Abengoa despeja incógnitas sin disipar la incertidumbre de su viabilidad

Cádiz/El final del año 2020 y la constatación de que no se ejecutó en el máximo plazo previsto el rescate anunciado en agosto y que pretendía la ruptura societaria del grupo Abengoa, asilando y quebrando la matriz y cotizada, había sumido a la multinacional andaluza en un bloqueo del que tarde o temprano tendría que salir. Y al octavo día sucedió: el consejo de administración de la matriz de la filial operativa que agrupa los negocios, los activos y el empleo, Abenewco 1, que pretendían convertir en cabecera del grupo, dimitió en bloque y se desliga de la empresa fundada hace 80 años, el 4 de enero de 1941, por los los ingenieros Javier Benjumea Puigcerver y José Manuel Abaurre Fernández-Pasalagua, junto con tres amigos y otros familiares.

El desbloqueo de la situación ayuda a despejar alguna de las incógnitas que se sucedían sobre el grupo multinacional sevillano, pero ni mucho menos disipa la incertidumbre que aún existe sobre su futuro y su viabilidad.

El dimisionario consejo –presidido por el hombre que ha dirigido Abengoa en los últimos cuatro años, Gonzalo Urquijo, e integrado también por Josep Piqué, Manuel Castro, José Luis del Valle, José Wahnon, Pilar Cavero y Ramón Sotomayor–, es el mismo que los accionistas había destituido en la matriz del grupo, Abengoa S.A., en la junta general de accionistas del 17 de noviembre de 2020, que precisamente habían forzado para reprobarlo y desautorizar la operación de rescate que llevaba a la quiebra a la empresa en la que habían invertido.

Al renunciar, el consejo despejó la primera incógnita: Urquijo y su equipo actual no seguirán llevando las riendas del grupo tras fracasar su operación de rescate porque no llegó a ejecutarse en el plazo máximo fijado, el 31 de diciembre de 2020. Así es, al menos, a día de hoy, porque los giros continuos que vive el culebrón económico aconsejan analizarlo dejando margen a la sorpresa.

Máxime cuando el nuevo consejo de la sociedad matriz –presidido por Juan Pablo López-Bravo e integrado sólo por Margarida de la Riva Smith, tras haber dimitido Jordi Sarrias Prats–, contradijo a los dimisionarios y aún ve factible ejecutarlo en un “plazo adicional” que no concreta en sus comunicaciones al mercado y que no está confirmado por ningún acreedor. Sostienen esos consejeros que va a nombrar de inmediato a otro consejo en la filial operativa, si bien tampoco explicitan por quién estará formado.

Resulta sonrojantemente paradójico que ese consejo, que había sido elegido por los accionistas rebeldes y contrarios a la gestión de Urquijo y su rescate, intente ahora ejecutarlo a toda costa, faltando no sólo al mandato de la junta general de noviembre, sino también a valores como la legitimidad y la lealtad. Y lo que es más importante, sin explicar cómo ni con el aval de quién. Pese a todo, la postura de esos dos consejeros, afines a Marcos de Quinto –ella es su cuñada–, tampoco es sorpresiva porque traicionaron el mandato de los accionistas el mismo día de su elección en otra junta general extraordinaria el 22 de diciembre. El consejo actual se ha convertido en un problema, porque no renuncia, como le piden los accionistas, pese a que su mandato tiene fecha de caducidad, dado que ya está solicitada otra junta general de accionistas para destituirles. Eso dificulta un salida alternativa al tercer rescate que permita la viabilidad.

En teoría, la segunda incógnita despejada es que ese rescate ha decaído finalmente. Así lo sostuvieron este viernes los dimisionarios, que en un comunicado dieron por fracasada la operación y se afanaron por intentar demostrar que todo lo que han hecho en los años al frente de la empresa buscaba la viabilidad del grupo.

No se esconde que tras la dimisión, además del fracaso del rescate, hay otros dos hechos que sitúan a esos consejeros como objeto de investigación sobre la verdadera finalidad de su gestión. El día 4 de enero, trascendió la querella que Inversión Corporativa, la empresa que usaban las familias fundadoras para gobernar Abengoa y que preside Felipe Benjumea, interpuso en junio contra el consejo dimisionario en enero y destituido en noviembre por diseñar dos reestructuraciones –la ejecutada en 2019 y la fallida de 2020– que vacían la matriz en favor de la filiales y llevaban a aquélla a la quiebra. Tras inadmitirla la Audiencia Nacional al entender que no era de su competencia jurisdiccional, en octubre se volvió a presentar en Sevilla, donde sí se admitió y la tramita la juez titular del Número 8 de Instrucción.

El segundo hecho se produjo el mismo viernes de la dimisión. Los accionistas sindicados en Abengoashares, y que esta próxima semana comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que representa los derechos de voto de más del 15% del capital, anunciaron que habían solicitado al consejo de la matriz mediante un burofax la inclusión en el orden del día de la próxima junta general ordinaria de una acción social de responsabilidad, al entender que tanto el consejo destituido en noviembre como el actual han actuado contra el interés de la sociedad y de sus inversores.

A esos tres factores se sumó otro. El Gobierno, que era el mayor financiador del rescate, confirmó el viernes que no seguiría adelante en los términos fijados en agosto. El Ejecutivo siempre dijo, varias veces lo publicó este diario, que no participaría si no lo hacía la Junta de Andalucía, que ha sido el principal obstáculo para ejecutarlo, lo que ha evitado el vaciamiento de la matriz, a la que ya situaron en preconcurso el 18 de agosto. Además, el Ejecutivo exige la paz social con los accionistas, un dato que indica que cuando se firmó el contrato quizás no era plenamente consciente del vaciamiento de la matriz y de las consecuencias de la ruptura societaria. Las próximas semanas dirán si el Gabinete de Pedro Sánchez mantiene su voluntad de ayudar a que Abengoa, ahora ya el grupo entero, no quiebre.

Sin embargo el consejo que dimitió el viernes no ha dado ninguna de las explicaciones que hace meses que la propiedad les demanda. Ni han informado sobre la auditoría de 2019 ni de las razones reales por las que se negaron a formular la cuentas de ese ejercicio, un grave incumplimiento sobre todo una vez vencido el año 2020. Tampoco ha informado de la marcha de Abenewco 1 desde el 31 de marzo: no ha comunicado como era preceptivo los cierres de junio y septiembre del último ejercicio.

Sin esas cifras es imposible saber cuál es la situación real de la empresa. Porque esos datos no serían conclusiones de expertos contratados ad hoc, sino los que la ley exige que deben comunicarse al Registro Mercantil y, al ser una cotizada, a la CNMV y el mercado.

Esas incógnitas por tanto permanecen. Y con ellas la incertidumbre sobre cuál es el futuro real del grupo industrial.

Tampoco el consejo actual ha contribuido a ello. Apenas se ha fiado de lo que la dirección anterior le expuso, con el auxilio de KPMG, que hizo los informes de valoración que permitieron a Urquijo y su equipo situar a la matriz en causa de disolución, y de la banca Lazard, inicialmente contratada para buscar un socio industrial, del que nada se supo. De qué dice el auditor del grupo, PwC, del ejercicio 2019 y 2020, ni una pista.

Todo ello mantiene la incertidumbre sobre si el grupo es viable.

Los accionistas sindicados, encabezados por Clemente Fernández, su candidato a presidir el grupo, quieren plantear un rescate sin ruptura societaria pero similar en términos económicos, aportando 22 millones que suplan a los 20 no aportados por la Junta de Andalucía, lo que daría 252 millones de liquidez y 300 millones en avales.

Está por ver si el Gobierno y los acreedores están dispuestos a negociar esa fórmula. Pero es más factible que termine en acuerdo, porque la alternativa es la mayor quiebra de la historia de España y eso no beneficia a nadie.