Los derechos humanos retroceden en Afganistán tras un año de régimen talibán
La organización humanitaria Amnistía Internacional constata las "flagrantes violaciones de los derechos" perpetrados por los talibanes
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Un año después de que los talibanes retomaran el control de Afganistán tras la retirada de las tropas internacionales, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) ha documentado en un informe las "flagrantes violaciones de los derechos humanos" que ha perpetrado su régimen.
El trabajo de la organización pone de manifiesto la impunidad generalizada ante crímenes como la tortura, los asesinatos de represalia y los desalojos forzosos de quienes se oponen a los talibanes.
En el documento titulado "Un año de violencia, impunidad y falsas promesas", AI constata que la situación sobre el terreno es completamente distinta a la que anticipaban los líderes talibanes en agosto de 2021, cuando aseguraban que se respetarían los derechos de las mujeres y la libertad de prensa, entre otros aspectos.
"Se comprometieron públicamente a proteger y promover los derechos humanos. Pero la velocidad a la que están desmantelando 20 años de avances en materia de estos derechos es impresionante", señala Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional.
"Toda esperanza de cambio se ha desvanecido mientras los talibanes tratan de gobernar mediante la represión violenta con total impunidad", lamenta.
Los talibanes han restringido el derecho a la educación, oscureciendo el futuro de millones de niñas afganas, sostiene Amnistía Internacional, que alerta demás de que las autoridades "someten a las mujeres a una violencia creciente", en ocasiones como una forma de castigar a sus familiares.
Decenas de mujeres han sido detenidas y torturadas por participar en protestas pacíficas para exigir sus derechos, en medio de restricciones crecientes que les han despojado de sus libertades, describe la organización humanitaria.
"No debemos quedarnos de brazos cruzados, mirando mientras colapsan los derechos humanos de toda una población. Una respuesta internacional firme, significativa y unida es la única esperanza de poner fin a la pesadilla que el pueblo afgano soporta desde hace ya un año", afirmó Mishra.
En los últimos doce meses, AI ha recibido "informes generalizados" sobre soldados talibanes que golpean y torturan a personas por considerar que han infringido edictos talibanes o a las que acusan de trabajar con el Gobierno anterior.
Cientos de personas civiles han sido detenidas arbitrariamente. "A muchas las golpean con culatas de fusiles o las azotan durante el arresto", relata el informe.
Amnistía recoge el testimonio de Sahiba, una manifestante a la que identifica con un nombre ficticio que narró cómo fue detenida ilegalmente y salió de su presidio llena de hematomas.
"No hubo tribunal, no hubo cargos y no hubo garantías procesales. Nos secuestraron en las calles, nos tuvieron en una cárcel privada varios días, durante los cuales no tuvimos acceso a nuestra familia, abogado ni a ninguna otra autoridad", explicó.
"Algunas de las mujeres y niñas que estaban en la misma habitación que yo nunca volvieron y ninguna de nosotras supo qué les había pasado=
Unicef denuncia el coste económico del cierre de escuelas
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció este lunes, coincidiendo con el primer aniversario de la llegada al poder de los talibanes, que el cierre de las escuelas secundarias femeninas en Afganistán puede acarrear un pesado coste económico de hasta 5.400 millones de dólares.
"Afganistán perderá potencialmente 5.400 millones de dólares en ingresos si el país no consigue educar a las niñas para que completen la educación secundaria", advirtió Unicef en un análisis.
El Fondo estimó las ganancias que los tres millones de jóvenes afganas, pendientes de finalizar sus estudios secundarios, portarían a la maltrecha economía afgana si participasen luego en el mercado laboral.
Los talibanes habían prometido, después de tomar el poder hace hoy un año, reabrir las escuelas para las jóvenes de entre 12 y 18 años en Afganistán tan pronto como se "adaptaran" los contenidos a la ley islámica o sharía.
Pero el pasado 23 de marzo, cuando las afganas se disponían por fin a retomar las clases, los fundamentalistas dieron marcha atrás y mantuvieron el cierre.
"La decisión (...) fue alarmante y profundamente decepcionante. No solo violó el derecho fundamental de las niñas a la educación, también las expuso a un mayor nivel de ansiedad y un mayor riesgo de explotación y abusos, incluyendo la trata infantil y el matrimonio precoz y forzoso", dijo el representante de Unicef en Afganistán, Mohamed Ayoya.
La agencia denunció que este año de cierre de escuelas femeninas "no es desdeñable", aunque reveló que el país "solo" perdería 500 millones de dólares o el equivalente del 2,5 % de su PIB en 2020 si reabriesen hoy en día.
Unicef recordó que antes de la llegada al poder de los talibanes, Afganistán ya contaba con 4,2 millones de menores fuera del sistema educativo, un 60 % de ellos niñas
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