo contemporáneo- todos los Länder federados están sujetos a un mismo sistema común de financiación, ya sean las Ciudades-Estado de Bremen, Hamburgo o Berlín, ya sean Baviera o Renania del Norte-Westfalia, ya sea Mecklemburgo-Pomerania. Se trata de legislación federal de una República contemporánea, no de una reviviscencia historicista, procedente de la España feudal.

Y termino. Un sistema de financiación especial para Cataluña atacaría en su corazón a dos principios constitucionales clave: la igualdad entre todos los españoles y la solidaridad entre todos los territorios de España. Creo que los responsables públicos de los distintos territorios de España tendrían que ponerse a pensar en esta cuestión, para tener propuestas y diseños que salvaguardaran el estatus vital de todos los ciudadanos cuya protección les compete.

Es una cuestión que nos atañe a todos los españoles. Y convendría empezar a trabajar sobre ella.

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