Prisión bajo fianza de 300.000 euros para el director de la división digital de la SGAE

Madrid/El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha enviado a prisión eludible con una fianza de 300.000 euros al presunto cabecilla de la trama relacionada con la SGAE, el director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri. Por su parte ha impuesto al socio director de Microgenésis, Rafael Ramos, una fianza de 150.000 euros.

El magistrado ha dejado sin embargo libres a su esposa María Antonia García Pombo y la hermana de ésta, Eva, después de interrogar durante la jornada de este lunes a estos cuatro últimos detenidos en la conocida como operación Saga. Les acusa de delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta y delito societario en el caso de Neri y de alzamiento de bienes en el caso de Ramos.

Rodríguez Neri, pieza fundamental de la causa y primero en declarar, ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal José Miguel Alonso durante cuatro horas y media. Después ha sido el turno del director de Microgénesis, Ramos, que ha declarado por espacio de tres horas. Las hermanas García Pombo fueron interrogadas en último lugar durante poco más de una hora.

Esta decisión se produce después de que el magistrado decretara el domingo la puesta en libertad, en este caso sin fianza pero con cargos, para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión: el director general Enrique Loras, el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga, y dos altos cargos de Microgénesis SA: la principal accionista de la empresa Elena Vázquez y el director financiero Celedonio Martín.

El magistrado imputa a todos ellos delitos continuados de apropiación indebida que califica como "de especial gravedad atendido el valor de la defraudación" (penado con hasta seis años de prisión) y administración fraudulenta (hasta cuatro años de cárcel). Además, en el caso de Bautista, Ruz le acusa de la comisión de un delito societario a causa de la "negativa o impedimento" a los socios del ejercicio de los derechos de información y participación. Contra Elena Vázquez pesa también una imputación por alzamiento de bienes.

El juez impuso como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio español y la obligatoriedad de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. A la vista de las circunstancias de "especial arraigo en España" de los directivos de la SGAE y de Microgénesis, no consideró que exista probabilidad de fuga.