Bruselas propone medidas para reforzar la independencia de la prensa

Bruselas/La Comisión Europea propuso este viernes reglas para reforzar la independencia de la prensa, proteger el servicio de los medios públicos y hacer pública la información sobre la propiedad de las empresas de comunicación, así como el dinero que destinan las autoridades a publicidad institucional y qué medios eligen para ello.

La bautizada como Directiva de libertad de prensa busca consagrar en ley el principio de la información como un bien público tras los escándalos de espionaje a periodistas, las dudas sobre la independencia de los medios públicos o la opacidad de las campañas gubernamentales en la prensa.

Bruselas considera que la situación se ha deteriorado mucho en varios Estados miembros y justifica que el sector de la prensa es "esencial para una esfera pública sana, para las libertades económicas y los derechos fundamentales", con lo que se debe regular con unos mínimos comunes en todos los Estados miembros.

"Ya es hora de actuar. Tenemos que establecer unos principios claros: ningún periodista debe ser espiado por su trabajo; ningún medio de comunicación público debe convertirse en canal de propaganda. Esto es lo que proponemos hoy por primera vez: salvaguardias comunes para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la UE", subrayó la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová, en rueda de prensa.

Los medios de comunicación públicos, a menudo en el punto de mira de gobiernos y oposición a partes iguales, adquieren un papel protagonista en la propuesta de la Comisión, en la que se señala que su independencia o incluso existencia "no pueden darse por sentadas" porque pueden cambiar con la llegada de un nuevo Ejecutivo o verse afectadas por ataques de partidos extremistas.

La propuesta para la directiva señala que la cúpula de estos medios de comunicación "debe ser elegida de una forma transparente y no discriminatoria", de forma que representen los puntos de vista de la totalidad de la población.

Los altos cargos de los medios públicos pueden ser cesados de su cargo antes del final de su mandato "sólo excepcionalmente, cuando ya no cumplan con las condiciones legalmente definidas para realizar sus deberes" o por conductas ilegales o graves.

"Las decisiones de cese deben estar debidamente justificadas (...) e incluir la posibilidad de recurso judicial, así como las razones del cese hacerse públicas", apunta Bruselas.

El presupuesto de los medios públicos, por otro lado, debe asignarse de manera multianual para evitar que se conviertan en pieza de cambio en las inevitables negociaciones de las cuentas anuales en cada país de la UE, argumenta Bruselas. El presupuesto, además, debe ser suficiente y estable para proteger su independencia editorial.

Bruselas ve "crucial" que los lectores, oyentes y espectadores "sepan con certidumbre quién está detrás de los medios" para que puedan "identificar y entender" potenciales conflictos de intereses, clave para formar una opinión "bien informada"; esto también serviría, argumenta la Comisión, para limitar los riesgos de que se intente interferir en la independencia editorial de la prensa.

Los medios deberán hacer público y fácilmente accesible el nombre legal y datos de contacto de su empresa, el nombre de sus dueños directos o indirectos o de accionistas que "puedan ejercer influencia en la toma de decisiones estratégicas u operación" del medio.

Sin entrar en medidas vinculantes o concretas, Bruselas establece también que los medios deben "tomar las medidas que consideren apropiadas con vistas a garantizar la independencia de las decisiones editoriales individuales.

Se debe "garantizar que los editores son libres para tomar decisiones editoriales libres" y "asegurar que se publique cualquier conflicto de intereses real o potencial" de cualquier parte que participe en medios de comunicación y "pueda afectar" la provisión del contenido.

La propuesta requiere también que los fondos públicos destinados a los medios, incluyendo la publicidad institucional, se asignen de manera "objetiva y transparente", así como que las autoridades rindan cuentas de cuánto dinero y en qué medios se han colocado las campañas institucionales.

Los criterios para asignar el dinero deben ser "transparentes, objetivos, proporcionados y no discriminatorios" y a través de procedimientos abiertos; por otro lado, serán las entidades estatales con más de un millón de habitantes las que quedan sujetas a la obligación de publicar anualmente y de manera detallada "información sobre su gasto en publicidad institucional en medios".

La publicidad estatal, advierte Bruselas, "puede hacer a los medios vulnerables a la influencia estatal indebida en detrimento de su libertad para proveer servicios y derechos fundamentales". "La asignación opaca y parcial de publicidad institucional es una herramienta poderosa para ejercer influencia" en medios para los que este dinero es una importante fuente de ingresos, añaden.

La propuesta sugiere sustituir el Grupo de Reguladores Europeos para los Servicios de Medios Audiovisuales por una nueva Junta Europea para Servicios de Medios, que estará compuesta por un representante de las autoridades de los reguladores nacionales y la propia Comisión Europea y podrá emitir opiniones sobre, por ejemplo, operaciones en el sector de los medios de comunicación que puedan afectar a la libre competencia.