Turquía pedirá formalmente la extradición de Gülen

El primer ministro turco, Binali Yildirim, ha afirmado este martes que Turquía está dando pasos para pedir formalmente a Estados Unidos la extradición del predicador Fethullah Gülen, al que considera responsable del fallido golpe de Estado del viernes pasado, si bien criticó la necesidad de aportar pruebas.

"Tanto el presidente (Recep Tayyip Erdogan) como yo hemos hecho llamamientos a Estados Unidos para que nos devuelvan al cabecilla del terrorismo. El Ministerio de Justicia envió el expediente. Pero nos piden pruebas. Cuando las cosas son obvias, no se necesitan pruebas", aseguró el mandatario.

"Enviaremos muchas pruebas. Pero quiero preguntar a nuestros amigos estadounidenses: ¿pidieron ustedes pruebas al ir a por los terroristas que derribaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre? ¿Pidieron pruebas para internar a sospechosos en Guantánamo?", preguntó Yildirim.

"No sigan protegiendo a este cabecilla terrorista (Gülen). No tiene ninguna utilidad para ustedes", aconsejó el primer ministro en una alocución en el Parlamento televisada en directo.

Reiteró que su Gobierno no tiene "la más mínima duda" sobre quién organizó el fallido golpe y aseguró que la red gülenista "se ha ido extendiendo dentro del Ejército desde 1980".

Por otro lado, agradeció las declaraciones de líderes europeos que han condenado el intento de golpe si bien criticó que añadiesen un "Pero...", haciendo llamamientos a respetar los derechos de los detenidos.

"Hemos entregado nuestras vidas, la gente está en la calle. ¿Quieren ustedes que relajemos la lucha contra el terror? No: todos los que esperaban algún beneficio del golpe serán castigados severamente", dijo el jefe de gobierno.

Prometió no obstante actuar "en el marco de la ley, no con emociones ni con furia".

"Impondremos la pena más grave a los conspiradores, y si las leyes existentes no bastan, haremos leyes más severas. Tenemos delante el mensaje de la nación", dijo, en referencia a las voces que piden reintroducir la pena de muerte, abolida en 2004.

Yildirim anunció que también se castigará a quienes abusaron de los soldados rasos implicados en el golpe y advirtió contra el peligro de provocaciones.

"Mañana se reunirá el Consejo de Seguridad Nacional, y luego el Gabinete ministerial, encabezado por el presidente, y se tomarán decisiones muy importantes", dijo Yildirim, reiterando un mensaje de Erdogan anunciando que se tomará una decisión de relieve.

"Esperemos hasta mañana. Si dios quiere, mañana anunciaremos una noticia muy buena para el pueblo", vaticinó.

Fuentes de la oposición han señalado a Efe que esta misteriosa decisión que se anunciará el miércoles podría ser la declaración de la ley marcial.

Censura a la suspensión masiva de jueces

La ONU criticó este martes la suspensión masiva de jueces y fiscales dispuesta por el Gobierno turco tras el intento de golpe de Estado y sostuvo que para proceder a una medida como esta "cada caso debe ser examinado antes de manera independiente e individual".

"Una suspensión masiva -como la que ha ocurrido en cuestión de 48 horas, con la remoción de al menos 2.745 jueces y fiscales- no permite una evaluación individual", declaró una portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Husein.

"La independencia de la judicatura y de cualquier profesional legal es clave para una administración de justicia, y los jueces deben ser capaces de ejercer sus funciones sin restricciones indebidas, presiones, amenazas o interferencias", sostuvo Zeid.

El alto comisionado instó igualmente a las autoridades a que no permitan que se violen los derechos humanos "en nombre de la seguridad y en el apuro de castigar a aquellos que se cree que son los responsables (del fallido golpe)".

Por ello, la ONU también considera alarmante que altos funcionarios del gobierno hayan empezado a hablar de restablecer la pena de muerte con el aparente objetivo de aplicarla a los participantes en el intento de golpe, lo que Zeid aseguró que sería no sólo inaceptable, sino ilegal.

"Turquía abolió la pena de muerte en 2002, pero no ha realizado ninguna ejecución desde hace 32 años, y restablecerla sería una violación a sus obligaciones internacionales", sostuvo.

Al comentar esta posición, la portavoz de Zeid, Ravina Shamdasani, aclaró que la pena capital "no se puede aplicar retroactivamente si ésta no estaba vigente cuando el crimen fue cometido".

Sostuvo que las declaraciones oficiales que van en ese sentido son "un paso en la mala dirección y realmente lo desaconsejamos, ya que sería la respuesta equivocada al ataque sufrido contra los principios democráticos en Turquía".

Shamdasani fue más allá en su explicación al indicar que Turquía es signatario tanto del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de su segundo protocolo opcional, instrumentos que no le permiten dar marcha atrás con la abolición de la pena capital.

"Así que reanudar la pena de muerte sería una violación", insistió la portavoz.

La ONU se ha dirigido igualmente al Gobierno turco para señalarle que frente al gran número de personas detenidas tras los eventos del fin de semana debería permitir el acceso de observadores independientes a los centros de detención.

Ello además de garantizar a los detenidos el respeto del principio de presunción de su inocencia, las reglas de un proceso justo y todas las garantías anexas.

"Los observadores pueden ser de la ONU o no, lo importante es que sean independientes y puedan verificar que los lugares de detención son apropiados, entrevistar a los detenidos sin restricciones y asegurarse de que éstos pueden ver a su defensa y a sus familias", indicó Shamdasani.