¿Paz social o tregua trampa en Abengoa?

Doce días después de que se alcanzase un pacto in extremis en Abengoa, aparentemente pocas cosas han cambiado en la multinacional sevillana. Sí, los consejeros que tenían el apoyo del primer accionista de la cotizada, la sindicatura Abengoashares, que aglutina más del 21% de los derechos de voto del capital social, tienen mayoría en el consejo de administración de la matriz. Dos a uno. Pero la capacidad de Clemente Fernández Gonzálezy José Alfonso Murat Moreno está limitada.

Primero, porque la consejera que aún sigue representando los intereses de los acreedores, Cristina Vidal Otero, juega un papel obstruccionista, lo que ha provocado, por ejemplo, que este miércoles se inicie sin tener convocada aún la junta general para ratificar a tres consejeros cooptados. Es decir, ninguno refrendado por los accionistas. Esa anomalía debería corregirse lo antes posible. La propia sociedad le dijo al regulador del mercado el primero de octubre que se convocaría de inmediato, pero no se ha hecho. Vidal se ha negado a que se hiciera en quince días, plazo mínimo establecido para convocar una junta general si ésta se celebra por medios exclusivamente telemáticos. Y pretende que sea de nuevo una junta ordinaria, porque se llevarían las cuentas de 2019 de nuevo a aprobación (eso contraviene los estatutos porque sólo puede haber una ordinaria por ejercicio, así que debería ser extraordinaria, como sostiene, precisamente, el secretario del consejo). Esta actitud obstruccionista se produce incluso pese a que los consejeros de Abengoa que representan a Abengoashares han evitado la confrontación.

Y segundo, y más importante, el administrador concursal, EY Abogados, no parece dispuesto a cambiar nada de la hoja de ruta trazada. Al contrario. Parece que la defiende como propia, aún siendo la de los administradores anteriores y rechazada por la mayoría del capital que acude y vota en las juntas de accionistas. Y eso que su principal representante, Guillermo Ramos, presidió la última, en la imagen.

Si esto sucede en el consejo de la matriz, aún peor es en el seno de la filial operativa. Los ejecutivos que ya gobernaban Abenewco 1 antes del pacto han trasladado a los principales mandos de la compañía, según relataron varios directivos, que la presencia de dos consejeros de Abengoashares, Clemente Fernández y José Joaquín Martínez Sieso, es testimonial. Y que están maniatados.

Así, defendieron que la empresa instrumental de la que cuelgan los activos, los negocios y los empleos –una sociedad anónima con 160.000 euros de capital, lo que revela que su independencia de la matriz no es tal– sigue controlada por ellos y por el administrador concursal, dado que tiene los derechos políticos sobre todas las filiales.

Dicho de otro modo, lo único que pactaron seis minutos antes de la junta del primero de octubre fue que no se destituyese en junta general a Juan Pablo López-Bravo Velasco –que dimitió en la matriz– y que se volviese a nombrar a la consejera Vidal. Varios directivos señalaron que la intención fue minimizar daños más que lograr una verdadera paz social.

La táctica tiene poco recorrido y se enmarca en la constante improvisación en la que se ha movido Abengoa desde que los accionistas destituyeron a Gonzalo Urquijo hace casi 11 meses. Porque si la paz social no es real, volverán los problemas y será muy complicado que la SEPI acepte participar en el rescate. Porque antes o después, si no hay verdadero compromiso de tener en cuenta a los accionistas, quedaría en evidencia que esa paz no existe. Y que lo que vivimos es sólo una tregua trampa.

¿Qué rescate es posible?

Todo eso ocurre en una prolongación de la huida hacia adelante en la que está la compañía desde que el 31 de diciembre pasado el tercer rescate, el llamado Vellocino, fracasó. Cuatro días duró desde esa fecha Urquijo y su consejo, hoy investigados judicialmente, en la filial operativa. Dimitieron el mismo día que el Banco Santander hizo efectiva la adjudicación del mejor activo que aún le quedaba al grupo, la planta de cogeneración mexicana denominada A3T.

La dirección de la empresa durante la presidencia de López-Bravo, coinciden distintas fuentes internas de la compañía, ha estado centrada sólo en parar la entrada de los accionistas, a costa de un deterioro del grupo que quizás ya sea irreversible.

Especialmente, ese deterioro es acelerado desde que se pidió el concurso de la matriz, que en realidad afecta a todo el grupo. Esa fuentes advierten que los nuevos consejeros percibirán de inmediato que la solicitud voluntaria no era necesaria y sólo tuvo por objeto lograr –como sucedió– suspender la junta general extraordinaria convocada para el 3 y 4 de marzo, que está en un limbo: sigue convocada y parece que ya nunca se celebrará. De confirmarse, se trata de un hecho grave, cuya principal consecuencia es que los accionistas no tienen el control ni siquiera después de entrar en el consejo de la compañía.

Es más, el deterioro es todavía peor desde junio, cuando en vez de convocar, como exigía la ley y los estatutos de Abengoa, otra junta extraordinaria con contenido similar a la de marzo, el consejo de López-Bravo y Vidal pactó con el administrador concursal el cambio de régimen del concurso, sustituyendo EY Abogados a los administradores en todo lo que tuviese que ver con el patrimonio de la empresa.

Esa fijación por bloquear cualquier acceso al control ha provocado que varias obras contratadas se hayan perdido por falta de avales y que la situación esté a punto de sobrepasar un punto de no retorno, si es que no ha ocurrido ya.

En estas condiciones cabe preguntarse ¿qué rescate es todavía posible? Lo cierto es que sólo uno en el que se cuente con los accionistas tiene visos de prosperar de verdad. Y ya casi no hay tiempo. Sin embargo, la actitud de ninguneo permanece.

Frente judicial

Mientras todo esto ocurre, todo lo ocurrido en la empresa desde septiembre de 2015 está siendo investigado por la jurisdicción penal, donde la Fiscalía ha apreciado indicios de delito: administración desleal, delito contra el mercado, delito societario y estafa.

Como ya analizamos hace una semana, los consejeros de Abengoashares están comprometidos por la última junta a responder sobre todas esos hechos denunciados por los accionistas, gran parte de ellos desvelados por las informaciones del Grupo Joly, y eso les obligaría a denunciar o personarse en la querella si verifican hechos de los que ya existen algunas pruebas documentales.

El gran reto de Clemente Fernández es hacer compatible esa obligación con el salvamento de la compañía. Y para eso se hace más pertinente aún el interrogante anterior: ¿qué rescate es posible?

Probablemente, si todas las partes implicadas quieren realmente salvar el negocio y los empleos, la única salida sería abandonar la ficción de que Abenewco 1 tiene más entidad que una mera sociedad instrumental para dar garantías a los acreedores. Dicho de otra forma, que el rescate debería ser de Abengoa y no de su filial. El Gobierno también debería convencerse de ello –ahora lo desecha pese a ser el Estado el primer accionista individual– si no quiere ser cómplice de esos hechos indiciarimente delictivos, según la calificación de la Fiscalía.

Dicho de otra forma, abandonar cualquier convenio que suponga desmembrar el grupo y abocar a la matriz a una liquidación, sea ésta inmediata o retardada para que cobren los asesores que han propiciado todo lo ocurrido desde 2016 y que reclaman unos 30 millones de euros.

Las próximas semanas serán claves. Pero hay una cosa que sí ha quedado clara. Cualquier rescate necesita, para tener éxito, de la cooperación de los accionistas –aprobación de cuentas, ratificación de los consejeros y hasta la reiteración de la petición de acciones de responsabilidad social–. Si es una tregua trampa y no una verdadera paz social, aún tienen mucho que decir los legítimos propietarios de la compañía.