Las denuncias de abusos centran los primeros días del Gobierno talibán

Kabul/Los talibanes tomaron el poder en Afganistán con un discurso de reconciliación y apertura, pero a medida que se asientan en Kabul las denuncias de abusos aumentan, como la restricción de los derechos de las mujeres o el arresto y torturas a manifestantes.

El anuncio del Gobierno interino de los talibanes esta semana hace prever que poco va a cambiar en el país respecto al anterior régimen islamista entre 1996 y 2001, dominado por el abuso de los derechos humanos, con el entonces segundo en el Ejecutivo afgano, el mulá Hassan Akhund, ascendido ahora al puesto de primer ministro.

Más de una docena de los miembros del nuevo gabinete del Gobierno interino de los talibanes figuran además en la lista negra de terroristas del Consejo de Seguridad de la ONU, muchos de ellos con órdenes de captura por las agencias estadounidenses.

Entre ellos destaca Sirajuddin Haqqani, sobre quien pesa una recompensa de 10 millones de dólares por parte de las autoridades estadounidenses por información que ayude a su captura, y que fue nombrado esta semana nuevo ministro de Interior.

Una de las medidas más criticadas ha sido la dura represión de las protestas en las principales ciudades del país, en las que miles de manifestantes, muchos de ellos mujeres, salieron a las calles para reclamar sus derechos y el apoyo a grupos opositores.

"Los talibanes han insistido repetidamente en que respetarán los derechos humanos, pero estas afirmaciones están completamente en desacuerdo con lo que estamos viendo y escuchando actualmente en ciudades de todo el país", aseguró en un comunicado la activista afgana de Amnistía Internacional Samira Hamidi.

La activista lamentó que "los afganos que han salido a las calles, comprensiblemente asustados por su futuro, son objeto de intimidación, acoso y violencia, especialmente contra las mujeres" y además "varios periodistas que intentaron cubrir las protestas han denunciado que les detuvieron, golpearon y confiscaron sus equipos".

Las imágenes de dos periodistas afganos con marcas de torturas en la espalda y las piernas tras ser detenidos por los talibanes, incapaces de mantenerse en pie y caminando con la ayuda de compañeros, se hicieron pronto virales y dispararon las alarmas.

Entre los al menos 14 trabajadores de medios de comunicación que fueron golpeados y arrestados temporalmente esta semana por los talibanes se encontraba un reportero de un canal de noticias local, que narró a Efe lo sucedido.

"Empezamos a correr pero los talibanes nos capturaron, nos tiraron al suelo, nos esposaron y comenzaron a dar puñetazos y patadas en la cara, cabeza y cuerpo", dijo, bajo condición de anonimato. Luego, añadió, les "arrojaron a la parte trasera de un camión" y los llevaron al centro de la principal agencia de inteligencia afgana, NDS, para interrogarlos durante horas, hasta que los liberaron con la condición de no cubrir otra protesta "ilegal".

Los talibanes, en varios comunicados, han dejado claro que aunque las protestas no están completamente prohibidas, ahora deberán recibir el visto bueno con antelación de las autoridades, y se deberán comunicar los eslóganes al menos una hora antes del inicio.

Así, explicaron, se evitarán esas "manifestaciones en carreteras que alteran la seguridad y causan molestias a los civiles".

La enviada de Naciones Unidas para Afganistán, Deborah Lyons, advirtió el jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU de que la comunidad internacional debe desbloquear los fondos de ayuda para evitar que se agrave la crisis humanitaria en el país, aunque subrayó que los talibanes también deben poner mucho de su parte.

"Los talibanes ganaron el poder pero aún no cuentan con la confianza del pueblo afgano (...) Ahora deben decidir si desean mostrar flexibilidad y apoyar los derechos y esperanzas de cada afgano o si tienen la intención de devolver a Afganistán a un período oscuro", subrayó Lyons.

Ese "período oscuro" del anterior régimen talibán se caracterizó por la repetida violación de los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres, que eran condenadas a permanecer encerradas en el interior del hogar, sin trabajar o ir a la escuela, y sólo se les permitía salir acompañadas de un varón de la familia.

Los talibanes insisten ahora en que el papel de la mujer en la futura sociedad afgana se decidirá pronto en base a la sharia o ley islámica, aunque hasta entonces son numerosas ya las denuncias de mujeres a las que les impide acudir a sus puestos de trabajo.

Además, en la provincia norteña de Panjshir, el último bastión contra los talibanes que sucumbió esta semana bajo su control, salvo en algunas zonas remotas y montañosas, se denunció ayer que miles de civiles se han visto desplazados debido a la violencia talibán.

"Los talibanes han forzado y expulsado a miles de personas de sus hogares y pueblos en Panjshir. Han comenzado con la opresión y los asesinatos", dijo en un comunicado el grupo opositor Frente de Resistencia Nacional (NRF).

La formación opositora acusó a los talibanes de "continuar su limpieza étnica, una situación ante la que el resto del mundo se limita a mirar e ignorar", con un despliegue de tropas con el que están "vengándose y matando gente", especialmente a jóvenes.