La hipoteca de la paz social

La paz social en los años 90 tuvo un coste que todavía se paga. Esta es una de las conclusiones que se desprende de la investigación publicada por el profesor de Economía de la Universidad de Jaén Juan Carlos Rodríguez Cohard en la revista Arethuse, que edita la asociación de profesores de económicas de universidades del sur de Europa. (Consultar aquí la versión española del artículo completo)

Rodríguez Cohard, en este trabajo elaborado junto al doctorando José Quesada, repasa la política tecnológico industrial de Andalucía desde sus orígenes, en los años 80, para poner de manifiesto cómo el extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) que debía sentar los pilares del desarrollo regional acabó convertido en un “hospital de empresas no viables”, cuya principal particularidad residía en que empleaban a muchos trabajadores. Este fue el caso de Santana, Intelhorce, Hytasa, Cárnicas Molina y tantas otras, hasta el punto de que en 1993 el IFA sostenía 61 empresas en toda Andalucía que absorbían el 83% de su presupuesto. Dos décadas después prácticamente todas aquellas empresas han desaparecido.

Rodríguez Cohard está convencido de que si el IFA, años después reconvertido en la agencia IDEA, no se hubiera convertido en “hospital de empresas” la situación de la industria andaluza actual sería “muy diferente”. “Ha sido el precio de la paz social”, subraya en entrevista telefónica.

No obstante esta no es la única explicación del actual panorama industrial y tecnológico de Andalucía. Los cambios de criterio en la política de fomento de la innovación, la desconfianza que esos movimientos han generado y la falta de capacidad del empresariado son los otros los factores clave. Hasta el año 2000 el peso económico y el prestigio social recaía sobre la actividad científica de las universidades. Las políticas tecnológicas orientadas a la innovación empresarial eran secundarias. Por ejemplo, entre 1998 y 20001 el presupuesto global superó los 245.000 millones de pesetas (1.472 millones de euros), pero únicamente el 13% de esta cantidad se destinó al entonces denominado programa industrial para Andalucía. Estos eran los tiempos, además, en los que las políticas de investigación científica y de innovación tecnológica dependían administrativamente de consejerías diferentes.

Ese escenario ha variado a medida que lo hacía el entorno y, especialmente, atendiendo a los golpes de timón de Bruselas. Así la Estrategia de Lisboa implicó un cambio de rumbo a partir de 2000. En apenas siete años se crearon 20 centros tecnológicos en Andalucía, con la misión de convertirse en los motores de la innovación del tejido productivo local, se esbozaron nuevos parques tecnológicos y entre 2001 y 2003 se destinaron 3.574 millones de pesetas (21,4 millones de euros) al desarrollo tecnológico y 10.275 (61,7 millones de euros) a la investigación científica, mientras que sólo en los presupuestos de 2001 la Junta y el IFA ponían sobre la mesa 35.000 millones de pesetas (210 millones) para 91 líneas de ayudas a empresas, de tal modo que era financiable “casi cualquier actividad empresarial”.

La siguiente etapa se localiza entre 2004 y 2012. En este momento se intentó vincular el desarrollo regional con el conocimiento y, especialmente, con las universidades. El plan de innovación y modernización de Andalucía (PIMA) recogía la esencia de lo que en Europa era el sistema regional de innovación. Contempló 5.700 millones de euros para “286 acciones agrupadas en 31 líneas estratégicas, con 82 objetivos y seis líneas de acción”, recuerdan los autores del estudio. Además, creaba los organismos que debían impulsar y coordinar el sistema: Corporación Tecnológica de Andalucía, Invercaria y la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía.

Juan Carlos Rodríguez Cohard y José Quesada subrayan el gasto en I+D que se ha efectuado en Andalucía desde 2000. Ha acumulado un incremento del 218%, cuando la subida media de las comunidades autónomas españolas ha sido del 155%. Este esfuerzo, liderado en exclusiva por la inversión pública “porque el empresario se ha implicado muy poco”, ha creado parques y centros tecnológicos, universidades, laboratorios, servicios empresariales y también algunos vicios. Los investigadores aluden al catedrático de la Universidad de Sevilla Francisco Ferraro para recordar que la “magnitud, diversidad y generalidad de objetos financiables de las ayudas” ha acabado identificando los incentivos a la innovación empresarial con subsidios por producir en una región con bajo desarrollo económico o por generar empleo, de modo que la política tecnológica se ha equiparado con la política social.

El éxito, no obstante, ha sido más discutible en lo que Rodríguez Cohard denomina el software del conocimiento, o sea la absorción real de ese conocimiento. “Cuando un empresario no ha pasado del Conta Plus, cuando no tiene ni impresora, cuando su capacidad innovadora es muy baja, cuando ni sabe que necesita innovar es muy difícil”, puntualiza. Ahí está en gran medida la explicación de por qué a pesar de las infraestructuras que ofrecen los parques científico tecnológicos, “la característica principal, a excepción del PTA localizado en Málaga, es el escaso número de empresas instaladas en ellos”, mientras que se echan en falta más patronos en los centros tecnológicos por otra parte, reorientados en muchos casos a prestar servicios a las empresas más tecnológicas ante la dificultad de llegar a las más tradicionales y faltas de innovación.

Los autores del estudio también aluden en las conclusiones a los efectos secundarios de la política de escoger ganadores, otra de las tendencias de moda en Europa, que condujo en la última etapa a apostar por una serie de sectores considerados estratégicos en lugar de hacerlo “con el tejido productivo más extendido en al región”. Se dio prioridad sectores intensivos en conocimiento “a pesar de su escasa relevancia en términos de contribución al PIB y al empleo regional, relegando a los sectores tradicionales que constituyen una parte esencial de la economía andaluza”.

Esos ganadores, generalmente vinculados a grandes empresas como la aeronáutica y desconectados de la realidad local, una vez desatada la crisis han resultado incapaces de absorber el desempleo procedente de actividades como la construcción.

Desde el punto de vista de las universidades, el investigador no elude la autocrítica al recordar que todavía el discurso oficial se mantiene en la necesidad de transferir conocimiento, en lugar de optar por un "modelo interactivo" en el que sean investigadores y empresarios los que determinen cuáles son las innovaciones que se necesitan. Echa en falta "proximidad cognitiva" entre unos y otros. Es decir, que se conozcan, se relacionen y confíen mutuamente.

Rodríguez Cohard, finalmente, afirma que las políticas de innovación están otra vez en proceso de viraje, de nuevo a rebufo de lo que sucede en Europa, después de que el programa Horizonte 2020 de apoyo a la actividad científica, tecnológica e industrial aluda a la especialización inteligente o selección de los sectores en los que se volcará la inversión pública. “Eso es lo que se está decidiendo ahora”, concluye el investigador.