¿Qué pasa con los permisos a los patinetes eléctricos en Sevilla?

Sevilla/La Asociación para la movilidad personal ecológica de Sevilla (Ampes), que agrupa a los usuarios de patinetes eléctricos (además de monociclos eléctricos, segways, etc), ha denunciado un bloqueo municipal de los permisos que este tipo de vehículos necesitan para circular por la ciudad.

La entidad asegura que el Ayuntamiento está informando a los usuarios que presentan sus solicitudes, en cualquiera de los distritos o en las oficinas de Movilidad, que las nuevas autorizaciones no se van a tramitar hasta después de las elecciones municipales del 26 de mayo. Ampes se queja de que el Consistorio está recogiendo las solicitudes, pero con la advertencia de que su tramitación se va a demorar hasta pasados los comicios locales.

“Es una barrera administrativa artificial que ha creado la delegación de Movilidad. Esta situación no se da en otro ayuntamiento de España con una actividad semejante”, lamenta Andrés Nadal, presidente de la asociación Ampes, que cuenta con 300 asociados que se mueven sobre todo en patinetes eléctricos.

“Necesitamos urgentemente una regulación. Estamos al capricho del gobierno municipal”, se queja Nadal.

Según el Ayuntamiento de Sevilla, “no hay ninguna indicación de paralizar las autorizaciones ni aplazar la ordenanza” y añadió que en verano se espera que entre en vigor la nueva norma municipal que por primera vez regulará la circulación de estos vehículos eléctricos.

La versión del gobierno municipal es que se quiere llevar el borrador de la normativa al pleno de este mes de marzo y que “el trámite está a la espera de un informe de la Secretaría”.

Esta ausencia de nuevas autorizaciones se produce en un momento en que el Ayuntamiento de Sevilla está tramitando la normativa para regular la circulación de estos vehículos. La norma es necesaria ante la proliferación de patinetes eléctricos por la ciudad. Los expertos calculan que su cifra ronda los 2.000 y que son estos miles de usuarios los que recorren con ellos a diario las calles de la capital andaluza.

Los usuarios de estos vehículos creen que el Ayuntamiento de Sevilla prefiere retrasar la aprobación de una norma municipal hasta que esté lista la norma estatal que la Dirección General de Tráfico promete para el primer semestre de este año 2019, como muy tarde en junio. La asociación Ampes opina que el Ayuntamiento está a la expectativa de la regulación que dicte la DGT y que no hará nada hasta entonces.

A nivel nacional, esta norma estatal se ha topado con el inconveniente de la convocatoria de elecciones generales del 28 de abrilnorma estatal. Las asociaciones de movilidad personal barajan que la DGT intente aprobar la norma sobre los patinetes eléctricos por decreto, sin el debate parlamentario que sería necesario.

Alegaciones al borrador de la norma estatal

El borrador de normativa estatal tiene aspectos que las asociaciones de movilidad personal, entre las que figura Ampes Sevilla, quieren cambiar. En sus alegaciones han pedido a la DGT que reduzca a 30 kilómetros por hora la velocidad también las grandes avenidas en el carril más próximo a las aceras, por entender que es en estas donde mayor número de accidentes y atropellos graves se producen. La medida serviría para que estos carriles más pegados a las aceras se usen como vías más seguras para vehículos alternativos al coche, como bicicletas o vehículos de movilidad personal.

Otra crítica es que se prohíba su circulación en vías interurbanas.

En tercer lugar, se oponen a que el borrador del Real Decreto deje fuera a todos los modelos que superan los 25 km/h. Y argumentan que “no existe ningún reglamento ni base legal alguna que impida la fabricación y comercialización de vehículos de movilidad personal que superen los 25 km/h”.

Estas entidades proponen que la velocidad máxima por diseño de los vehículos esté comprendida entre 15 y 45 km/h., que se excluyan los conducidos por personas de movilidad reducida e incorporar los vehículos de movilidad personal junto a los ciclos en el artículo del Reglamento de Circulación relativo a las velocidades máximas de los vehículos.

Por último, rechazan la obligación de obtener un certificado para acreditar que estos vehículos cumplen con los requisitos técnicos conforme a la normativa internacional, puesto que el reglamento de la UE 168/2013 (artículo 2-2), excluye a estos de homologación. Por tanto, obligar a ese certificado es “redundante” y supone “costes y dificultades innecesarias que pueden desincentivar la adopción de alternativas sostenibles de movilidad y de menor siniestralidad”.