Jugando a las distopías

Son varias las distopías con las que especula este filme que aspira a tomarle el pulso a la actualidad a propósito del debate sobre los límites éticos y morales de la incorporación de la Inteligencia Artificial a nuestras vidas y su incidencia en la “convivencia democrática”. La primera de ellas es que España tenga una presidenta del Gobierno, la segunda que ésta convoque un referéndum para votar la implementación de las sentencias judiciales mediante un algoritmo casi infalible en la predictibilidad de la inocencia, la culpabilidad o la posible reincidencia en el delito; la tercera, si me apuran, que Galicia pueda ser el escenario de diseño para el desarrollo de la trama.

Con todo ello va para adelante con convicción Simón Casal (Lobos sucios) avalado por un documental previo sobre el tema y la producción de Gerardo Herrero en este thriller de cuenta atrás y conspiraciones que arranca con cierto interés y una conseguida atmósfera de género para ir perdiendo paulatinamente tensión y capacidad de sorpresa. Ex Machina de Alex Garland parece el referente más claro para un filme ambicioso que pone además en su epicentro a una jueza con dudas sobre la eficacia o la ética del experimento algorítmico en la justicia, interpretada por una Verónica Echegui en modo empoderado y serio que parece haber madurado ya lo suficiente para este tipo de papeles.

Frente a ella, los miembros de la corporación tecnológica que encarnan Tamar Novas y Alberto Ammann batallan por los intereses comerciales de su producto aun cuando saben de sus fallas e imperfecciones, lo que convierte el filme en un duelo entre bandos que no termina de sacar ya más punta a las implicaciones políticas para disolverse en una trama de engaños, muertes accidentales, soplos y triles que va perdiendo intensidad a medida en que se van volteando sus cartas (marcadas). La película quedará, eso sí, como un nuevo intento de adaptar al paisaje local las formas y ambientes del thriller internacional y como pieza indispensable para el debate en másteres de Derecho y buenas prácticas tecnológicas.