Las VTC denuncian que el aeropuerto de Sevilla les cobra casi un euro por recoger a viajeros

La asociacion empresarial VTC Andalucía ha denunciado que el aeropuerto de Sevilla ofrece un trato discriminatorio a las VTC (vehículos de transporte con conductor que se contratan a través de las plataformas de Uber, Cabify y Bolt) frente a los taxis, tanto en lo económico como en la fijación del lugar donde pueden recoger a los viajeros.

Este trato desigual se extiende a los aeropuertos de otras capitales andaluzas como Granada-Jaén y Málaga.

La mayor desigualdad es económica, ya que Aena cobra una tarifa a las VTC de 0,69 a 0,90 euros por la recogida de cada cliente que llega a Sevilla. Esto se debe a que sus titulares están obligados a esperar al viajero en otro lugar distinto al taxi, concretamente en el interior del aparcamiento regulado por una barrera en la zona de llegadas.Así pues la tarifa que pagan los VTC depende de los minutos que dura el estacionamiento dentro del aparcamiento. El problema es que este cobro acaba repercutiendo en el precio que el cliente paga por el servicio de transporte.

Si el ciente tarda 5 minutos en llegar de la terminal a la zona de recogida, la VTC debe pagar 0,69585 euros, que se elevan a 0,798 euros si tarda 10 minutos y a 0,90 euros si pasan 15 minutos. Lo habitual es que el tiempo de estancia en el aparcamiento se demore hasta 15 minutos, con lo que la VTC tiene que abonar 0,90 euros por viajero. Peor aún si el viajero tiene que esperar a recoger su maleta o sucede alguna incidencia. El primer minuto de parking cuesta 0,614110 euros y del minuto 2 al 30 Aena cobra 0,020435 euros.

Esto no sucede con el taxi, al que no se le cobra nada por los clientes que recogen en el aeropuerto ni se le exige que realice el servicio en ningún aparcamiento, ya que carga viajeros directamente frente a la misma puerta de la terminal de llegadas.

El taxi es el transporte al que se da mayor prioridad en el aeropuerto, muy por encima de la línea de autobús de Tussam.

Según la patronal de VTC, en Granada a las VTC se les cobra tambien por dejar viajeros en la zona de salidas, algo que en Sevilla han logrado que no se imponga. Y en Málaga denuncian que los pagos son muy superiores a los de Sevilla y Granada-Jaén.

El sector ha denunciado este cobro de Aena ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por favorecer la "competencia desleal" y ser "injusto".

Las causas y la respuesta de Aena

Según Aena, el trato diferente a las VTC y al taxi se debe a la consideración de “servicio de interés público/general” del taxi aprobada por el Gobierno central.

En efecto, esta decisión de Aena se sustenta en el cambio normativo estatal que aprobó el año pasado el Gobierno central para blindar la protección de los taxis frente a las VTC, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que tumbó la restricción de licencias a las VTC vigente de 1 por cada 30 taxis. Ese cambio se realizó en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) L, tras la sentencia de Europa ( (sentencia de 8 de junio 2023).

Aena corrobora que los taxis, al igual que ocurre con las líneas de autobuses municipales (Tussam, en el caso de Sevilla, o EMT, en el de Málaga), "no abonan nada por sus paradas". Y lo argumenta en que "los servicios prestados por los operadores de taxi y de VTC son servicios de naturaleza pública y se incluyen en la modalidad de transporte público discrecional de viajeros en turismo. Sin embargo, los servicios prestados por los operadores de taxi (al igual que la línea de autobús municipal), a diferencia de los prestados por los VTC, se configuran como un “servicio de interés público/general”, estando sometidos a una intensa reglamentación, al objeto de garantizar su calidad y seguridad al servicio de dicho interés general. Ambos son un transporte público, pero el taxi, además, está clasificado como un servicio público y está sujeto a una regulación especial, con precios regulados públicamente (los fija la administración), mientras que en el VTC los precios son privados (acordados entre las partes)".

Aena confirna que, en los aeropuertos de Sevilla y Federico García Lorca Granada-Jaén, "los VTC que no tienen contrato con Aena deben estacionar en el aparcamiento para el “encoche” de pasajeros, pagando el precio de rotación del parking como cualquier usuario del mismo. En estos dos aeropuertos no se ha licitado ningún expediente o contrato".

En el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol, los VTC operan bajo dos modalidades:

-Arrendatarios, con un contrato que se ha licitado, publicado y adjudicado y por el que se les alquilan unos espacios o plazas de aparcamiento para su uso exclusivo y, por ello, pagan una renta. Es el caso de Uber y Bolt, que disponen de plazas de uso exclusivo en el aparcamiento Preferente (en Llegadas).

-VTC general, que disponen de una zona en el aparcamiento Preferente, en Llegadas, donde recogen a sus pasajeros. En este caso, pagan la tarifa establecida.

El sector de VTC rechaza esta protección del taxi aprobada por España y recuerda que la sentencia europea establece que las regulaciones de movilidad deben estar destinadas a proteger el interés general: esto es, protección del medio ambiente, gestión de tráfico y del espacio público, y no a proteger la viabilidad económica del sector del taxi.

Las VTC reclaman a la Junta una normativa adaptada a las sentencias que dan la razón al sector  

En el último año, las sentencias de la Justicia Europea y del Supremo han señalado que la limitación actual de las licenciasde VTC va contra la libre competencia y supone una discriminación respecto al taxi.  Por eso la asociación empresarial VTC Andalucía ha reclamado una y otra vez a la consejería de Fomento que adapte la normativa andaluza de transporte de viajeros de 2022 a esas últimas sentencias.

El Tribunal de Justicia Europeo (TJUE), en su sentencia de 8 de junio 2023 , dio la razón a los VTC en su recurso contra la limitación de licencias de 1 por cada 30 taxis, si no se acredita que esta medida es apropiada para una buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público y de la protección del medio ambiente. 

El Tribunal Supermo, en su sentencia 96/2024 de 15 de enero 2024, también dio la razón a los VTC y obliga a la Comunidad de Madrid a resolver sobre la solicitud de 1.000 autorizaciones VTC por la sociedad Maxi Mobility Spain, S.L.U. de conformidad

Elena Macho, abogada en RocaJunyent-Gaona, lamenta que las comunidades autónomas no hayan realizado una modificación legislativa tras la sentencia del Tribunal Europeo, y añade que eso provoca que las empresas y operadores del sector tengan que acudir a los tribunales para defender sus autorizaciones. Macho pide que "las Comunidades Autónomas busquen cuanto antes remedios para enfrentar este desafío que presenta la regulación del mercado de transporte, permitiendo una adaptación ordenada del sector VTC, asegurando la continuidad del servicio. Las decisiones tomadas en los próximos años serán cruciales para determinar el futuro de este sector y su impacto en la movilidad urbana en España".

"A la espera de una modificación legislativa al respecto, por el momento corresponde a las empresas y al resto de operadores del sector acudir a los tribunales para que sean estos quienes determinen la validez y aplicación de las autorizaciones. Esto, en vista de las numerosas solicitudes que se han presentado en todas y cada una de las Comunidades Autónomas a raíz de la sentencia del TJUE, trae como consecuencia una gran litigiosidad en materia contencioso-administrativa que, además de a los sectores del taxi y VTC, afecta a toda la ciudadanía, como consumidores y usuarios de este tipo de servicios", afirma la experta.

Macho destaca que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha advertido que las restricciones a los VTC podrían perjudicar a los consumidores, resultando en menor competencia, precios más altos, tiempos de espera más largos y una menor calidad en los servicios, avisa la especialista.