La ventana
Luis Carlos Peris
El nepotismo se convierte en universal
La elecciones catalanas llevan muchos años convertidas en unas elecciones con consecuencias nacionales. Nada de lo que ocurre en el territorio más convulso y desequilibrante de nuestro país nos es ajeno. Hoy, cerrando un nuevo ciclo legislativo inconcluso, las elecciones se disputan en dos campos: quién gana y quién gobierna. Una incógnita la resolveremos esta noche, la otra necesita más elaboración y tiempo: contar votos, cruzar mayorías y conciliar intereses.
Las encuestas, todas, dan a Salvador Illa, del PSC, como ganador y al Junts del Puigdemont como segunda fuerza política en la Cámara catalana. Por detrás, ERC, que va a pagar unos años de Gobierno imposible sin mayorías sólidas y un pacto roto con Junts, así como una gestión deficiente singularizada en los pésimos resultados del sistema educativo y la incapacidad para haber afrontado soluciones estructurales a la sequía, aunque como por ensalmo, a una semana de abrir las urnas haya anunciado que se relajan las restricciones. Bálsamo electoral. Sesión de baño y masaje para el ciudadano.
También acusa la pérdida de un relato "puro independentista" frente al presidente fugat, quien ha atornillado con más maestría al Gobierno de España desde Bruselas. El pragmatismo, la disposición al acuerdo y un tono más rebajado de decibelios les pasan factura a los republicanos de Pere Aragonès en su propia casa. En ese universo, el pactismo es traición; y la moderación, debilidad. Aragonés ha gobernado pero no ganó las elecciones. Illa fue ya el más votado en 2021. Las encuestas le vaticinan ahora una severa pérdida de escaños y pasar a la tercera plaza en el Parlament.
Puigdemont va a capitalizar su posición dura. El discurso aparentemente esquizofrénico de pactar con Madrid a la vez que insulta a todo lo que representa el Estado español le ha ido bien. Se anota claramente la amnistía en su casilla y el haber figurado como el único que no ha retrocedido en sus maximalismos. De hecho, su narrativa es hoy la de un político que ha logrado su supremo interés sin haber retrocedido ni cedido en nada. Ni ha pedido perdón, ni ha hecho autocrítica sobre el procés y el infausto pleno del metisaca independentista (aprobada y suspendida la independencia en 44 segundos de 2017) ni se ha comprometido a no volver a saltarse el Estado de derecho. No reconoce magnanimidad alguna en la amnistía, sino que la acepta como si ser indultados por el Estado y perdonados por sus conciudadanos vía efecto legal fuera un derecho natural de los independentistas que pusieron este país patas arriba cuando decidieron proclamar una independencia ilegal. Sobre aquella política de baratillo ha construido una opción electoral quien se escapó de España en un maletero para no asumir las consecuencias de sus actos. Sabido es que el independentismo no se caracteriza por su responsabilidad. En definitiva, que todos los elementos criticables en torno a la ley de amnistía se manifiestan ahora, como era de esperar, a favor del indultado.
Illa ganará las elecciones pero es que ya había ganado las anteriores elecciones (febrero de 2021) antes de la amnistía, una ley que aún debe pasar por el Senado esta semana, donde será vetada con la mayoría absoluta del PP; y volver al Congreso, donde la coalición parlamentaria en torno al Gobierno levantará el veto. Illa incluso había ganado antes de la aprobación de los indultos a los presos del procés (junio de 2021). No nos engañemos, esto es política y la política es tan flexible como se empeñen sus practicantes. El Gobierno y el PSOE respirarán aliviados con un nuevo triunfo de Illa y lo venderán como el refrendo a sus políticas en pro de la normalización de la vida catalana, especialmente la amnistía. Pero Illa ya ganaba antes.
El triunfo de Illa es muy mala noticia para los independentistas. La victoria de un partido no independentista siempre cuestiona los postulados repetidos y la verdad relevada sobre la orientación de un pueblo. Illa no es ningún nacionalista, por más que las derechas lo repitan cada día. Lo que no pretenderá Feijóo es que Illa entienda Cataluña como si fuera Castilla y León cuando él ni siquiera entendía Galicia como si fuera Cantabria. Tratará de conseguir la gobernabilidad –muy difícil dada la distribución previsible de escaños– y ese camino le puede llevar a intentar un pacto con Junts. Durante la campaña, Illa ha dicho una cosa y la contraria: que sí pactará con Puigdemont y que no lo hará. En ese sentido es una incógnita y el resultado de ese posible acuerdo es de pronóstico reservado. Pero no lo convierte en un nacionalista peligroso.
La segunda pantalla es precisamente esa, la de una posible alianza de los independentistas para alejar a Illa del Gobierno. Las encuestas difieren más en esa sopa de números. No se descarta pero no parece fácil. La participación será clave. En 2021 se registró la participación más baja de la historia, un 51,7%, claramente influenciada por la pandemia. La participación puede crecer en más de 10 puntos. Esos son muchos votos como para amarrarse a las encuestas más de la cuenta.
Para el independentismo Illa es la kriptonita. Supondría tener al frente de la Generalitat a alguien que se dedica a gestionar, por fin, las cosas de comer y saca de las instituciones el discurso identitario, frentista, indepe y victimista. Malas noticias para quienes se alimentan de ese pienso compuesto. Sumen además la pérdida de poder institucional, incluyendo TV3 y los medios públicos, de la caja de las subvenciones y la publicidad institucional. En definitiva, la pérdida de los resortes de poder. Y no se olvide que el procés fue posible porque se agitaba cada día desde las instituciones y con dinero público. Ese desmoronamiento de poder sería muy saludable para Cataluña y para el resto de España. Para no perder de vista las estadísticas, anotemos que el último trabajo del CIS catalán arroja un empate al 31% entre los partidarios de la independencia y quienes quieren ser una comunidad autónoma.
Los datos anuncian que el PP va a comerse los restos de Cs y algo de Vox, que para eso está haciendo Feijóo sin complejo alguno durante la campaña el discurso duro de Abascal y Garriga respecto a los inmigrantes. Crece el PP pero continuará siendo irrelevante y sin que conozcamos aún qué proyecto tendría el PP para Cataluña si hipotéticamente pudiera gobernar. Los comunes van a ser los más solidarios: les van a regalar buena parte de sus votos al PSC y ERC. Perderá escaños, lo que les restará fuerza e influencia en Cataluña y tendrá consecuencias en el proyecto nacional de Sumar, en el que se inscriben, y que se debilitará aun más tras las catalanas. Los datos indican que Vox y la CUP también perderán posiciones. El voto favorece en esta ocasión la concentración en los dos frentes en disputa: el PSC vs los independentistas y la primacía entre Junts y ERC.
La demoscopia dice que el Gobierno que tiene más posibilidades es el del PSC, con ERC y los comunes para alcanzar los 68 diputados de la mayoría absoluta. El de Junts, ERC y CUP aparece más abajo en las variables posibles y necesitando, en todo caso, los escaños que pueda lograr Aliança Catalana, el partido independentista de extrema derecha de la alcaldesa de Ripoll, una compañía que sobre el papel desdeña el resto del universo segregacionista. Pero las matemáticas sólo son una condición indispensable, no suficiente. Junts y ERC disputan su propio partido: clarificar quién manda en el tablero independentista –sólo unos miles de votos los separan– lo que según las encuestas se resolverá a favor de Junts. El irredento partido de Puigdemont lleva como emblema el no haber claudicado ante Sánchez y posiblemente no pague ningún precio por haber roto el Gobierno abandonando a ERC en plena pandemia. Pere Aragonès, que no tiene el tirón electoral de Oriol Junqueras, no rentabiliza nada: ni el Gobierno ni los pactos nacionales con el PSOE.
El independentismo ha enfriado la unilateralidad y ha virado hacia la idea de un Acuerdo de Claridad inspirado en los referéndums de Quebec y Escocia, sostenida en su interpretación del artículo 92 de la Constitución respecto a la posibilidad de someter a un referéndum consultivo las decisiones políticas de especial trascendencia. En lo que están centrados con carácter inmediato es en conseguir una "financiación singular", que es la forma de exigir sin explicitarlo algo parecido a un sistema como el concierto vasco, por el cual la Generalitat recaudaría todos los impuestos y después ajustaría cuentas con el Estado. Es una versión posmoderna del peix al cove (pájaro en mano) de Pujol.
Aunque con la boca chica, casi nadie descarta la opción de otra repetición electoral. Posiblemente y si los vaticinios se cumplen con los republicanos en caída libre, ERC sería el menos inclinado a una repetición, que podría dejarlo en una indigencia mayor. Ese cálculo estimularía un Gobierno con el PSC. Pero esto es Cataluña, donde no han gobernado los dos últimos ganadores –Inés Arrimada y Salvador Illa– y donde todo es complejo, sorprendente y creativo. Y, por lo tanto, donde todo es posible.
El Gobierno mira a Cataluña con la inquietud lógica de quien mira a sus aliados cuando se enfrentan a los tuyos. Esa cosa kafkiana del tiempo que vivimos. Si la legislatura depende del resultado catalán ya se verá. Es muy improbable –como se publica hoy con explícita frivolidad– que Sánchez vaya a obligar a Illa a ceder el Gobierno catalán a Junts para salvar Madrid. No tiene ni sentido político y posiblemente ni siquiera sea posible si atendemos a que el PSC no deja de ser un partido integrado en el PSOE que difícilmente aceptaría ese suicidio político.
Si terminara gobernando Puigdemont en un pacto con otras fuerzas independentistas, el Ejecutivo no podría ni explicarse. Habría sido un giro perfecto de 360 grados para regresar al punto de origen, pero en peores condiciones: habría rescatado e indultado a Puigdemont para que gane sin entrar en territorio español y para que presida de nuevo la Generalitat, de donde salió, insistimos, huyendo de la Justicia. Y de paso habría laminado como partido de Gobierno a ERC, la opción más conciliadora y el único partido de los de 2017 que ha rebajado el tono y apuesta por cierto posibilismo. Así, un Puigdemont triunfante, indultado y retornado a la Plaza de Sant Jaume, en el Barrio Gótico barcelonés, sería un serio contratiempo imposible de encajar para el Gobierno y posiblemente de sostener. Lo que viene siendo un éxito político sin precedentes.
El chispazo de Canarias contra el modelo de explotación turístico de las islas ha tardado en saltar. Y es posible que se extienda a los destinos más fagocitados por el turismo masivo. Hace tiempo descubrimos que el mundo está lleno de gente recorriéndolo. No hay rincón secreto, ya no existen paraísos ni destinos desconocidos. Si va a Roma no aspire a ver la Fontana de Trevi. Las visitas a los museos son insufribles. Si no reserva mesa en cualquier destino frecuentado está condenado a comerse un trozo de pizza. Conocer los monumentos o construcciones más singulares exige previsión, paciencia y resignación para visitarlos en medio de jaurías. Jaurías de las que formamos parte, por si no se han dado cuenta. En el turismo el infierno no son los otros: somos todos. Todos fagocitamos los casos antiguos, invadimos el espacio vital de los vecinos y estamos redibujando la vida de las ciudades. Manuel Vicent hiló fino hace años en Por la ruta de la memoria, donde distinguía entre viajeros y turistas. Distinguir hoy entre unos y otros es un ejercicio voluntarista. Esto lleva años larvándose: los vuelos se abarataron –el dinero público contribuyó a financiar destinos en vuelos low cost–, no ha habido control sobre los pisos turísticos hasta que estalló el fenómeno, se han construido hoteles sin que los ayuntamientos se preguntaran cómo contribuían a la sostenibilidad, sin saber si se dispondría de agua o de carreteras de acceso. Daba todo igual: sumar hoteles era cuestión de prestigio y por lo visto un éxito político.
Viajar se ha convertido en el deporte de moda. Y tiene difícil remedio. Desmontar modelos turísticos para sustituirlos por otros no siempre es posible y si se consigue será a largo plazo y con mucha inversión y esfuerzo. La adicción a las estadísticas lleva años confundiéndonos: crecer ilimitadamente no es posible ni recomendable. Los límites están más que superados hace años. No se puede aspirar a seguir creciendo en volumen, sino en calidad y facturación. Y ya no sirven los clichés que convirtieron a muchos destinos en privilegiados, aunque se ha revelado una trampa insalvable. Es el caso de Canarias y su turismo de masas de sol y playas. Pero es también el caso de Colombia, que le ha declarado la guerra al turismo sexual, como Tailandia. En Amsterdam quieren acabar con el consumo de hierba en sus cafés y Magaluf no quiere alemanes saltando por los balcones. Los países bálticos, escandinavos y nórdicos son los que tienen los modelos más sostenibles aunque practiquen la insostenibilidad en agosto en España. Pero no nos engañemos: si hubieran tenido sol igual estaban tan chafados como nosotros.
Llegamos tarde. Pocos sectores tan transversales. Se requiere de un programa de trabajo muy innovador y saber a dónde se quiere ir, una planificación estratégica interinstitucional, acuerdos sólidos con todos los actores implicados, el diseño de un nuevo modelo económico, mucho dinero para aguantar la transición de un modelo a otro, espaldas anchas para soportar el desempleo que se generará en primera instancia. Y suerte. Mucha suerte para que el nuevo modelo sea rentable, competitivo y sostenible. Llevamos muchos años recogiendo huevos de oro de esa gallina sin preguntarnos cuánto aguantaría la gallina. En 2023 el turismo dejó 187.000 millones de euros en España, casi el 13% del PIB. Ojo: habrá que jugar pero que sepamos que es jugar con nitroglicerina.
Se busca gobernador
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su última comparecencia en el Congreso –su nombramiento vence en un mes– ha reclamado consenso político para afrontar las reformas pendientes y ha alertado contra los efectos perniciosos de la polarización, que introduce incertidumbre en el sistema económico. Considera que la economía puede complicarse por retos estructurales pendientes y por la coyuntura internacional. El Gobierno debe nombrar un nuevo gobernador y se la juega. No sólo por la capacidad técnica de quien releve a Hernández de Cos –muy prestigiado– sino por la lectura política que se hará del propio nombramiento. Parece más difícil que se recupere la tradición de pactar gobernador y subgobernador entre el Gobierno y el líder de la oposición, máxime cuando el PP lleva cinco años bloqueando la renovación del CGPJ. Cosas de valor que nos hemos ido dejando por el camino.
Álvaro García Ortiz, semana 'horribilis'
El Tribunal Supremo ha anulado la designación de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria democrática, un cargo cuyo nombramiento corresponde al Gobierno a propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha tenido una mala semana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella de la pareja de la presidenta Ayuso contra la Fiscalía por la difusión de una nota de prensa en la que desmentía las informaciones del PP y que contenía datos personales. En el caso de Dolores Delgado, por cuatro votos a uno, el caso tendrá que someterse al Consejo Fiscal –cuya opinión no es vinculante– tras el recurso ahora aceptado de las asociaciones conservadoras, que recurrieron el nombramiento precisamente porque el fiscal general se negó a examinar si existía un conflicto de intereses al ser Delgado la pareja del ex juez Baltasar Garzón, quien preside una fundación dedicada a los Derechos Humanos y la memoria histórica. Lo cual no obsta para que García Ortiz esté siendo víctima de una persecución basada en falsedades desde que tomó posesión. Pero da igual, incluso ha sido el primero en su cargo en ser reprobado por el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP.
Puente también tiene una motosierra
Óscar Puente gasta su propia motosierra. Su motosierra es verbal, pero encierra el mismo peligro que la de Milei. Algo claro: un ministro no está para crear problemas, en todo caso para resolverlos. Si un ministro dice –da igual el foro: debe saber que ya no existen mamparos, todo vuela– que el presidente de Argentina ingiere alguna sustancia sospechosa puede dar por hecho que la crisis está servida. Y las crisis tienen consecuencias reales para el país. Se ha disculpado a su manera: en realidad no se ha arrepentido por sus palabras, sólo de no haber medido su impacto. Igual no ha reparado, además, que su jefe tiene una preocupación seria con su entorno familiar y que en cualquier crisis se la devuelven a él donde más le duele. No tiene sentido el proceder de Puente, quien ha llevado demasiado lejos su filosofía de expresarse sin filtros, de bravuconear con quienes le detestan y manejar las redes sociales como si fuera un profesional más de la diatriba y la pendencia. Se equivoca. Ser ministro impone límites. Y exige sentido común y contención.
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