'Todoscontraelcanon' denuncia a las entidades de gestión de derechos de autor

Representantes de la Plataforma todoscontraelcanon han presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra varias entidades de gestión de derechos de autor -entre ellas SGAE, Cedro, Egeda y Agedi- por supuestos delitos de fraude a la Hacienda Pública, falsificación de documentos privados y públicos y apropiación indebida.

Según recoge la denuncia, las gestoras se habrían apropiado de más "de 50 millones de euros" en el reparto del canon digital correspondientes a los autores, productores y ejecutantes. Los denunciantes consideran que las citadas entidades, además, han "incurrido en falsedad documental ya que las cuentas presentadas a los asociados y a la administración no coinciden".

Igualmente, creen que se ha producido un "posible fraude a la Hacienda Pública al declarar ante la administración una cantidad inferior" de la recaudación para así "obtener una mayor subvención". Finalmente, consideran que las entidades de gestión "pueden haber incurrido en fraude a los asociados, autores, productores y artistas, al no coincidir lo declarado con lo cobrado". Por ello, la plataforma insta al Estado a que investigue las "presuntas irregularidades".

La denuncia va dirigida contra los consejos de administración de las entidades de derechos de autor y contra los "cargos y funcionarios que hayan avalado o encubierto las anteriores conductas". Los denunciantes consideran que se está "ante un defraudación coordinada de decenas de millones de euros, cuyas víctimas y engañados son, en primer lugar, los autores y sin lugar a dudas la Hacienda pública española y también la comunitaria".

La denuncia nace de la publicación por el Ministerio de Cultura de las cantidades declaradas por las diversas entidades de gestión de lo recaudado por copia privada. En ésta se aportan cuadros con las cantidades recaudadas y repartidas por las entidades de gestión de los años 2008 y 2009. Según los denunciantes, estas cifras demuestran que "se llega a retener a los autores, y de forma indebida, hasta casi la mitad de las cantidades recaudadas".

Igualmente, se considera que las cantidades presentadas "han sido cerradas para cumplir con el trámite de presentación, sin mayor control por parte de los organismos públicos que debían vigilar nuestro dinero (...), con la idea de cobrar de los 100 millones de euros pactados, el pedazo de tarta lo más grande posible".

"El gobierno aseguró que si no se llegaba a los 100 millones de euros en su recaudación, las arcas públicas asumirían lo que faltase", recordó el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo. El problema es que las cuentas del Ministerio de Cultura y las gestoras de derechos, según Domingo, no coinciden, lo que indica, a su juicio, "irregularidades manifiestas".

Domingo menciona, igualmente, que este miércoles se vota en el Senado la "la Ley Sinde sin solucionar estas cuestiones relacionadas con el canon". "Hemos avisado que la aprobación de la Ley puede provocar problemas jurídicos y los fallos en la aplicación del canon es una buena prueba de ello", añade. "Consideramos que tanto el canon como la propia Ley Sinde ponen en peligro el Estado de Derecho de los ciudadanos", concluye el presidente de la Asociación de Internautas.

Querella de entidades de gestión

Por su parte, las entidades de gestión interpondrán una querella criminal contra estas asociaciones de internautas. En un comunicado, aseguran que la denuncia presentada por miembros de la Asociación de Internautas (AI), la de Usuarios de Internet (AUI) y la de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT), "es enteramente falsa y calumniosa".

A juicio de las entidades gestoras, la documentación presentada a la Fiscalía Anticorrupción está "sustentada en datos tendenciosa y erróneamente interpretados, y atribuye gravísimos delitos que afectan a la honorabilidad de los responsables de las Entidades de Gestión".

"Las entidades interpondrán una querella criminal por calumnias contra los firmantes del escrito", añade el comunicado que afirma que solicita al Fiscal Anticorrupción "la más rápida" tramitación de la denuncia formulada, su archivo inmediato y la deducción de testimonio de dicha denuncia al Juzgado de Guardia competente por la comisión de un presunto delito de denuncia falsa.

Además, concluye que la actuación de las entidades gestoras se ajusta "escrupulosamente" al marco legal que la regula, en particular en el relativo a todos sus sistemas de reparto, avalados en 2008 y 2010 por los informes de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL).