Bruselas exige a Hungría reformar su Justicia para desbloquear los fondos de recuperación

Bruselas/La Comisión Europea exige a Hungría adoptar una serie de reformas para garantizar la independencia de sus jueces, combatir la corrupción y aumentar la transparencia de sus licitaciones públicas para poder desbloquear un total de 13.300 millones de euros de fondos de recuperación y regionales.

En total, el Gobierno de Viktor Orban tendrá que completar 27 reformas en aspectos clave de su Estado de derecho en los que el Ejecutivo comunitario ha detectado deficiencias para que los 5.800 millones de su plan anticrisis y otros 7.500 millones de fondos regionales empiecen a ser desembolsados.

"Si no se cumplen, el primer pago entero será bloqueado y también los siguientes. En resumen, no fluirán fondos hasta que estos compromisos esenciales sean ejecutados adecuadamente", resumió este miércoles en una rueda de prensa el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis.

La Comisión pasa de esta forma de la fase de negociación con Orban a otra de implementación de las reformas prometidas. La primera consumió meses de negociación entre las autoridades europeas y húngaras que han desembocado en la aprobación del plan nacional de recuperación, pero también en la congelación de sus fondos y de otros recursos de la Política de Cohesión.

El origen último de la disputa es el expediente que Bruselas abrió a Budapest por violaciones del Estado de derecho que afectan a la gestión del presupuesto comunitario y que desembocaron en una propuesta para congelar 7.500 millones en fondos regionales, un tercio de todos los que tiene asignados hasta 2027.

Hungría tenía hasta el 19 de noviembre para adoptar 17 reformas, pero el análisis de los servicios comunitarios destaca que "sigue existiendo un riesgo continuado" sobre el presupuesto de la UE porque hay "cuestiones sin resolver en cuestiones centrales" de las medidas, aunque reconoce que las medidas van "en la buena dirección".

"¿Ha hecho Hungría lo suficiente para que podamos adaptar o incluso retirar nuestra propuesta de proteger el presupuesto? La respuesta es no", indicó el comisario de Presupuesto, Johannes Hahn.

El tiempo apremiaba a la Comisión Europea por el otro frente abierto, el plan húngaro de recuperación, puesto que los fondos reservados para Hungría en este ámbito se perderán si esa estrategia de reformas e inversiones no está aprobada antes de que finalice el año.

Por eso, Bruselas ha optado por dar su visto bueno a un plan de recuperación en el que ha incluido las 17 reformas pendientes sobre corrupción, rendición de cuentas o licitaciones públicas, entre otras, a las que se suman otra decena de compromisos relacionados con el funcionamiento del sistema judicial y el sistema de control y auditoría.

El análisis se efectuará ahora en cada solicitud de pago con cargo al fondo de recuperación que el Gobierno ultranacionalista de Orban remita a la capital europea y cuyo primer pago no podrá desbloquear sin el visto bueno de Bruselas a los 27 "superhitos" incluidos en él.

Entre ellos, reformas "clave" sobre su sistema judicial que aumenten los poderes del Consejo Judicial Nacional para "limitar decisiones discrecionales", reduzcan la influencia política sobre el Tribunal Supremo, eliminen los obstáculos que se encuentran los jueces para elevar preguntas a la Justicia europea o acaben con la revisión de sentencias por parte del Tribunal Constitucional para revisar fallos a petición de las autoridades públicas.

"Seremos muy vigilantes en nuestro escrutinio del progreso hecho por Hungría para ejecutar estos compromisos. Son vinculantes y fijados en el tiempo. Son superhitos que tienen que ser adoptados e implementados antes de que Hungría haga su primera petición de pago del plan de recuperación", remarcó el titular de Justicia, Didier Reynders.

Ambas decisiones de la Comisión Europea, tanto la aprobación de su plan anticrisis como la congelación de los fondos regionales, tienen que ser aprobadas formalmente por los Veintisiete, en principio en la reunión de sus ministros de Finanzas el próximo 6 de diciembre.