Apuntes de cultura económica: González-Sinde defiende su ley

"La cultura debe de estar presente en el corazón de nuestra economía". Ésta es la premisa bajo la que Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura, ha vuelto a defender este martes en la Comisión de Cultura del Congreso la polémica introducción de la Disposición final segunda, que permitirá a una comisión creada a tal efecto el cierre de páginas webs de enlaces, en la Ley de Economía Sostenible (LES), pendiente aún de aprobación parlamentaria.

Aunque a lo largo de su comparecencia, y del turno de interpelación de los diferentes grupos parlamentarios, han surgido otras cuestiones -entre ellas, la controversia en torno al valenciano barrio del Cabanyal, la fusión de las sociedades estatales de fomento cultural o la ausencia de pluralidad lingüística en el canal televisivo Cultural.es-, la popularmente conocida como Ley Sinde ha ocupado buena parte de la intervención de la ministra, quien considera que vivimos "un momento decisivo para la cultura española".

"Se nos ha acusado de querer cortar la conexión de los usuarios a internet o de estar en contra del copyleft. Sólo trabajamos contra la injusticia", se ha defendido González-Sinde, para quien "unas cuantas páginas web están poniendo en juego nuestra riqueza y muchos puestos de trabajo".

En este particular contexto es donde la ministra sitúa las diferentes acciones llevadas a cabo por el Gobierno durante el semestre de presidencia española de la Unión Europea, encaminadas, según ella, a la "creación de una política común europea" en materia de protección de derechos de autor y al fomento de una "oferta legal" de contenidos en la red. "Los gobiernos de los 27 estamos poniendo énfasis en la actualización del marco comunitario de los derechos de autor" para "lograr una protección equilibrada" de éstos, ha asegurado, haciendo hincapié en la necesidad de promover la disponibilidad de "contenidos culturales digitales" sin descuidar los derechos de propiedad intelectual.

González-Sinde ha vuelto a invocar la futura convocatoria de un "comité de sabios" comunitario que, presuntamente, velará por dicho equilibrio.

La ministra, que define las industrias culturales como "un sector sostenido en una materia prima tan limpa como el talento", ha asegurado que se trata de "medidas económicas inteligentes" destinadas a "establecer las condiciones que permitan que nuestro país cuente con más y mejores autores, y que éstos sepan que el esfuerzo que realizan merece la pena".

Así justifica la contemplada creación de la comisión encargada de proponer el cierre de las webs de enlaces, que, tras la polémica suscitada una vez conocido el proyecto, tendrá que contar con autorización judicial previa al bloqueo. "La figura del juez será central en el proceso. No se bloqueará ninguna web sin su intervención", ha reiterado González-Sinde, quien, no obstante, ha pasado por alto un detalle que sigue levantando ampollas más allá del ámbito internauta: el juez no decidirá en principio sobre la licitud o no de los enlaces provistos por dichas webs, sino si sobre su cierre atenta contra el derecho fundamental a la libertad de expresión.

De este modo, según han denunciado numerosos especialistas en propiedad intelectual, se estaría apartando a la judicatura de un terreno en el que ésta siempre se ha mostrado proclive a los derechos de los usuarios, al considerar que de no mediar ánimo de lucro, y al limitarse a proveer enlaces externos, dichas webs no estarían incurriendo en ningún delito.

Aún así, la ministra ha calificado el modelo español como "garantista", mucho más, ha asegurado, "que el francés o el británico", y se ha felicitado por el hecho de que "el intenso debate público en torno a los derechos de autor" haya conseguido, a su juicio, que la necesidad de defender la propiedad intelectual "haya calado en nuestra sociedad".

Por su parte, ya en el turno de preguntas, la portavoz del Grupo Mixto, Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha recriminado de manera sutil a González-Sinde que, en un momento en el que la cultura y el conocimiento "cuentan con oportunidades de difusión" inéditas, su ministerio ponga el acento en "la defensa del statu quo de la propiedad intelectual". José María Lassalle, portavoz de Cultura del Partido Popular, ha anunciado que su grupo parlamentario presentará una enmienda al texto con el objetivo de reclamar una "tutela judicial efectiva" de cualquier proceso de bloqueo de páginas web.