Aplicación de la amnistía: todo está abierto

Todo, absolutamente todo, está abierto. Incluida la cuestión previa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tenía ya preparado el Tribunal Supremo, incluidas las alegaciones pertinentes. El texto de la ley aprobada el pasado jueves en el Congreso difiere sensiblemente del que había elaborado el Gobierno en el que contó con el asesoramiento de juristas cercanos al PSOE pero que eran profesionales de reconocida trayectoria. Entre ellos, el ex fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, sobre el que caen eternas sospechas de que daría el visto bueno a la constitucionalidad de ley que presentara el Ejecutivo; sin embargo, los que lo conocen bien siempre han dicho que no se puede cuestionar su trayectoria profesional aunque esté tintada de socialismo, y estaban convencidos de que en el caso de que el texto fuera total y absolutamente inconstitucional, así lo diría Conde Pumpido. Esa es la razón, aseguran algunos compañeros, de que aceptara asesorar a La Moncloa para que la ley pasara su filtro sin asomo de dudas sobre su correcto comportamiento.

La clave de que todo esté hoy abierto es que aquella ley inicial fue enmendada posteriormente por tres personas a los que tanto La Moncloa como los independentistas designaron negociadores de la ley: el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, hombre polémico, pues hace años fue colaborador de ETA hasta el punto de ser condenado por participar en el secuestro del empresario Revilla. Durante sus años de condena a prisión estudió Derecho. Como defensor de Puigdemont, cuenta con la ayuda de conocidos abogados en Bruselas. Además de Boye han participado en la elaboración de la ley definitiva, la aprobada en el Congreso, el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que además de hombre para todo de Pedro Sánchez es abogado y letrado del Banco de España.

Esos cambios en el texto respecto al inicial, pueden obligar a jueces y fiscales del Supremo a cambiar la estrategia que tenían preparada. Porque aparecen elementos nuevos a tener en consideración.

Los fiscales, también en contra

De momento, los cuatro fiscales de la Sala Segunda del Supremo que condenó a los encausados en el procés han redactado un informe de casi 150 folios en el que llegan a la conclusión de que la ley es inaplicable para al menos dos delitos, el de malversación y el de corrupción, y argumentan las razones legales. Entre ellas, que son delitos recogidos por la Justicia Europea y su Tribunal de Justicia, ante el que se presentarían cuestiones previas que paralizarían la aplicación de la amnistía hasta que se pronunciara el tribunal. El delito de malversación afectaría directamente a Puigdemont, y si regresara a España en junio, como pretende, para la sesión de investidura del presidente de la Generalitat, sería detenido y llevado a prisión. Los implicados en el caso de Tsunami estarían afectados por terrorismo, que para la justicia europea no admite amnistía ni perdón.

El informe ha sido enviado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está en un difícil momento profesional, con un bloque de conocidos compañeros, la mayoría progresistas, que se han posicionado abiertamente en contra de los nombramientos y criterios de su superior. Los cuatro fiscales de la Sala Segunda del Supremo no tienen excesiva confianza en que se interese por su informe, pero están decididos a ir a la Fiscalía Europea si es necesario.

No hay que olvidar que esa Fiscalía Europea sigue con gran interés los acontecimientos del caso Koldo porque se han utilizado fondos europeos para la compra de material sanitario durante la pandemia, y está siendo investigada la presidenta del Congreso Francina Armengol, que era jefa del Gobierno balear... y podría estar implicada Begoña Gómez, incursa en un procedimiento de investigación en el Juzgado 41 de Madrid, con un juez dispuesto a llegar hasta el final pese a las presiones recibidas.

En cuanto a los jueces del Supremo, es ahí donde coinciden las respuestas a la pregunta de cuál va a ser su reacción a la ley de amnistía cuando aparezca en el BOE: todo está abierto. Todo. Porque la reacción que tenían preparada respecto al texto inicial hay que plantearla en función de la ley aprobada el pasado jueves.

Se puede alegar que no es aplicable para terrorismo, o para malversación, o para ambos. Y también que esa ley es contraria a la justicia europea, y en ese caso se presentaría una cuestión previa, o varias, ante el Tribunal de la UE. Dan por hecho los jueces que el fiscal general no va a tomar en consideración el informe de los fiscales, siguiendo la línea que ha mantenido desde que accedió al cargo, donde ha asumido todas las indicaciones de La Moncloa para defender sus intereses. Su posición actual es tan delicada que algunos compañeros dan por amortizado su mandato y no ven imposible su cese o dimisión a medio plazo.

La firma del Rey

Lo que está claro, y probablemente no lo había tenido en consideración el equipo de Sánchez, pues en caso contrario no habrían dado tantas alas a los que se veían ya amnistiados y con su hoja delictiva borrada, es que serán los jueces los que determinaran quién puede ser amnistiado y quién no. Caso por caso y viendo todas y cada una de las circunstancias. La imagen de 1.500 personas lanzando gritos de entusiasmo porque los delitos no afectarán a su futuro profesional y personal no se va a producir.

Como está claro también que magistrados y fiscales con décadas de oficio desarrolladas durante gobiernos del PSOE y del PP, algunos incluso con cargos institucionales, no están dispuestos a que un presidente que necesitaba siete votos para seguir en La Moncloa, no ha dudado de intervenir directamente en la independencia del Poder Judicial, cuando la base de la democracia es la independencia del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a cambio de contar con esos siete votos para su supervivencia.

También el jueves Sánchez –que no ha intervenido en ninguno de los debates parlamentarios sobre la amnistía, se ha limitado a votar, algo absolutamente impropio que lo descalifica como presidente ante su principal ley– tomó otra decisión inaudita: no envió la ley a La Zarzuela para que fuera firmada, sancionada, por el Rey, como marca la Constitución. Sabía, además, que el Monarca iniciaría el viernes un viaje a El Salvador para asistir a la toma de posesión del presidente, por lo que la firma real se retrasaría unos días.

La versión desde La Moncloa es que se ha decidido publicar la ley en el BOE tras las elecciones europeas, para que no influya en la campaña, pero no es creíble. Es sabido que Vox pretende que Felipe VI no cumpla con el papel que le marca la Constitución, el mismo que las constituciones de las monarquías parlamentarias, que obliga al Jefe de Estado a poner su firma ante cualquier ley que disponga el Gobierno y haya sido aprobada por la mayoría del Parlamento.

Balduino, rey de los belgas, decidió abdicar durante tres días para no firmar la ley del aborto. Dirigentes de Vox defienden que don Felipe mantenga ese ejemplo que, en buena ley, significaría que, como Balduino, impone sus principios personales antes que los que marca la Constitución.

El Gobierno, el PSOE, estaría encantado con que Vox planteara esa posibilidad y volviera a centrar un debate entre su partido y el PP, que es lo que promueve el PSOE desde que Sánchez dirige el PSOE. El escenario en el que se desarrolla la aplicación de la ley de amnistía se podría envenenar aún más con esta maniobra del Gobierno para dar más aire a Vox a costa del PP y, de paso, poner el foco en el Rey y en la Monarquía. Sánchez no se pone límites. Nunca lo ha hecho. Y menos aún ahora cuando se ve cercado políticamente y su mujer está en una situación insostenible. Porque es prácticamente seguro que el juez Peinado la llamará a declarar.