Un juego de fechas y hechos consumados

La dirección de Abengoa se ha visto forzada por los accionistas minoritarios que se oponen al plan de rescate que dejaría en la práctica quiebra a la matriz histórica del grupo a convocar una junta de accionistas. Pero el consejo de administración que preside Gonzalo Urquijo ha apurado los plazos legales al máximo, lo que podría impedir a los accionistas llegar a tiempo para paralizar ese salvamento y destituir a los directivos.

Abengoa reconoce en su comunicación de ayer a la CNMV que recibió la solicitud de la junta general el 19 de septiembre, 11 días antes de que el 30 de septiembre finalizase el plazo de cumplimiento de las condiciones suspensorias del contrato de reestructuración que convierte a la filial Abenewco 1 en la cabecera del grupo, dejando a la matriz fundada en 1941 como propietaria del 2,7% del capital –ahora tiene el 100%– y sólo si esta reequilibra su patrimonio, que está pendiente de que el 96% de los proveedores –muchos andaluces– a los que les adeuda 153 millones conviertan esa deuda en préstamos participativos. El plazo del 30 de septiembre se amplió primero al 15 de octubre y anteayer al 23 de octubre.

Sin embargo, Abengoa dejó pasar casi entero el mes de plazo que tenía para convocar la junta de accionistas, al acordarlo el pasado día 14 y anunciarlo ayer. Además, apura el plazo de celebración y lo lleva hasta un mes después, el 16 noviembre, en primera convocatoria, o el 17 en segunda.

En el mes que aún queda, el consejo de Abengoa tendrá manos libres para tratar de hacer efectivo el rescate que diseñó, en teoría antes del 23 si no prorroga de nuevo el plazo, de acuerdo con bancos y fondos. De lograrlo, que está por ver, porque la Junta de Andalucía aporte los 20 millones o esa cantidad se financie de otra forma, presentaría a los accionistas el plan que les deja sin nada como un hecho consumado, incluyendo el cobro de un bonus de casi 60 millones de euros para esa dirección.