Londres y Edimburgo disputan quién puede convocar otro referéndum en Escocia

Londres/Los abogados del Gobierno escocés, Dorothy Bain, y británico, James Eadie, discreparon este martes en el Tribunal Supremo británico sobre si el Parlamento de Edimburgo tiene competencias para convocar un referéndum meramente "consultivo" sobre la independencia en Escocia.

Bain fue la primera en presentar sus argumentos en la audiencia de este martes, tras lo cual intervino Eadie, que concluirá el miércoles su exposición. El Partido Nacional Escocés (SNP), mayoritario en Escocia y parte interesada en este caso, ha remitido su posición por escrito.

Al comienzo de la sesión, el presidente del Supremo, Robert Reed, advirtió de que la corte puede tardar "meses" en emitir su fallo, pues, aparte de las vistas de martes y miércoles, ha de estudiar más de 8.000 páginas de documentos.

Puntualizó que, aunque la cuestión de un plebiscito de secesión es política, lo que los cinco jueces deben examinar son sólo "aspectos técnicos de la ley".

Las dos cuestiones por resolver

Lo primero que el Supremo debe decidir, recordó, es si acepta la petición de Bain de analizar la constitucionalidad del proyecto de ley del referéndum de Escocia, auspiciado por el Gobierno autónomo escocés encabezado por Nicola Sturgeon, antes siquiera de que haya sido tramitado por el Parlamento de Edimburgo.

Bain explicó que considera "de interés público" recibir la opinión de la máxima instancia judicial del Reino Unido antes de aprobar o rechazar ella el texto legislativo, el cual regularía las condiciones para celebrar un referéndum consultivo de independencia en Escocia el 19 de octubre de 2023.

Eadie sostuvo por su parte que el Tribunal Supremo "no tiene jurisdicción" para admitir la excepcional demanda de escudriñar una ley aún no aprobada y señaló que se trata de un escenario "abstracto" y "especulativo".

Si el Supremo concluye que puede aceptar la petición de Bain, debe entonces responder a la pregunta de si el Parlamento escocés tiene potestad para organizar el referéndum de independencia o si, en cambio, eso sería un "asunto reservado" al Gobierno y el Parlamento británicos, de acuerdo con la Ley de Escocia de 1998, que estableció el actual Parlamento autónomo de Edimburgo.

Las características del referéndum

Bain alegó que la celebración de tal plebiscito no sería un asunto reservado al tratarse sólo de "una consulta de la opinión de la población", sin consecuencias legales o constitucionales, pues, de salir elegida la opción de la independencia, no podría ejecutarse sin la intervención del Parlamento británico.

Citó como precedente otros plebiscitos consultivos celebrados en el Reino Unido, incluido el del BrexitBrexit, en los que el resultado no pudo implementarse hasta que lo aprobaron las Cámaras de los Comunes y los Lores.

La abogada invitó a la corte a tener en cuenta que el SNP, que gobierna desde 2007 en Escocia, ha ganado las últimas elecciones con la promesa de celebrar un referéndum pos Brexit, tras el que perdieron en 2014.

En su argumentación escrita, el SNP de Sturgeon pide al tribunal que haga una interpretación del derecho que no "deniegue o haga muy difícil" que los escoceses ejerzan su "derecho inalienable" a la autodeterminación o que supedite ese derecho a "la aprobación de otros" (en alusión a los partidos británicos Conservador y Laborista, que se alternan en el Gobierno central).

Eadie adujo por su parte que el proyecto de ley escocés, que plantearía la pregunta: "¿Debería Escocia ser un país independiente?", es "claramente" una cuestión "reservada" (no competencia de Edimburgo) dado que afecta a la "unión" entre Escocia e Inglaterra y la constitución del Parlamento británico.

El abogado del Ejecutivo de Londres afirma que esto es así al margen de si el resultado del plebiscito es "consultivo" o "legalmente vinculante".

A diferencia de lo que ocurrió en 2014, Sturgeon no cuenta ahora con la autorización del Gobierno conservador británico para convocar en 2023 su prometida consulta.

La líder independentista ha advertido de que si el Supremo concluye que el Parlamento escocés no tiene potestad para actuar sin permiso de Londres, convertirá las próximas elecciones autonómicas en plebiscitarias.