Un juez de EEUU da la razón a España en el litigio contra Odyssey

El Gobierno español obtuvo este jueves una importante victoria legal en la batalla por la propiedad del tesoro valorado en 500 millones de dólares que la empresa Odyssey rescató del fondo del Atlántico, frente al Algarve portugués, procedente del naufragio de un buque español.

La empresa Odyssey bautizó el caso como el Cisne negro y desde la primavera del año 2007 ha defendido que España no podía demostrar que el tesoro encontrado corresponde a la fragata de la Armada Nuestra Señora de las Mercedes.

El juez Mark Pizzo de Tampa (Florida) dictaminó, según fuentes del Tribunal, que no tiene jurisdicción sobre el caso y que el tesoro debe ser devuelto a España.

En su dictamen, el juez Pizzo aceptó completamente los argumentos del Gobierno español y señaló que el tesoro debe ser devuelto a España porque el naufragio corresponde a la fragata Nuestras Señora de las Mercedes, por lo que la carga está sometida a la inmunidad soberana.

La pelea judicial no termina aquí, ya que inmediatamente la empresa cazatesoros Odyssey anunció que apelará la decisión del juez Pizzo, que ha sorprendido a la empresa de Tampa.

"Vamos a recurrir al recomendación del magistrado", afirmó la vicepresidenta de Odyssey, Melinda MacConnel, en un comunicado difundido esta noche por la empresa.

"Este es un caso donde hay claramente muchos asuntos relevantes que han sido disputados, como si el buque de las Mercedes estaba o no en una misión comercial y si la propiedad de las piezas recuperadas pertenecen o no a España".

"Supongo que los demandantes que reclaman sus derechos de propiedad por el hecho de que eran de sus ancestros se unirán a nuestro recurso", agregó McConnel.

El director general de Odyssey, Greg Stemn, manifestó, por su parte, su sorpresa por el dictamen del juez Pizzo y señaló que han cumplido escrupulosamente con la ley.

"Me parece equivocado que el tribunal haya encontrado pruebas suficientes para identificar que el pecio pertenece al buque de (Nuestra Señora de) las Mercedes y que ni Odyssey ni los descendientes de los propietarios no tienen ningún derecho legal", señaló Stemn.

"Confío en que el juez o tribunal de apelación reconozca el vacío legal de la reclamación presentada por España", agregó Stemn.

La empresa destacó, por último, que presentará el recurso contra la decisión del juez Pizzo y que seguirá defendiendo con todas sus fuerzas sus derechos sobre el tesoro.

Odyseey presentó en el año 2007 el caso ante un tribunal de Tampa y argumentó que le pertenecían el medio millón de monedas de oro y plata que se habían encontrado en el fondo del Atlántico de lo que España considera era el hundimiento de la fragata de Nuestra Señora de las Mercedes que naufragó en el año 1804.

Odyssey ha presentado desde entonces una dura batalla legal con los representantes legales del gobierno español.

El Gobierno español presentó las pruebas jurídicas en las que fundamenta la protección de la fragata de guerra de la Armada española y rechazó las demandas de Odyssey, por lo que reclamó la devolución de todos los objetos tomados por Odyssey del yacimiento.

Los documentos históricos presentados indican que la fragata Mercedes se hundió en combate contra la flota inglesa el 5 de octubre de 1804 frente a las costas del sur de Portugal, por lo que defendió que son patrimonio histórico, además de ser la tumba de más de 250 marinos y ciudadanos españoles que murieron cuando la Mercedes explotó y se hundió.

El Gobierno español criticó también que Odyssey llevó a cabo en secreto la tarea de excavación marina después de haber recibido instrucciones específicas de que estaba prohibida.

La documentación presentada por el Gobierno español demostró que la fragata de Las Mercedes estuvo en servicio militar activo con la misión de proteger al Estado español y a sus ciudadanos a lo largo de toda su historia, y también en el momento en que explotó y se hundió en combate.

El abogado estadounidense Jim Goold, que representó los intereses del Gobierno español, destacó además que Odyssey era consciente de que sabía que se trataba de esa fragata española, por lo que actuó en secreto.

En la documentación presentada por España se incluyó material fotográfico y otras pruebas como cañones, anclas, armas, efectos personales y una amplia variedad de otros materiales, incluyendo las monedas tomadas del barco, que permitieron identificar el pecio como el lugar donde se hundió la fragata Nuestra Señora de las Mercedes.

El abogado Goold defendió también el derecho de la inmunidad soberana que otorga el derecho a una nación a proteger sus sitios y su patrimonio histórico (incluidos barcos hundidos) de cualquier tipo de perturbación y expolio por cazatesoros.

Por ello, la fragata Las Mercedes está protegida por los mismos principios de inmunidad soberana que se aplican a los barcos de Estado de todas las naciones, que prohíben la perturbación no autorizada o explotación comercial de los mismos, según defendió Goold.