Niebla en el Canal, el continente aislado

La CEOE ha hecho un ejercicio de pragmatismo e inteligencia firmando un acuerdo para la reforma laboral que ha resultado más moderado que la contrarreforma pactada por PSOE y UP como uno de los requisitos para la conformación del Gobierno. Los empresarios sabían que el proyecto tenía muchas posibilidades de salir adelante. Ha manejado bien los tiempos, ha seguido en la mesa de negociación y ha obtenido beneficios en el acuerdo: consolida el modelo laboral actual y asegura la competitividad. Pierden el bonus track que les regaló Rajoy con la eliminación de la ultraactividad. Pero Antoni Garamendi ha hecho política, que es lo que tiene que hacer el presidente de la patronal para beneficiar los intereses de las empresas. Igual que Cepyme.

La ministra Yolanda Díaz también ha entendido los limites de la reforma, la aritmética parlamentaria, la sensibilidad de sus socios mayoritarios y el significado de la mirada de la UE clavada en el cogote. Ha renunciado a cosas y ha abrochado el primer acuerdo con todos los agentes sociales en treinta años. Los sindicatos también están en un acuerdo que recupera y amplía derechos: se da el primer paso serio para eliminar la temporalidad (se presuponen todos los contratos como indefinidos), la importancia de la negociación colectiva se impone de nuevo frente a los convenios de empresa. La asociación mayoritaria de autónomos, ATA, suscribe la reforma porque "mantiene la libertad de empresa y la libertad de contratación". Los autónomos de Uatae creen que es una reforma con “una concepción más garantista de los derechos laborales”. Incluso la Conferencia Episcopal sostiene que “esta es la reforma que se necesita”.

En definitiva, todas las partes han cedido en algunos aspectos y han apretado en otros. Todos dejan discrepancias en sus organizaciones. Algunos intelectuales abogan hoy por desacralizar la idea del consenso pero no ofrecen una alternativa más productiva y que permita el avance de la sociedad. El resultado final es un documento ampliamente pactado. Esta reforma laboral debería ser el paradigma de cómo deberían funcionar las cosas en un país averiado por la frivolidad partidaria, en la que cacarean los pesos pluma de la política. El PP va a votar en contra. Podría haber construido un discurso sobre los aspectos vigentes de la reforma de Rajoy de 2012, por ejemplo el abaratamiento del coste del despido. Pero no. Dígame de qué se trata que me opongo. El problema más grave que tiene un partido es cuando no entiende el momentum político y proclama, como aquel titular de The Daily Mail: “Niebla en el canal, el continente aislado”.

La ternera, la imprudencia y la saña

La imprudencia, la saña y la desproporción son tres de las características más relevantes de la política española. Algunos políticos no miden bien, y están obligados a hacerlo, que sus declaraciones no solo pueden ser mal interpretadas y que la política combate a diario contra las percepciones antes que contra la realidad, sino que además lo que dicen tiene consecuencias. Alberto Garzón, el ministro de Consumo que pisa más charcos que competencia tiene su ministerio, es reincidente. De hecho, la propia asignación de un ministerio de Consumo a un comunista ya resulta paradójico. Pero Garzón no declaró a The Guardian lo que media España enfurecida dice que dijo. Y es más, casi todo lo que dijo tiene sentido y es necesario decirlo.

Realmente casi todo estaba encajado en datos de referencia europea, aunque le faltó alguno más concluyente sobre la ganadería, la sostenibilidad y España. Este: en nuestro país la ganadería, la agricultura y otras actividades vinculadas al suelo suponen el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según los datos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y algo más: para obtener un chuletón de vaca de un kilo se necesita un gasto previo de 15.415 litros de agua y 25 kilos de cereales, según informes de la FAO. Hay 1.500 millones de vacas en el mundo, que tienen un peso medio de unos 550 kilos. Hagan cuentas. La cabaña bovina global requiere más agua de la disponible, sencillamente. Y el Informe Mundial sobre el Desarrollo del Agua prevé que el consumo global se incremente hasta en un 30% en 2050. Hoy, en el mundo, ya hay 2.100 millones de personas sin acceso al agua potable. El asunto merece una reflexión seria.

Garzón no se pronunció contra el consumo de carne, aunque defendió, con toda razón, que las ganaderías extensivas e intensivas producen carne de diferente calidad. Le faltó la prudencia de evitar esa alusión a la calidad. Debería haber intuido qué ocurriría. No puede ignorar que hay unas elecciones a la vuelta en Castilla-León, donde lo van a asar a la brasa. Ni olvidar que casi 300.000 personas viven del sector del vacuno en España. Y podía haber contado que los cuatro principales productores de vacuno de la UE (Italia, Francia, España e Irlanda) están trabajando en el proyecto Life Beef Carbon para reducir la huella de su cabaña hasta en un 15% para 2025. Investigan en 170 granjas innovadoras con un modelo sostenible. Incluso podría haber recordado que el ministro de Agricultura de su propio Gobierno, Luis Planas, ya lanzó hace meses un proyecto de decreto para regular y optimizar las condiciones de las macrogranjas vacunas, lo que acredita la necesidad de mejora.

Hay muchos datos y argumentos políticos para abordar este asunto y los españoles tenemos derecho a conocer y que nos expliquen cuál es el plan, pero ahora, la campaña furibunda desatada hace ya más ruido y tiene más consecuencias que las propias palabras del ministro. Esa es la parte de la saña, una de las bellas artes españolas. A estas alturas da igual lo que dijera el ministro. Importa lo verosímil y lo que sirve al propósito político: mociones del PP en todos los ayuntamientos del país contra Garzón, al que comparan con Stalin (un dictador con millones de muertos en su currículo). El consumo de carne y la transición ecológica como nueva guerra cultural de derechas e izquierdas. El socialista Javier Lambán, presidente de Aragón, otro que se cubre de gloria, ha calificado las declaraciones de Garzón de “desgraciadas e insensatas”. Item más: la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que pidió que el Europarlamento prohíba las macrogranjas, ahora se suma al batallón que exige que se destituya al ministro.

En nuestro país es imposible mantener un debate ilustrativo y riguroso sobre los asuntos importantes. Todos es furia, ruido y saña. Y bulo. No sé qué haremos el día que sobrevenga una urgencia global, como una pandemia o algo así.

Y la ministra tomándonos por tontos

Y la ministra portavoz practicando el ejercicio favorito de algunos políticos: tomando por tontos a los ciudadanos. Decir que las declaraciones de Alberto Garzón lo eran a título personal es propio de políticos incapaces de hacer y decir lo que tienen que decir. Ese lenguaje de cartón piedra que tanto daño hace. Es una broma sostener que un ministro hablando de asuntos de la incumbencia de su ministerio en una entrevista con un periódico de relevancia es un ejercicio de opinión personal porque la opinión del gobierno se emite exclusivamente en los consejos de ministros. Como si un ejecutivo solo hiciera política con el BOE. Es una manera ridícula de reducirlo todo al absurdo, salvo que a partir de ahora consideremos que todo lo que dice el presidente del gobierno fuera del consejo es a titulo personal. Minutos basura de la política. Mejor haría el gobierno ayudando a hacer pedagogía sobre asuntos como este, que afectan a la sostenibilidad, la economía, la salud y la vida de la gente. Es alarmante que en este gobierno no funcionen unos mínimos de solidaridad y cohesión interna. Ni siquiera cuando las posiciones del ministro de la parte contratante de la primera parte tiene incluso razón.

Cuando la polémica anterior de Garzón sobre los chuletones el propio presidente del Gobierno ya deslumbró a todos con su aportación al debate: ”A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible”.

Sexo oral, deudas y medios

Cuando Podemos tenía coleta y creía que el cielo se tomaba al asalto en vez de gobernando irrumpió en la escena política con señalados mantras revolucionarios. Uno de ellos era la desintermediación informativa. O sea, la preferencia por comunicarse directamente con los ciudadanos a través de las redes y otros canales orillando el papel de los medios de comunicación tradicionales. Muchos de sus dirigentes, con el tiempo, han sido víctimas, de esa desintermediación. Pero esa es otra carpeta. A lo que vamos: esta semana ha hecho suerte un titular falso: “El Constitucional avala que saldar una deuda con sexo oral es legal en España”. El asunto que se dilucidaba era un acuerdo entre un hombre y su excuñada, quien le debía 15.000 euros. El acreedor le propuso mantener relaciones sexuales mientras no pagara la deuda, a lo que ella accedió al menos en cinco ocasiones, según admitió. Después lo denunció, pero la Audiencia de Palma archivó el caso al considerar que no habían existido coacciones porque se trató de relaciones consentidas. El Constitucional, posteriormente, inadmitió el recurso de la demandante al no tratarse de un asunto con trascendencia constitucional. Punto. Hasta ahí el asunto. Solo con leer los escritos judiciales cualquiera puede entenderlo.

Ni les cuento si encima el periodista descuelga el teléfono y hace tres llamadas. Pero no ha obstado para que el titular se haya repetido hasta el infinito no solo en redes sociales, donde, cualquiera micciona desintermediadamente, sino en medios de prestigio. Busquen y sorpréndanse. La única forma de quitarle la razón a Podemos sobre la imprescindibilidad de los medios tradicionales es que los periodistas hagamos bien nuestro trabajo, sin pereza, sin sucumbir al clikbait ni confundir una felación con la tradición de la literatura oral.