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La policía sueca interroga al fundador de 'WikiLeaks' por un caso de abuso

Julian Assange se enfrenta a un delito menor, tras ser archivado por la juez el caso de una mujer que le acusaba de violación.

El misterioso señor Assange
Efe

31 de agosto 2010 - 11:25

El fundador de WikiLeaks, el australiano Julian Assange, ya ha sido interrogado por la policía sueca en la investigación preliminar de un caso en el que es sospechoso de acoso, según informa el periódico sueco Aftonbladet.

El abogado de Assange, Leif Silbersky, confirmó al diario que su cliente declaró ayer en una comisaría de Estocolmo, pero no ofreció más datos aludiendo al secreto de sumario, el mismo motivo usado por la Fiscalía para no confirmar si tuvo lugar el interrogatorio.

Assange fue denunciado por delitos sexuales por dos mujeres distintas, aunque la fiscal general sueca, Eva Finné, ordenó la semana pasada archivar uno de los casos, en el que era sospechoso de violación, y reducir el otro a una sospecha por acercamiento indebido, abuso o acoso.

La legislación sueca define este último delito -que denomina ofredande- como que alguien de forma clara importune o, con otro comportamiento desconsiderado, moleste a otra persona.

El delito aquí hace referencia a que Assange supuestamente rompió conscientemente un preservativo cuando tuvo sexo con la mujer, según Aftonbladet, que no especifica sus fuentes.

Durante el interrogatorio, el fundador de Wikileaks confirmó que había vivido en casa de la denunciante durante una semana y que habían tenido sexo juntos, pero negó la acusación.

Su abogado aseguró al periódico sueco que durante su larga carrera en el mundo del derecho nunca había afrontado "una situación tan extraña" como el caso de Assange.

El fundador del famoso portal de Internet dedicado a difundir informaciones confidenciales había llegado a Suecia hace dos semanas para dar varias conferencias por todo el país.

Una fiscal de guardia emitió el pasado día 20 una orden de captura contra él por una acusación de violación, que 24 horas después fue revocada por la fiscal general, justificando su decisión porque contaba con más información, sin dar más detalles.

Cuatro días después el caso, que ha despertado atención internacional, quedó reducido a una sospecha por un delito menor, que normalmente se castiga con una multa.

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