Macron salva por la mínima su Gobierno y su reforma de las pensiones

París/Por tan solo nueve votos, el presidente francés, Emmanuel Macron, salvó este lunes la continuidad de su Ejecutivo y la reforma de las pensiones que ha provocado multitudinarias manifestaciones en el país y la parálisis de algunos sectores de la economía.

Más que nunca, el partido del presidente mostró su debilidad en la Asamblea Nacional, donde el Ejecutivo de Élisabeth Borne se enfrentó a dos mociones de censura, para totalizar 16 desde que hace un año fue nombrado, y salvó el pellejo por un estrecho margen.

La primera moción, presentada por un grupo de diputados centristas, regionalistas e independientes, aglutinó 278 de los 287 votos necesarios, mientras que la de la extrema derecha solo tuvo 94, algo más de los votos del partido de Marine Le Pen.

El resultado es un alivio para el Gobierno, pero también la constatación de que su margen de maniobra pende de un hilo y que cada iniciativa se enfrenta a un camino pedregoso, al tiempo que da alas a proseguir la movilización social contra el Ejecutivo.

Desde que el partido de Macron perdió la mayoría absoluta en las legislativas de junio pasado, Borne no ha sabido tejer alianzas, lo que le ha llevado a acudir en once ocasiones a aprobar reformas sin voto parlamentario.

Hasta ahora, la primera ministra había logrado, mal que bien, sacar adelante proyectos gracias al respaldo de la derecha tradicional de Los Republicanos (LR), pero en la reforma de las pensiones este partido se fracturó.

Casi un tercio de los 61 diputados del LR apoyaron esta vez la primera moción de censura, lo que pone al Gobierno pendiente de un partido en plena descomposición, con guerras intestinas tres meses después de haber celebrado un congreso. La dirección de LR aseguró que se plantea la exclusión de los 19 diputados díscolos.

LA OPOSICIÓN SE CRECE

Tanto la izquierda como la extrema derecha casi vieron lo ajustado del resultado como una victoria, ya que aseguraron que el respaldo del Ejecutivo se degrada con el paso de los meses. Además, anunciaron un recurso ante el Consejo Constitucional contra la reforma de las pensiones, lo que retrasará unas semanas su entrada en vigor.

Pero la izquierda fue clara al apelar a proseguir el combate contra esa reforma en las calles, donde desde principios de año los sindicatos han multiplicado las jornadas de manifestación y las huelgas. "Nueve votos no pueden detener la democracia social. El pueblo tiene que tomar cartas en el asunto y es lo que va a hacer", aseguró el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que apeló a seguir manifestando contra esa reforma que retrasa dos años, hasta los 64, la edad mínima de jubilación.

La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, por su parte, consideró que "el Gobierno pierde legitimidad" y apeló a Macron a convocar un referéndum sobre la reforma de las pensiones. Le Pen consideró que la crisis política que vive el país solo puede superarse "por las urnas", por lo que pidió una disolución de las cámaras y la convocatoria de legislativas.

SIGUEN LAS PROTESTAS

Los opositores a la reforma siguieron manifestando en contra de la misma en varias ciudades del país, mientras que el sindicato más combativo, la CGT, aseguró que la aprobación de la reforma "no frena la determinación de los trabajadores". Poco después de las votaciones en la Asamblea, se formó una concentración en la plaza Vauban, junto al mausoleo de Napoleón, en contra de la reforma.

Varios sectores, como los transportes, la educación o la recogida de basuras de diversas ciudades, mantienen llamamientos a la huelga en los próximos días y los sindicatos han convocado una novena jornada de paros y manifestaciones para este jueves.

Durante el debate de las mociones de censura, la primera ministra defendió que la reforma fue uno de los compromisos de Macron durante la campaña y acusó a la oposición de otorgar más legitimidad a la calle que a las instituciones. "Acaba la vía democrática de esta reforma esencial", indicó la jefa del Gobierno tras el rechazo de las mociones.

La jefa del Gobierno aseguró que "nadie tiene el monopolio para hablar en nombre del pueblo" y pidió respeto por las instituciones democráticas.