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La comisión de Economía del Congreso rechazó la Ley Sinde, que permitiría el cierre o bloqueo de páginas web de descargas por una comisión creada por el Ministerio de Cultura, por 20 votos en contra, de todos los grupos políticos de la oposición, y 18 a favor, del PSOE. Más de ocho horas después de ser debatida en la comisión de Economía del Congreso, la disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible, también conocida como ley Sinde, fue rechazada con los votos de PP, CiU, PNV, CC y ERC-IU-ICV tras aplazarse la votación hasta en tres ocasiones debido a la complejidad del proceso de enmiendas.
Una vez concluida la votación, con 18 votos a favor de la ley Sinde del PSOE y 20 en contra del resto de grupos, varios diputados se arrancaron a aplaudir por el resultado, en el que finalmente no hubo sorpresas de última hora, a pesar de las negociaciones de los socialistas por salvar la normativa. Ya durante el debate de la mañana todos los grupos parlamentarios manifestaron su desacuerdo a la ley que incluye la creación de una comisión de propiedad intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, y que sería la encargada de examinar las denuncias presentadas y remitirlas a la Audiencia Nacional, que en el plazo de 4 días decidiría sobre el cierre o bloqueo de esa web.
La decisión de los grupos no respondió al llamamiento realizado a primera hora de la mañana y, también horas antes de celebrarse la votación, por la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, quien apeló al "buen criterio" de los diputados para que la ley antidescargas fuese aprobada. Los argumentos esgrimidos por todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, transitaron desde las dudas sobre la constitucionalidad del texto, en el caso de CC, PP y ERC-IU-ICV, hasta considerar la disposición "una chapuza propia de Pepe Gotera y Otilio", como aseguró el portavoz de ERC Joan Ridao, o "la ley de la patada al módem", como expresó la diputada de ICV Nuria Buenaventura. Ridao señaló que la medida era "poco eficiente, porque no se pueden poner puertas al campo y no se puede suplantar a la justicia ordinaria", al tiempo que el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, supeditó su apoyo a la disposición, a la que no habían presentado enmiendas, a alcanzar un acuerdo con el PSOE en otros aspectos de la Ley de Economía Sostenible, un pacto que no fue posible.
Mientras se discutía la ley, la polémica se calentaba desde primera hora de la mañana en redes sociales, blogs y foros. Las protestas alcanzaron la página del Congreso de los Diputados, que permaneció bloqueada durante todo el día debido a ataques masivos de cibernautas.
El cantante Alejandro Sanz se mostraba más contundente al afirmar en su cuenta de Twitter "qué cobardes e hipócritas los políticos españoles que no van a votar la Ley Sinde de protección a la propiedad intelectual". Asimismo, las páginas de las distribuidoras de cine Alta Films, Emon o Karma apagaron sus webs como protesta. Más de 150 escritores, entre ellos Almudena Grandes, Rosa Montero, Juan José Millás, Ángeles Caso, Elvira Lindo, Fernando Savater y Enrique Vila Matas, han firmado un manifiesto en favor de los derechos de autor ante el "saqueo que se está produciendo desde hace años en los productos digitales".
El Manifiesto por el Copyright señala que "internet debe ser un medio libre y neutral, pero eso no quiere decir que no deban existir reglas en su administración y que pueda conservar la impunidad quien las infringe". Por su parte, la Coalición de Creadores e Industrias Culturales, defensora de la que consideran una ley "de mínimos", advirtió de que el rechazo a la norma antidescargas conllevaría una petición a la UE de un modelo "más duro" y que contemplase penalizaciones no solo para las webs, sino también para sus usuarios. Frente a las manifestaciones de apoyo a la ley Sinde, internet experimentó una cascada de comentarios en redes sociales, blogs y foros en contra de la norma, hasta el punto de que se convirtió en trending topic del día en Twitter.
Más de 5.000 internautas se han sumado al manifiesto de Facua-Consumidores en Acción, cuyo manifiesto "Si es legal, es legal" supera las 35.000 firmas que defienden que la ley está realizada "al dictado de la multinacionales que dominan la industria cultural y del Gobierno de EEUU". Tras la votación, la Red ser convirtió en escenario de celebraciones por parte de los internautas frente a los proclives a la ley, consternados al no aprobarse la normativa.
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