El Parlamento Europeo registra al menos 88 denuncias internas por acoso desde 2013

Estrasburgo/El Parlamento Europeo acumula al menos 88 denuncias internas por situaciones de acoso psicológico o sexual desde el año 2013 hasta 2021; de ellas, al menos 37 fueron iniciadas por personal hacia eurodiputados y sólo una minoría acabó en sanciones para los denunciados.

Los datos, a los que ha tenido acceso Efe, figuran en los cuestionarios que la administración de la Eurocámara debe cumplimentar durante el proceso de aprobación de sus cuentas anuales y remite a su comisión de Control Presupuestario. Este organismo ha preguntado por el número de casos de acoso gestionados internamente desde 2016 hasta 2021 y anteriormente lo había hecho también en 2013.

En esos cuestionarios, el Parlamento reconoce que sus organismos internos han acumulado un mínimo de 88 denuncias. No hay datos de los años 2014 y 2015.

De ese total, 37 denuncias fueron de asistentes hacia sus eurodiputados, aunque los informes destacan que algunas conciernen a un único diputado que acumula varias.

Aunque en los documentos no se especifica el porcentaje del total de denuncias en el que la Eurocámara determinó que se había producido acoso, sí recogen seis sanciones a los denunciados, todas ellas desde 2018, y dos casos más de acoso ese mismo año, sobre los que, a fecha del envío del cuestionario, se estaba aún decidiendo el alcance de la sanción.

A estas cifras se suma, desde el martes, la eurodiputada socialista española Mónica Silvana González, después de que la Eurocámara haya rechazado su recurso contra una sanción de 30 días sin actividad parlamentaria y 30 días de pérdida de dietas diarias por su acoso psicológico hacia tres asistentes entre 2019 y 2021.

El camino que se abre a un asistente en la Eurocámara que se decide a denunciar a su superior por acoso es, en principio, poco complejo: debe acudir ante el comité consultivo para las quejas por acoso que afectan a diputados, que abrirá una investigación si considera que tiene pruebas suficientes.

Tras invitar al diputado para que pueda explicar su punto de vista y a testigos por ambas partes, así como examinar las pruebas que aporten, el comité consultivo (compuesto por tres eurodiputados y dos representantes de los asistentes) realiza una recomendación al presidente del Parlamento, que toma la decisión final.

Los ex asistentes de González no recuerdan un proceso particularmente complicado para denunciar, pero sí lo mucho que se demoró su resolución, un año y medio.

El cuestionario cumplimentado por la administración parlamentaria para la aprobación de las cuentas de la institución en 2017, por contra, habla de una media entre 6 y 8 meses para los casos que no involucran a eurodiputados y 9,6 meses de promedio para los que sí.

Efe ha intentado establecer contacto con varios miembros del actual comité consultivo, pero todos ellos han declinado hablar y han aludido a la confidencialidad de su labor.

La eurodiputada española María Eugenia Rodríguez Palop (Podemos) es una de las encargadas de negociar una resolución no vinculante sobre el acoso sexual en la Unión y el análisis del movimiento #MeToo, que también examina cómo funcionan los protocolos internos para denunciar acoso psicológico en la institución.

Es el cuarto informe de este tema en apenas seis años, tras documentos similares en 2017, 2019 y 2021. Pese a un apoyo amplio cuando estos textos llegan al pleno, algunas reformas se bloquean cuando toca tomar decisiones a nivel administrativo para ponerlas en marcha, sea en el propio comité consultivo o en la comisión de Asuntos Constitucionales, que gestiona cambios en las normas internas, según Rodríguez Palop.

"Ya hicimos una resolución anterior y han hecho caso omiso de lo que se planteaba ahí", explica a Efe, y apunta a problemas en la transparencia sobre las denuncias, los tipos de sanciones que se pueden imponer ("retirada de dietas y poco más") y el escaso "apoyo y asesoría" a los denunciantes.

Una portavoz de la Eurocámara dijo a Efe que la institución "se esfuerza por crear un entorno de trabajo seguro e integrador, en el que se respeten la igualdad y la diversidad, en el que haya tolerancia cero frente al acoso y en el que los conflictos se prevengan o resuelvan en una fase temprana".

Las normas internas para prevenir y abordar el acoso se reforzaron en 2018 con reformas en el funcionamiento del comité consultivo, un nuevo código de comportamiento adecuado o un aumento de las formaciones sobre prevención y campañas de sensibilización, así como la creación de una red de asesores confidenciales a disposición de quienes necesiten orientación.

En esta legislatura, 262 de los 705 diputados actuales han participado en las formaciones para prevenir el acoso.