Competencia dentro del Gobierno para subir los impuestos

Aunque esté en curso el diseño de la reforma fiscal que va a realizar el Ministerio de Hacienda, el socio minoritario de Gobierno ha publicado hace unos días una propuesta de reforma fiscal con la que se pretende elevar la recaudación en 29.800 millones de euros. Se obtendrían, por orden de volumen recaudatorio, con un impuesto a las grandes fortunas / patrimonio (10.000 millones), modificando los impuestos de sociedades y renta (9.000 y 6.000 millones, respectivamente) e imposición a la vivienda vacía “para estimular su salida al alquiler” (1.700 millones). La fiscalidad verde, gravamen a las transacciones financieras, impuesto digital (tasa google), e impuesto a alimentos no saludables suman 4.300 millones. Finalmente, se amplía lo acogido al IVA reducido (-1.200 millones de recaudación). Se presenta como un cumplimiento necesario del acuerdo de coalición y se justifica “para lograr una recuperación con menos desigualdad” y hacer que los ricos paguen de una vez lo que les corresponde. O sea, con las tácticas tan del gusto de la izquierda: ocultar que las alzas fiscales terminan afectándonos a todos y no sólo a un reducido grupo de adinerados, y proponer una finalidad aparentemente indiscutible: evitar la desigualdad. Es decir, justicia fiscal y justificación social de un mayor gasto público. Me temo que en España ni hay ricos para tanto ni la desigualdad se reduce con gasto público.

El problema grave es que esta propuesta de modificación del sistema fiscal está animada por la ideología y no por la racionalidad económica o por la experiencia. Y peor aún es que algunas intervenciones de sus defensores se basan en datos que no son ciertos, en suposiciones poco fundamentadas y en postulados falaces. Algunos ejemplos son la mención de que los tipos en el impuesto sobre la renta llegaron en EEUU al 94% durante el mandato de Franklin D. Roosvelt, pero sin matizar que ese tipo marginal se aplicaba a rentas superiores a 200.000 dólares (algo más de tres millones actuales) y que el país estaba en una situación excepcional, combatiendo en dos frentes en la II Guerra Mundial. E ignorando, desde luego, que los tipos comenzaban en el 23%, y desconociendo unas palabras muy significativas de aquel presidente: “ningún ciudadano estadounidense debería tener un ingreso neto, después de haber pagado sus impuestos, de más de 25.000 dólares al año". Este ingreso neto sería hoy de 400.000 dólares.

En cuanto a las suposiciones poco fundamentadas se encuentra de forma implícita la de que una elevación de impuestos no tiene impacto sobre el consumo. Pero, precisamente, para el gobierno el crecimiento del consumo privado será uno de los factores determinantes del crecimiento del PIB. Eso sí, dando por presupuesto que ese crecimiento va a ser soportado por la movilización del ahorro; es decir, por el dinero no gastado durante la pandemia. No vaya a ser que caigan en contradicciones.

Pero a mi modo de ver, lo más revelador de un pensamiento ingenuo –también hay ingenuos con altos estudios- es la afirmación del responsable económico de Unidas Podemos. No sé si la reproduzco con total precisión, pero sí conservo el sentido: “Es posible tener un sistema de protección social igual que el de los países nórdicos, pero para eso en necesario un sistema fiscal como el de esos países”. Esto es una simpleza propia de uno de los coautores del libro ¿Qué hacemos con la deuda? (Akal, 2013), en el cual se proponía una auditoría social de la deuda pública y privada para decidir qué parte se pagaba y cuál no. Se señalaba en este libro que el sobreendeudamiento era causa del estrangulamiento de la economía española, por lo que imagino que sus autores estarán alarmados y escandalizados con el crecimiento de la deuda pública en los años más recientes. Volviendo a la afirmación, hay en ella un salto, una construcción lógica falaz, que omite hacer referencia a que son las características de esas economías y no los impuestos las que soportan un estado de bienestar muy amplio, junto a un sistema fiscal y regulatorio que no entorpece el funcionamiento económico. Estas economías nórdicas no son homogéneas. Una de ellas, Noruega, tiene la fortuna de ser un importante productor de hidrocarburos, cuyas rentas son un soporte importante del presupuesto. Nosotros hemos decidido que ni siquiera queremos saber si disponemos de ese recurso. Suecia llevó casi al extremo la intervención pública en la actividad económica y los elevados tipos fiscales casi dieron lugar a sistemas de trueque. La reforma liberalizadora que se hizo en Suecia en los años noventa fue profundísima: reducción de impuestos, disminución de la presencia del estado en las actividades económicas, establecimiento de un sistema de pensiones doble que combina reparto y capitalización, y además, algo merecedor de anatema para la izquierda española: el impulso a la educación privada, mediante la introducción del cheque escolar, un instrumento que había sido propuesto por Milton Friedman. Es fácil comprobar el efecto de las reformas observando la trayectoria de crecimiento del PIB de ese país. En cuanto a Dinamarca, baste con exponer que es una de las economías más liberalizadas del mundo: ocupa el décimo puesto en el Índice de Libertad Económica (España, 39; Noruega, 28; Suecia, 21).

La renta o el ingreso per cápita de estos países es bastante más elevada que la nuestra. En 2020 y redondeando, 78.000 dólares en Noruega, 54.000 en Suecia, 63.000 en Dinamarca y 27.000 en España (Banco Mundial). Esto significa, simplemente, que para un mismo tipo en el impuesto sobre la renta el ingreso que queda disponible para el contribuyente es mucho mayor en esos países que en España. Por otra parte, habría que tener en consideración los niveles de renta a los que se aplican los distintos tipos marginales. Naturalmente, para el ciudadano es más fácil soportar unos tipos fiscales elevados a medida que su renta disponible es más elevada y no porque haya una provisión más amplia de servicios públicos. Obviamente, no son unos impuestos elevados lo que da lugar a una renta per cápita elevada, más bien al contrario. Las diferencias de renta antes expuestas están reflejando diferencias de productividad, además de diferencias en las especializaciones productivas. El Banco Mundial ha hecho una estimación muy reciente de la productividad del trabajo (valor añadido por hora trabajada, medido en paridad de poder adquisitivo) que permite ver que nuestra distancia es notable: España, 49 dólares; Suecia, 60; Dinamarca, 66; y Noruega, 69. En esto se sustenta su mayor capacidad de protección social y no en unos impuestos más elevados, aunque a los ideologizados les cueste admitirlo.