Roberto Scholtes
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Las obras de ampliación del puente del Centenario para el cambio de sus 88 tirantes, un trabajo de ingeniería que permitirá además aumentar sus carriles de los cinco actuales a seis, avanzan tras meses en ejecución, pero muy lentamente. Cualquier persona que pase a diario por esta zona sabe que a la vista se observa poca actividad de operarios, lo que indica que los trabajos van lentos.
Desde la constructora y el ministerio se recalca que la obra nunca ha estado parada desde que arrancó en el verano de 2021. A preguntas de este periódico, la constructora Acciona ha respondido esta semana que “las obras del puente del Centenario nunca han estado paralizadas, que siguen su curso aunque es cierto que se han dado días de menos actividad en los que la obra ha tenido un ritmo menor”.
Acciona Construcción es una de las constructoras que conforman la UTE adjudicataria de la obra junto a la sevillana Tecade y la empresa francesa de ingeniería Freyssinet por un importe de 86.399.620 euros impuestos incluidos.
En la misma línea se ha respondido esta semana desde el Ministerio de Transportes que dirige Raquel Sánchez. “Las obras no han sufrido ninguna paralización. Prueba de ello es la imagen adjunta, tomada el día de ayer (miércoles 26 de enero), en la que puede verse a obreros trabajando”, asegura el portavoz del ministerio.
El encarecimiento mundial del acero y de otras materias primas de la construcción figura como principal factor que afecta de lleno al sector y que tiene mucho que ver con el ritmo pausado de esta obra del puente del Centenario y de otras muchas obras.
En el caso del puente del Centenario se calcula un encarecimiento, como poco, por encima del 20%, lo que supone 17,2 millones de euros más que hay que añadir al precio de adjudicación, según estimaciones del sector de la construcción.
“Las obras iniciadas en 2021 se han visto afectadas por una espiral de precios de las materias primas que supera cualquier límite imaginable, tensionando a las empresas ante la pasividad total de los poderes públicos, lo que comporta un completo desequilibrio económico de las partes en los contratos públicos”, denunció esta semana la patronal de la construcción andaluza Fadeco Contratistas.
“El riesgo de paralización de obras es ya un hecho, y lo que es peor, el número de licitaciones desiertas va en aumento y se observa una disminución de la concurrencia de empresas a las licitaciones, lo que compromete seriamente la recuperación económica pregonada a bombo y platillo por las Administraciones Públicas”, agrega la patronal.
Para compensar esta subida de precios, el Ministerio de Transportes ha ratificado esta semana a este periódico que está elaborando una normativa para compensar determinados contratos públicos cuyas ofertas se presentaron antes de este desajuste de precios, como es el caso del contrato del puente del Centenario.
“Estamos trabajando en una normativa sobre compensación extraordinaria en determinados contratos públicos de obras por subida en el precio de los materiales para la construcción que compense la situación de determinados contratos cuyas ofertas se presentaron cuando no era previsible esta subida de precios”, afirma un portavoz del Ministerio en relación a la obra del Centenario y otras.
La patronal de la construcción en Andalucía Fadeco Contratistas lamentó esta semana que el Consejo de Ministros del martes 25 de enero no haya aprobado aún “el esperado mecanismo extraordinario de actualización de precios para obras en ejecución”, lo que califica de “enésima demostración de falta de responsabilidad política en este asunto”.
Fadeco Contratistas reitera que “el Gobierno Central debe liderar la solución de este problema, aunque el resto de Administraciones Públicas debe reaccionar a la mayor urgencia posible sin esperar un movimiento estatal que sigue sin producirse”.
La patronal denuncia, una vez más, la falta de voluntad política en las Administraciones Públicas para atajar un problema que afecta ya de forma real a obras y empresas y que perjudica directamente el interés general.
El sector denuncia el abandono de la Administración para encontrar solución a este problema y resalta el contraste de la inacción denunciada con la rapidez en la actuación del Gobierno para resolver por Real Decreto el grave problema de los Ayuntamientos en el tema de las plusvalías.
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