Análisis
Santiago Carbó
Algunas reflexiones sobre las graves consecuencias de la DANA
Madrid/La Comisión Rectora de la SGAE ha resuelto separar de sus funciones y responsabilidades actuales en la entidad a su director general, Enrique Loras, y a su director financiero, Ricardo Azcoaga, 20 días después de que fueran imputados de apropiación indebida y administración fraudulenta. La decisión se ha adoptado en una reunión de la Comisión Rectora, según han informado fuentes de la SGAE.
Loras y Azcoaga continuaban en sus puestos, como denunció la candidatura DOM (De Otra Manera), que preside José Miguel Fernández-Sastrón, a pesar de que estaban acusados de los mismos delitos que el anterior presidente, Eduardo Bautista, que renunció a su cargo el pasado día 12. Los tres fueron imputados por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional de un delito de apropiación indebida "de especial gravedad" debido al valor de la defraudación y de otro de administración fraudulenta. En el caso de Bautista se añade una tercera imputación, por un delito societario.
Pero mientras que Bautista renunció a todos sus cargos en la SGAE y en sus entidades filiales -incluido el de presidente del Consejo de Dirección-, Loras y Azcoaga han permanecido en los suyos hasta la decisión de la Comisión Rectora. Una comisión que se encarga de "la supervisión de la gestión diaria de la organización hasta la conformación del Consejo de Dirección" y que fue creada el día 12, durante la primera reunión de la nueva Junta Directiva de la entidad, salida de las elecciones del pasado 30 de junio. Estas elecciones se celebraron tan sólo un día antes de que el juez Ruz ordenara los registros en varias sedes de la SGAE que culminaron con la detención de nueve personas.
Los detenidos fueron Bautista, Loras, Azcoaga, el director general de la filial digital de la SGAE (sDae), José Rodríguez Neri, -a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva-, la esposa y cuñada de éste, Antonia García y Elena Vázquez, respectivamente, así como de Eva García, Rafael Ramos y Celedonio Martín, relacionados con la sociedad Microgénesis.
Tras la salida de prisión de Rafael Ramos, socio director de Microgénesis -cúspide del entramado empresarial creado para el desvío de fondos-, después de abonar la fianza de 150.000 euros impuesta por Ruz, sólo Neri continúa encarcelado. Neri, a quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros, se encuentra a la espera de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional resuelva su recurso en apelación contra esa medida.
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