1.100 km de autopistas de peaje liberalizados para 2021

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Tres tramos más se suman a los ya liberalizados en 2018 y 2019 en este año que empieza. Será en septiembre cuando finalicen las concesiones de dos tramos de la AP-7 y uno de la AP-2, además de las C-32 y C-33 que serán competencia de la Generalitat.

Desde 2018 ya se empezó a no pagar por circular por algunas autopistas que antes eran de peaje como la AP-4 que une Sevilla y Cádiz, AP-1 entre Burgos y Alava o la AP-7 entre Tarragona y Alicante. A estos tramos se añaden este 2021 los de la AP-7 Zaragoza-Mediterráneo y Montmeló-El Papiol y el de la AP-2 Tarragona-La Jonquera: esto, en la práctica, permitirá ir de Francia a Alicante sin pagar peaje alguno.

En los tres casos, el periodo de concesión acabará el 31 de agosto de este año, pasando en ese momento a ser gratuitas. La empresa concesionaria es, hasta ahora, ACESA (Albertis).

También a partir del 1 de septiembre quedarán libres de pago por circular por ella la C-32 y C-33, carreteras que pasarán a ser competencia de la Generalitat de Catalunya.

En total, serán 640 km de autopistas liberalizadas a lo largo de este año que, sumados a los tramos anteriores, ya supera los 1.100 km de los que se hace cargo el Estado, permitiendo el paso sin pago de peaje… y de los que tendrá que asumir su mantenimiento.

Bajada global del peaje de un 0,11 por ciento

Por otro lado, las tarifas de los peajes dependientes del Estado -los gestionados por SEITTSA (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre), que asumió las autopistas quebradas- caerán un 0,11 por ciento con carácter global en 2021, cifra que se corresponde con la variación del IPC.

No obstante, no todas las autopistas de SEITTSA disminuirán el precio de sus peajes, ya que los de la AP7 de Cartagena a Alicante y los AP9 y AP6 -Villalba-Adanero- subirán, respectivamente, un 0,89 por ciento, 0,92 y 0,74.

Estas subidas se corresponden con las previstas con que, a las reducciones aplicadas, hay que añadir subidas escalonadas previstas con anterioridad "para financiar costes relacionados con excesos de valoración de expropiaciones, ejecución de obras o financiación de bonificaciones de peaje, así como para compensar la no aplicación de incrementos de tarifas inicialmente previstas por razones de interés público", según explica el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).