Hasta cuatro años de cárcel si un conductor tiene un accidente con víctimas y utilizaba el móvil

Madrid/Durante la presentación por parte de la Fiscalía de Seguridad Vial de los delitos de 2017, el Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha incidido en el peligro que supone la utilización al volante del teléfono móvil y ha recordado que cuando se produce un fallecimiento en un accidente por este motivo la pena oscila entre uno y cuatro años de prisión y privación del permiso de conducir de hasta seis años. Además, si se producen lesiones la pena puede llegar hasta tres años de prisión y privación del permiso hasta cuatro años.

Asimismo, ha rechazado que el incremento de la siniestralidad vial durante los últimos cuatro años se deba al aumento de la movilidad y a la salida de la crisis. "Consideramos que eso es una excusa. Valoramos como principal causa de siniestralidad la utilización del móvil. Nos preocupa la curva ascendente de los últimos cuatro años", ha precisado.

En este sentido, ha señalado que, aunque no han propuesto "todavía" ninguna reforma legal sobre el uso del móvil al volante, han dado indicaciones a los policías de tráfico para que investiguen su utilización cuando hay un accidente. "La cuestión es muy compleja, hay que hacer una investigación dentro de los márgenes legales, con la recogida de datos en el lugar del accidente", ha explicado Vargas.

Más de 80.000 sentencias

En total, en España se dictaron en 2017 un total de 81.951 sentencias condenatorias por delitos contra la seguridad vial en España, lo que supone el 32% del total de las condenas por todo tipo de delitos en el país, una cifra prácticamente similar a la del año anterior, según datos dados a conocer por el Fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas.

Del total de condenas, 51.085 han sido por delitos de conducción bajo la influencia del alcohol y tóxicos. En este sentido, la Fiscalía destaca que del total de conductores fallecidos con resultado positivo a estas sustancias el 75,82% (138) presentó una tasa de alcohol superior a 1,2 g/L y el 49% (89) superaba los 2 g/L.

En la rueda de prensa, Vargas ha asegurado que el Ministerio Fiscal ha puesto el foco en el que denomina el "quinteto de la muerte" de la seguridad vial: móvil, alcohol, drogas, psicofármacos y velocidad.

"Estas tragedias le pueden suceder a cualquiera, pero son evitables. Hay que evitar que exista el sentimiento de impunidad y de indiferencia ante las normas de tráfico", ha señalado, destacando que el Ministerio Fiscal muestra su "compromiso" ante una siniestralidad vial "creciente pero reversible".

En este sentido, Vargas ha anunciado que la Fiscalía ha dirigido este jueves un oficio a la policía para que "se esmeren todavía más" en la eficiencia de la investigación sobre los delitos viales. "Que lo hagan con todavía mayor esmero y reforzando aún más sus facultades de supervisión", ha dicho.

Asimismo, la Fiscalía ha pedido que se incrementen los controles de velocidad y los controles en vías públicas, con el objetivo de reducir el "sentimiento de impunidad" que tienen los conductores que, según Vargas, han ido entrando en "comportamientos de descuidos" ante los cuales "la primera respuesta es la firmeza de la ley penal".

En 2016, un total de 80.831 personas fueron condenadas por delitos contra la seguridad vial en España, lo que representaba el 32% del total de las condenas (246.937).

Cataluña, Andalucía y Madrid, las más condenadas

Por distribución geográfica, en 2017 las comunidades autónomas con mayor número de condenados por delitos de tráfico fueron Cataluña (14.377), Andalucía (14.233), Madrid (10.650) y la Comunidad Valenciana (10.290), las mismas que en el año 2016.

No obstante, el número de condenas por delitos de tráfico en 2017 y en 2016 es más bajo que en 2015, cuando se contabilizaron 83.283 condenados, y que 2014, cuando la cifra ascendió a 92.682.

Según los datos aportados por la Fiscalía, alrededor del 90% del total de las 81.951 condenas en 2017 han sido dictadas por conformidad, lo que ha permitido el cumplimiento inmediato de las 55.890 penas de privación del derecho a conducir y 2.075 pérdidas de vigencia del permiso, así como un pronto cumplimiento de buena parte de las 53.000 penas estimadas de multa y 25.494 penas de trabajos en beneficio de la comunidad.

Además, el 73,41% de los procedimientos incoados y el 81,10% de las acusaciones formuladas por delitos contra la seguridad vial el año pasado, lo han sido a través de los trámites de las Diligencias Urgentes de Juicio Rápido, en porcentajes prácticamente idénticos a los de los años precedentes.

Ante estos datos, la Fiscalía destaca que se "fortalece" la idea de que en este ámbito de la delincuencia vial la "inmensa mayoría" de los delitos de riesgo son tramitados, enjuiciados y sentenciados en los breves plazo de los juicios rápidos con "una respuesta penal rápida, expeditiva y, por ello, efectiva".

Respecto al exceso de velocidad punible, la conclusión del Ministerio Fiscal es que "sólo una ínfima parte" de los excesos de velocidad (0,02%) acceden al procedimiento penal, sancionándose el resto en vía administrativa. En concreto, en 2017 se dictaron 445 sentencias y 517 acusaciones en este sentido, cifras similares al año anterior (450 y 514).

Además, el año pasado se dictaron 2.441 sentencias por negativa a someterese a las pruebas de detección de alcohol y drogas; 1.919 sentencias por conducción temeraria y con manifiesto desprecio por la vida de los demás; 26.032 sentencias por conducir sin permiso; y 29 sentencias por crear un grave riesgo para la circulación.